El gasto social volverá a ser el eje central del Presupuesto en 2026, con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones como jubilaciones, pensiones y asistencia al PAMI, que representa el 56,4% del total, según lo establecido por el Poder Ejecutivo en la ley sancionada durante la última semana de diciembre.
Esta concentración de recursos refuerza el rol prioritario de estos programas en la lucha contra la pobreza en sectores de bajos ingresos y trabajadores informales. A la vez, se proyecta que el número de beneficiarios tanto del Sistema Único de Asignación Familiar por Hijo (SUAF) como de la AUH continuará disminuyendo, en consonancia con la baja en la tasa de natalidad y los cambios en el mercado laboral.
El Presupuesto proyecta que los beneficiarios del SUAF -incluido el prenatal- pasarán de 4,13 millones a 4,06 millones, mientras que los perceptores de la AUH disminuirán de 4,11 millones a aproximadamente 4,1 millones. Esta tendencia acompaña el descenso de la tasa de natalidad nacional y un mercado laboral que, entre noviembre de 2023 -último mes de gobierno de Alberto Fernández– y enero de 2026, muestra tanto una reducción del empleo asalariado registrado como un aumento del empleo informal de trabajadores sin hijos a cargo.
En ese período, el total de trabajadores formales, que abarca los empleados en los sectores público, privado, de casas particulares y monotributistas hasta la categoría G, cayó 2,8% (284.366 personas).
Al mismo tiempo, los asalariados informales crecieron 1,1% (65.143 personas), según surge de la relación entre los datos de empleo total de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y los de la Secretaría de Empleo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La diferencia entre el importe de la AUH y el de la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados se amplió de manera significativa durante la presidencia de Javier Milei.
Para enero 2026 el importe de la AUH se fijó en $125.518 y el de la Asignación Familiar por Hijo base para trabajadores registrados en 62.765 pesos
Según el análisis del ex diputado Martín Tetaz en el último encuentro de 2025 de Economía de Quincho, el aumento de esta brecha -que pasó de 12,2% en noviembre de 2023 a 37,5% a partir de enero de 2024- “puede dificultar la formalización del empleo”.
Tetaz explicó que, al percibir quienes ingresan a la formalidad un subsidio inferior por hijo a través del SUAF respecto de lo que reciben con la AUH, se desincentiva la transición del trabajo informal al registrado.
En enero de 2026, la AUH se fijó en $125.518 por hijo, monto que se reduce a $100.414 tras aplicar la retención del 20%. Este monto retenido se reintegra de manera acumulada en todo el año, y puede recuperarse después de aproximadamente 60 días, siempre de que el jefe del hogar presente ante Anses –presencialmente o por el sitio de internet del organismo antes del 31 de diciembre-, la Libreta AUH que certifica los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los niños.
La normativa de la AUH, creada en 2009 por el decreto 1602 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y ampliada en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri a los monotributistas hasta la categoría G (con exclusión para quienes integren el hogar un miembro que esté registrado a partir de la categoría J), excluye expresamente a los asalariados registrados.
“El beneficio se dirige a “niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la Ley 24.714 y sus modificaciones, y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”, precisa la norma.
El Sistema Único de Asignaciones Familiares cubre a trabajadores registrados, beneficiarios del subsidio por desempleo, jubilados, pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones Honoríficas de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez o Trasplante.
Para enero 2026 se fijó en $62.765 para el asalariado con un ingreso de hasta $971.786; desciende a $42.337 para el tramo siguiente hasta $1.425.219; a $25.608 para la franja de remuneración de hasta $1.645.464, y $13.211 para la posterior hasta un salario máximo de 5.146.094 pesos.
Para acceder, se utiliza como base el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que suma las remuneraciones brutas y sumas no remunerativas declaradas por el empleador en el formulario 931 presentado ante ARCA, excluyendo horas extras, plus por zona desfavorable y aguinaldo. A este cálculo se agregan las asignaciones por maternidad, rentas de referencia para autónomos, monotributistas y empleadas domésticas, haberes de jubilación y pensión, prestación por desempleo, planes sociales y otras prestaciones contributivas o no contributivas.
La exclusión del cobro de asignaciones familiares se aplica si algún integrante del grupo familiar percibe en enero de 2026 un ingreso bruto superior a 2.573.047 pesos
La exclusión del cobro de asignaciones familiares se aplica si algún integrante del grupo familiar percibe un ingreso bruto superior a $2.573.047 (sin contar medio aguinaldo) o si el conjunto del hogar supera los $5.146.094 brutos mensuales.
En paralelo a las modificaciones en las asignaciones, el trabajo por cuenta propia registrado aumentó 1% (8.470 trabajadores) y el total de empleados independientes sin aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino creció 33,4%, lo que equivale a 642.850 personas, reflejando un desplazamiento de la estructura laboral hacia la informalidad.
El Presupuesto 2026 destaca el peso de las asignaciones como parte de la protección social. Además de la AUH, resalta la relevancia de la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El equilibrio entre las políticas para bajar la pobreza, la promoción del empleo formal y la reducción de la informalidad sigue siendo, según la normativa y el presupuesto oficial, uno de los desafíos centrales de la política social para el corriente año.
La ampliación de la brecha entre los beneficios percibidos por trabajadores formales e informales y el impacto sobre los incentivos laborales configuran un escenario en el que las políticas de protección social y los cambios en el mercado de trabajo se entrelazan de modo decisivo.
Estos factores cobrarán mayor protagonismo al tratarse la postergada reforma de la legislación del empleo asalariado impulsada por el Gobierno, con el objetivo de reducir los cargos no salariales y estimular el crecimiento de los puestos registrados en relación de dependencia.
