La comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados mantuvo hoy su habitual reunión de los martes, en cuyo transcurso definió el temario que será incorporado en el Orden del Día, a considerar en la Octava Sesión del período ordinario, que será cumplida el próximo jueves 22 de julio, a partir de las 9.30 horas.
El encuentro como es de estilo fue llevado a cabo en el recinto de sesiones y en la oportunidad, fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, parlamentario Eduardo Cabello junto al secretario Legislativo, Nicolás Alvo.
Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción
Por otra parte, luego abordaron el tratamiento y consideración de los distintos artículos del Mensaje Nº 0051 y proyecto de Ley por el que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de 58 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios destinado a financiar el Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción de San Juan.
Al respecto, el citado programa está orientado a contribuir a la reactivación de la producción de San Juan y apoyar la sostenibilidad de las MiPyMES como sostén de empleo; es decir, es un PROGRAMA global de apoyo financiero a las MiPyMES locales para promover su recuperación económica.
Asimismo, como objetivo específico aparece la búsqueda de la recuperación económica de las MiPyMES que operan en San Juan a través de la provisión de financiamiento productivo.
El proyecto de ley estipula que faculta al Poder Ejecutivo para disponer la afectación de recursos locales para efectuar las erogaciones originadas en la contrapartida local de las operaciones del programa y para realizar las modificaciones y adecuaciones presupuestarias necesarias.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo es facultado a suscribir el Contrato de Préstamo
con el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), sobre las bases de las siguientes condiciones financieras aplicables al empréstito mencionado con un plazo de amortización de 25 años, con sesenta y seis meses de gracia y con la tasa de interés que será la que esté determinada en el Contrato de Préstamo en base a lo usualmente estipulado por el Banco Interamericano de Desarrollo; quedando el Poder Ejecutivo facultado para suscribir dicho contrato y toda otra documentación complementaria relacionada con la operatoria de préstamo.
También el Poder Ejecutivo es facultado a afectar los recursos provenientes del régimen establecido por la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificatorias o aquél que en el futuro lo reemplace, en garantía de las obligaciones que se contraigan con el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), emergentes del contrato de préstamo y hasta la cancelación de las mismas. Esta facultad comprende la de suscribir los convenios y/o documentación que deberá cumplimentarse con el Estado Nacional para hacer efectiva la garantía mencionada.
Adhesión al DECNU
En primer término, los legisladores determinaron que en la sesión será incorporada sobre tablas, la Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2267-P, remitida por el Poder Ejecutivo, por la que la provincia de San Juan adhiere al DECNU 2021-455-APN-PTE.
San Juan Innnova S.E.
También Labor Parlamentaria incorporó como punto del Orden del Día ya que cuenta con despacho favorable de las respectivas comisiones, el Mensaje Nº 065 y proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que crea la sociedad «San Juan Innova Sociedad del Estado, que será regida por la Ley N° 20.705, por la Ley de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias.
La Sociedad funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, o el Organismo que en el futuro lo reemplace.
Tiene como objetivo promover por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la inclusión digital de todos los habitantes de de San Juan.
Por ello, está facultada para realizar: la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el ámbito de la provincia de San Juan, de tal manera que se permita la comercialización del servicio, su producción y/o distribución nacional e internacional; investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías de las comunicaciones, lo que incluye soluciones tecnológicas y software; producción, comercialización y provisión de equipos y sistemas de telecomunicaciones; toda otra actividad necesaria para el cumplimiento del objeto social o que se encuentre vinculada con aquel.
La Sociedad deberá sujetarse a la política que en materia de desarrollo tecnológico
establezca el Gobierno provincial y también tendrá a su cargo la implementación de las acciones contempladas en el proyecto «San Juan Conectada» y cualquier otro proyecto de tecnología asociada al objeto.
La Sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los mismos controles, internos y externos, de las personas jurídicas de su tipo, quedando facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social.
Programa de apoyo a la inversión privada
Con despacho favorable de las comisiones, Labor Parlamentaria, resolvió que integre el Orden del Día, el Mensaje Nº 066 y proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, que promueve la creación del programa de apoyo a la inversión privada en San Juan, que hace foco en el apoyo a la inversión sustentable, en la creación de empleo de calidad e inclusivo y el desarrollo productivo y sostenible de San Juan, con el objetivo de mitigar el impacto de la pandemia en los sectores productivos de bienes y servicios de la provincia. En tal sentido, el presupuesto inicial del Programa de Apoyo a la Inversión Privada en San Juan es de 2 mil millones de pesos. El monto inicial del beneficio podrá ser ampliado e imputar uno nuevo, con la finalidad de prorrogar la vigencia del Programa. Por otra parte, el Programa de Apoyo a la Inversión Privada en San Juan otorga como beneficio, los Certificados de Crédito Fiscal aplicables para el pago de obligaciones fiscales provinciales, con una vigencia de cinco años computados desde la fecha de emisión y sus beneficiarios son los inversores que presenten proyectos de inversión sustentable a realizarse en la provincia.
Además, los Certificados de Crédito Fiscal pueden ser de hasta un 80% del valor total del proyecto de inversión sustentable aprobado y son entregados a los inversores bajo la forma de subsidio o crédito reintegrable, a una tasa que debe ser establecida por la autoridad de Aplicación. El valor nominativo de los Certificados de Crédito Fiscal es un porcentaje de la inversión total del Proyecto de Inversión Sustentable aprobado, neta de impuestos Provinciales y Nacionales.
Los Certificados de Crédito Fiscal son de libre disponibilidad y se utilizan exclusivamente para pagar obligaciones fiscales provinciales en los porcentajes que establezca la reglamentación. El inversor beneficiario puede utilizar dichos Certificados para sus obligaciones fiscales y/o transferirlos, por única vez a otros contribuyentes.
El beneficio fiscal establecido en la presente Ley, opera bajo condición de que el
inversor contribuyente sujeto a beneficio no registre deuda exigible por los impuestos, tasas o multas aplicadas por la Dirección General de Rentas de la provincia.
Tribunal de Cuentas
También en el transcurso de la reunión incorporaron al Orden del Día de la Octava Sesión, la comunicación remitida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la que elevan dos ternas, una titular y otra suplente en base a un sorteo realizado ante escribano público entre los profesionales interesados en realizar dichas auditorías, para la auditoria de las rendiciones de cuentas del Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2020.
Designación de cargos vacantes en la Justicia
Por otra parte, Labor Parlamentaria dio el visto bueno para que la Comunicación Oficial remitida por el Consejo de la Magistratura con las ternas para cargos vacantes en el Poder Judicial, sea incorporada en el Orden del Día de la próxima sesión.
Al respecto, los legisladores representantes de la comisión de Justicia y Seguridad formularon las entrevistas a los respectivos ternados para los cargos vacantes los días 5 y 12 de julio. En consecuencia, durante la sesión serán designados los nuevos funcionarios judiciales, a partir de las siguientes ternas:
Juez de Cámara de Apelación del Trabajo-Sala I
La terna conformada para el cargo de Juez de Cámara de la Cámara de Apelación del Trabajo -Sala I, integrada por los abogados Luis César Arancibia, Guillermo Eduardo Rahme Quattropani y Federico Marcelo Soria.
Juez de Primera Instancia
Para el cargo vacante de Juez de Primera Instancia (Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minería), la terna está conformada por los abogados Humberto Joel Conti Picco, Ricardo Mariano Juárez Prieto y Romina Gabriela Pereyra Carta.
Juez de Primera Instancia
En el cargo vacante de Juez de Primera Instancia (Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minería), la terna está compuesta por los abogados: Paola Cassab Bianchi, María Alejandra Conca y Roberto Pablo Farina.
Fiscal de Primera Instancia (Primera terna)
Para el cargo vacante de Fiscal de Primera Instancia la terna estuvo integrada por los abogados Claudia Yanina Galante, Cristian Gerarduzzi y Daniela Alejandra Pringles Pinazo.
Fiscal de Primera Instancia (Segunda terna)
Por último, para el cargo vacante de Fiscal de Primera Instancia, son los abogados: Eduardo Samuel Gallastegui Malla, María Ximena Rodríguez Schmadice y María Beatriz Vaca Pringles.
