La Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan informó este miércoles que iniciará acciones civiles por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables de las recientes amenazas de bomba realizadas contra edificios públicos.
Un enfoque integral frente a un problema creciente
La medida se toma en el marco de una creciente reiteración de amenazas falsas, que si bien no han tenido consecuencias materiales, generan graves impactos institucionales, sociales y operativos. A ello se suma el despliegue de fuerzas de seguridad, la evacuación de trabajadores y el desvío de recursos públicos.
“Estas conductas, en donde el Estado Provincial es víctima, constituyen hechos de gravedad que no pueden quedar impunes”, expresó la Fiscalía a través de un comunicado.
Por eso, además de las investigaciones penales ya iniciadas por el Ministerio Público Fiscal, se avanzará con demandas civiles que buscarán reparar económicamente los perjuicios ocasionados al Estado sanjuanino.
Menores implicados: intervención socioeducativa
En aquellos casos donde se identifique la participación de menores de edad, la Fiscalía de Estado solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, para garantizar un abordaje integral de cada situación.
Se buscará aplicar estrategias que contemplen tanto la dimensión legal como la socioeducativa, apuntando a promover la reflexión, la prevención y la reparación del daño.
Entre las herramientas disponibles se encuentra el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil, dependiente del Poder Judicial, que permite una intervención diferenciada para jóvenes en conflicto con la ley, sin dejar de lado la responsabilidad que les cabe.
Con esta decisión, el Gobierno provincial busca enviar un mensaje claro: las amenazas falsas no solo son delitos penales, sino también actos que tendrán consecuencias económicas, incluso para los entornos adultos responsables cuando los implicados sean menores.