El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, encabezó la presentación del Decreto Reglamentario N° 007-2024, una medida clave destinada a optimizar los procesos de evaluación ambiental minera en la provincia. El evento, que reunió a autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores de la Comisión de Minería y empresarios del sector, resaltó la importancia de esta normativa para el desarrollo eficiente y sostenible de la actividad minera.
Durante su intervención, el ministro Perea subrayó que este decreto representa «un paso fundamental en la optimización, eficiencia y eficacia de la evaluación ambiental minera en San Juan». La normativa responde a una demanda histórica y eleva los estándares de control, fiscalización y monitoreo, unificando en un solo marco normativo los procedimientos para la presentación y evaluación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA) en sus etapas de Prospección, Exploración y Explotación, con actualizaciones bianuales.
El Decreto 007-2024 implica una simplificación administrativa y una gestión más precisa, asegurando que la evaluación ambiental minera respete los plazos del Código de Minería y se ajuste a las necesidades de la industria sin comprometer la calidad técnica ni los estándares ambientales. Además, optimiza el funcionamiento de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) para proyectos grandes y medianos, mientras que los de menor envergadura serán evaluados por la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM), permitiendo una atención especializada y un uso eficiente de los recursos.
La normativa también contempla la incorporación de consultores y evaluadores adicionales, garantizando un proceso más flexible y eficaz. «La optimización de los procesos no significa relajar controles, sino lograr una evaluación ordenada y especializada que beneficie a la provincia», afirmó Perea, destacando los beneficios de una evaluación ambiental más ágil y precisa, un proceso claro y transparente, el incremento de la licencia social y la reducción de burocracia, priorizando criterios técnicos.
Legisladores de la Comisión de Minería y referentes del sector empresarial respaldaron la medida, reconociéndola como una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y la consolidación de la licencia social en San Juan. «Esta normativa prueba que es posible modernizar y optimizar procesos sin perder calidad técnica ni compromiso social», concluyó Perea, invitando al sector público y privado a seguir trabajando juntos para que la minería en San Juan continúe siendo sinónimo de desarrollo, progreso y confianza.
