Nueve integrantes de la MS recibieron condenas de hasta 90 años de prisión por una serie de delitos en los municipios salvadoreños de Huizúcar y Zaragoza, ubicados en La Libertad. Las sentencias fueron emitidas por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X.
Entre los delitos comprobados, la pandilla cometió homicidio agravado y privación de libertad contra dos hermanos cuando se dirigían a su lugar de trabajo. Los atacantes, armados con pistolas, interceptaron a estas personas y las obligaron a trasladarse a una zona aislada, donde finalmente fueron asesinadas.
Los miembros de las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos figuran entre los sentenciados. Destacan Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, quienes deberán purgar 90 años de cárcel cada uno, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez enfrentan 60 años de prisión cada uno. El resto de los condenados recibió penas de entre 20 y 30 años de prisión.
Por otro caso, José Mariano Martínez Calderón recibió una pena de 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada, cometidos en Ilopango, al oriente de San Salvador, informó la Fiscalía.
Martínez Calderón aprovechó su vínculo con la familia de la víctima para abusar de ella en repetidas ocasiones, amenazándola y exigiéndole dinero para no dañar a sus seres queridos. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dictó la condena.
El Plan Control Territorial de El Salvador contempla una séptima fase de consolidación nacional, cuyo objetivo es asegurar la permanencia de los resultados obtenidos en materia de seguridad del país. Hasta enero de 2026, se han activado formalmente seis de las siete fases planificadas, con la última conservando un perfil reservado bajo razones estratégicas.
La Fase 6, Integración, anunciada en septiembre de 2023, instauró la Dirección Nacional de Integración para organizar acciones conjuntas entre el Estado, empresas y universidades, concentrándose en erradicar las causas profundas de la violencia y combatir la pobreza de forma estructural.
Desde el inicio de la estrategia, la primera etapa se focalizó en la intervención directa de los centros penales, con suspensión de visitas y bloqueo de señales, además del despliegue de fuerzas de seguridad en municipios con alta incidencia delictiva.
La Fase 3, Modernización, equipó a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada con herramientas tecnológicas avanzadas, entre ellas drones, cámaras de vigilancia, chalecos antibalas y armamento moderno, de acuerdo a las autoridades.
La estrategia de cercos militares para aislar y capturar a miembros de pandillas se formalizó bajo la Fase 5, Extracción, puesta en marcha en noviembre de 2022, enfocándose en municipios o comunidades específicas donde aún persistían focos de criminalidad.
En la segunda etapa, la creación de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) permitió ofrecer educación, becas y empleo a jóvenes en zonas vulnerables.
Durante julio de 2021, la Fase 4, Incursión, reforzó la presencia estatal al duplicar el personal de seguridad, permitiendo operativos en áreas antes dominadas por pandillas.
