El Gobierno nacional presentó al Consejo de Mayo un ambicioso proyecto de ley destinado a reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en vigencia desde el año 2006. La nueva propuesta, denominada Ley de Libertad Educativa, se enfoca exclusivamente en la educación básica —niveles inicial, primario y secundario—, sin modificar el régimen universitario ni la actual Ley de Educación Superior.
Libertad educativa, modalidades y familia como núcleo
El proyecto introduce una serie de innovaciones que apuntan a diversificar las modalidades de enseñanza. Entre ellas, habilita formalmente la educación en el hogar (home schooling), la enseñanza híbrida (presencial y virtual) y la educación a distancia, sin imponer una edad mínima para su implementación. Los estudiantes que opten por el home schooling deberán acreditar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos. En otro punto destacado, se permite a las provincias ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, siempre de manera optativa y fuera del horario escolar. Además, las escuelas contarán con dos tipos de planes de estudio: los comunes, definidos por los ministerios de educación, y los propios, elaborados por cada institución según sus proyectos pedagógicos. El artículo inicial del proyecto define que la familia es el agente natural y primario de la educación de los hijos, priorizando los principios de libertad educativa, rol preferente de la familia y subsidiariedad del Estado en la organización del sistema.
Gratuidad, mínimos comunes y exigencias
La iniciativa mantiene la gratuidad de la educación obligatoria desde la sala de cuatro años hasta el último año del secundario. También conserva los contenidos mínimos comunes, equivalentes a los actuales Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, con el objetivo de sostener la cohesión del sistema educativo nacional. Uno de los cambios relevantes es la transformación del cómputo escolar: ya no se habla en días, sino en horas reloj. Se establece un mínimo de 540 horas anuales para el nivel inicial (equivalente a jornadas de 3 horas durante 180 días) y un piso de 720 horas para los niveles primario y secundario (4 horas por jornada, 180 días al año).
Formación docente y evaluación periódica
El proyecto mantiene la duración de la formación docente en cuatro años y propone la creación del Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, una renovación del actual INFoD. Respecto a la carrera docente, se establece que la estabilidad laboral dependerá del desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional. Asimismo, el proyecto contempla una evaluación periódica obligatoria cada cuatro años como máximo, que tomará en cuenta tanto las competencias pedagógicas como los resultados de aprendizaje de los estudiantes y la actualización profesional de los docentes.
Contexto y origen del proyecto
La iniciativa retoma propuestas que ya habían sido incluidas en el capítulo educativo de la primera versión de la Ley Bases, redactada en diciembre de 2023 por Federico Sturzenegger, quien en aquel momento no formaba parte del Ejecutivo. La elaboración del nuevo borrador, que cuenta con 136 artículos, estuvo a cargo de la Secretaría de Educación —liderada por Carlos Torrendell— en conjunto con el Ministerio de Desregulación.
Implicancias y puntos de debate
La reforma propone un cambio estructural en el sistema educativo argentino al reducir la centralidad del Estado y dar mayor protagonismo a las familias y actores privados. Esto representa, para muchos analistas, un giro de paradigma frente al modelo de educación pública predominante en las últimas décadas. La posibilidad de implementar home schooling sin edad mínima y la inclusión de enseñanza religiosa confesional tensionan los principios de universalidad e igualdad del sistema educativo. A su vez, la habilitación de planes de estudio propios por escuela incrementa la autonomía institucional, lo que algunos valoran como avance y otros consideran un posible factor de fragmentación curricular. El establecimiento de una continuidad mínima del servicio educativo frente a medidas de fuerza representa un desafío para gremios docentes y comunidades escolares habituadas a resolver conflictos a través de paros. No obstante, la preservación de la gratuidad y los contenidos comunes constituye un pilar de continuidad dentro del nuevo esquema. Aun así, persisten interrogantes sobre el financiamiento y el verdadero alcance del rol del Estado en la implementación de la reforma.