Durante las 4° Jornadas de Sociología, en el marco de los 60 años desde la creación de la carrera, se presentaron oficialmente los datos estadísticos preliminares del Primer Censo de la Población Carcelaria de la Provincia de San Juan (CPCSJ). Asistieron al acto el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Dr. Gustavo Sánchez; la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, CPN María del Carmen Zorrilla; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Dr. Enrique Delgado; el director del Departamento de Sociología, Lic. José María Carelli; la Coordinadora del CPCSJ, Mg. Gabriela Tomsig; entre otras autoridades universitarias y penitenciarias, como así alumnos y público general.
El objetivo de este instrumento fue sintetizar mediante mediciones estadísticas la multidimensionalidad de la realidad para que, a partir de este trabajo, se piensen y diseñen políticas públicas acordes a las realidades de este grupo social, en pos de evitar la reincidencia. Asimismo, el informe posiciona como un aporte esencial en la visibilización de un grupo social frecuentemente invisibilizado. Su función es, desde el rigor científico, contribuir a la superación de prejuicios mediante la producción de conocimiento, orientado a una intervención social más justa y ajustada a las realidades de la población privada de libertad. En total, se alcanzó una cobertura de campo del 95% de la población, es decir, más de 1600 personas.
En primera instancia, Gustavo Sánchez destacó la relevancia que tiene para la seguridad pública de la Provincia conocer con rigor científico la realidad de vulnerabilidad de este sector poblacional. “Tras esto, la política tiene que avanzar en hacer realidad la inclusión social para que, entre todos, podamos generar un mejor futuro a las personas”, finalizó.
Por su parte, Enrique Delgado hizo hincapié en lo histórico que representó este acto para la trayectoria de la Institución Penitenciaria. “Este censo al SPP le brinda datos precisos para poner énfasis en los principales pilares, que son la ejecución de la pena privativa de libertad, el personal penitenciario y su profesionalización, el tratamiento y asistencia penitenciaria, la infraestructura y el cumplimiento estricto de la Ley”, explicó. Asimismo, se refirió a los desafíos que presenta para el personal el cumplimiento de la misión de inclusión social, ya que “las estadísticas dicen que las personas desde muy temprana edad vienen excluidas del sistema, tanto laboralmente, socialmente, en lo educativo y habitacional”. “Nosotros nos comprometemos a fortalecer estos pilares desde la gestión, pero pedimos a la sociedad para que colaboren y una vez que salgan del SPP le demos otra oportunidad, porque si no brindamos esto, retrocedemos”, culminó.
Seguidamente, José María Carelli puso énfasis en la importancia de generar espacios de articulación entre la Universidad y el Estado Provincial: “Este trabajo fue realizado con mucha seriedad y compromiso y es el resultado de una articulación institucional pocas veces vista, en donde el Departamento de Sociología pone a disposición planta docente, la estructura institucional, el cuerpo de estudiantes”. “El Departamento de Sociología está a disposición del Estado Provincial para trabajar, articular, generar informes, realizar estudios, para que la toma de decisiones sea desde una valoración científica y no meramente desde el sentido común”, expuso.
Finalmente, la Coordinadora del CPCSJ Gabriela Tomsig presentó los datos generales y aclaró que tienen por principal objetivo el trabajo interno del Servicio Penitenciario y que, además, serán trabajados por un equipo de investigación interinstitucional entre el SPP y el Depto. de Sociología, en el que se profundizarán bajo diferentes análisis para continuar la tarea. Para culminar, dio su cálido agradecimiento y felicitación a todos los involucrados, estudiantes y personal penitenciario, por su imprescindible participación para la consecución del informe. “Hoy la sociología, en la persona de cada estudiante, pasa a formar parte de la historia y, fundamentalmente, transforma realidades; desandamos el camino de la invisibilización con ciencia”, sintetizó.
Resumen de los principales datos
El perfil sociodemográfico apunta hacia una población excluida estructuralmente en múltiples dimensiones en las últimas décadas. La combinación de juventudes, masculinidades precarias y vínculos familiares debilitados, sugiere que la privación de libertad es, en gran medida, la culminación de procesos de marginalización previos. En total, residen en la Unidad un 97% de varones y 3% de mujeres; siendo el 78% menores de 42 años, mientras el 53% tiene entre 18 y 32 años. El 75% de los varones tiene hijos, mientras el 92% de las mujeres son madres.
Si bien un 93% declara haber asistido a la educación formal, un 86% del total de la población penal oscila entre el primario y secundario incompletos; un 7% afirmó estar en absoluto analfabetismo. La baja culminación de los estudios refleja un problema de acceso y de continuidad educativa en contextos vulnerables, marcando una necesidad de políticas que intervengan antes de que se produzca la exclusión escolar definitiva. La relación entre la interrupción de las trayectorias educativas y el aumento de las probabilidades de participación en conductas delictivas puede ser un factor a considerar en futuros estudios.
Los datos permiten observar cómo la exclusión educativa previa al ingreso al sistema penal y la baja escolarización dentro del mismo son factores que perpetúan las desigualdades sociales. Las trayectorias educativas truncas están asociadas con la marginación social y la pobreza, lo que implica que las políticas públicas deben enfocarse en evitar que las personas en riesgo de exclusión escolar queden fuera del sistema educativo formal.
El acceso a la educación en el contexto carcelario debe ser priorizado no solo como un derecho humano, sino también como un mecanismo para reducir la reincidencia. La implementación de estrategias que aumenten la culminación de estudios dentro del SPP es fundamental para maximizar el impacto de las intervenciones educativas y facilitar la reintegración laboral y social de la población carcelaria.
Cabe aquí destacar que la PPL logra continuar sus estudios dentro del SPP y asimismo pensar a la educación como herramienta transformadora de realidades.
La baja cobertura de salud previa al ingreso (26%) sugiere una vinculación limitada de la población carcelaria a empleos formales o sistemas de seguridad social antes de su encarcelamiento. Esto puede señalar una historia de marginalidad o trabajos informales, donde el acceso a recursos de salud preventiva es mínimo. Las mujeres presentan una leve ventaja en acceso a obra social, pero esta diferencia es menor y parece insuficiente para garantizar atención continua. Este panorama subraya una desconexión de la población carcelaria con sistemas de apoyo social previos, que pueden afectar sus expectativas de atención dentro del sistema penitenciario.
Asimismo, el análisis muestra una alta tasa de inserción laboral temprana, entre los 5 y 14 años. Esto refleja un contexto de vulnerabilidad y desigualdad social, donde la necesidad de contribuir económicamente desde temprana edad puede estar relacionada con la falta de acceso a educación y oportunidades de desarrollo, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.
De la población con enfermedades crónicas (con mayor impacto en mujeres), indica una carga de salud que requiere atención sostenida y específica, especialmente en el tratamiento de hipertensión y diabetes. Esto puede ser indicativo de condiciones de vida previas que contribuyen a la aparición de enfermedades en edades tempranas, especialmente si estas personas experimentaron limitaciones en recursos alimentarios, de actividad física y acceso a atención médica. Las mujeres presentan además condiciones como el tiroidismo, reflejando posiblemente una exposición desigual a factores de riesgo relacionados con su contexto social y roles previos, como las demandas de trabajo informal o cuidado.
Un breve repaso por las trayectorias laborales de los PPL demuestra, asimismo, empleos precarios. Es decir, mayormente sin registración, escaso o nulo acceso a beneficios laborales y pluriinserción laboral, entre otros aspectos.
Este análisis muestra una situación de consumo de sustancias en edades que tradicionalmente están asociadas a la consolidación laboral y social, pero en este contexto reflejan un perfil de marginalidad y riesgo. La mayor incidencia en hombres y en adultos jóvenes resalta la posible necesidad de intervenciones preventivas en estas etapas críticas de desarrollo. La prevalencia del consumo de drogas sugiere que esta población probablemente enfrentó contextos de vulnerabilidad y carencias previas. Esto puede señalar una conexión entre el consumo de sustancias y la integración social, donde la falta de redes de contención o un sistema de apoyo.