La dictadura de Cuba volvió a recurrir al sistema judicial para castigar la disidencia política y la libertad de expresión. Un tribunal de La Habana condenó a cinco años de prisión al rapero y artista plástico Fernando Almenares Rivera por exhibir pancartas con mensajes que reclamaban cambios políticos y respeto a los derechos humanos, una sentencia que organizaciones civiles consideran parte del patrón represivo del régimen contra cualquier manifestación crítica.
El fallo fue emitido el 22 de diciembre de 2025 por el Tribunal Provincial Popular de La Habana y atribuye al artista el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura penal utilizada de manera recurrente por la dictadura cubana para silenciar expresiones pacíficas de protesta. Almenares Rivera, de 35 años y conocido artísticamente como Nando OBDC, permanece detenido desde diciembre de 2024 bajo prisión provisional.
Según la sentencia, el rapero desplegó cuatro pancartas en una vía de salida de la capital hacia la provincia de Matanzas, con frases como “queremos cambios ya” y referencias a los derechos humanos. Para los jueces, estos mensajes tenían como objetivo “crear descontento en la población” y “alterar la tranquilidad ciudadana”, argumentos habituales en procesos judiciales impulsados por el régimen contra activistas, artistas y opositores.
El tribunal sostuvo que Almenares Rivera actuó siguiendo instrucciones de la organización Cuba Primero, un grupo disidente radicado en el exilio que la dictadura califica como “contrarrevolucionario”. De acuerdo con el fallo, el artista habría recibido 200 dólares desde el exterior para llevar adelante la acción. Tanto la organización como uno de sus dirigentes figuran en una lista oficial de entidades consideradas terroristas por el la dictadura cubana desde agosto de 2025.
Sin embargo, activistas cercanos al rapero negaron que existiera una relación orgánica con Cuba Primero. Reconocieron que el artista participó en iniciativas cívicas dentro de la isla, pero rechazaron que haya actuado bajo órdenes externas.
Durante el juicio, Almenares Rivera negó los cargos. La Fiscalía presentó como prueba principal el testimonio de un oficial de alto rango de la Policía y un peritaje que comparó su caligrafía con los textos escritos en las pancartas.
La sentencia no es firme y puede ser apelada, aunque defensores de derechos humanos advierten que los recursos judiciales en Cuba carecen de independencia real frente al poder político. El uso de delitos amplios y ambiguos, como la propaganda contra el orden constitucional, permite al régimen imponer penas severas por actos que, en otros países, estarían protegidos por la libertad de expresión.
El caso se produce en medio de la presión interna e internacional sobre la dictadura cubana por la situación de los presos políticos. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la principal plataforma opositora del país, llamó a la unidad de la disidencia para impulsar una amnistía general durante 2026. En una declaración pública, el CTDC afirmó que “la amnistía es el punto de partida” para cualquier salida pacífica a la crisis política y humanitaria en las cárceles de la isla.
La organización propuso articular un frente común para promover la despenalización del disenso y llevar ese reclamo ante organismos multilaterales. “El camino a la democracia en Cuba será pacífico, inclusivo y respetuoso de la dignidad humana, o no será”, señaló la plataforma, que busca demostrar capacidad de propuesta pese a la represión sistemática.
Según el último informe de la ONG Prisoners Defenders, Cuba cerró 2025 con al menos 1.197 presos por motivos políticos. La oposición no cuenta con representación institucional dentro del país y enfrenta una fragmentación agravada por la persecución, el exilio forzado y la censura.
(Con información de EFE)
