La fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que existen indicios sólidos de que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar que combate al Ejército sudanés, cometieron asesinatos en masa y trataron de ocultar los crímenes en fosas comunes durante su ofensiva en la región de Darfur. Según la Fiscalía, los hechos podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Nazhat Shameem Khan sostuvo que la oficina del fiscal ha reunido pruebas audiovisuales y satelitales que documentan ejecuciones de civiles, saqueos sistemáticos y violencia sexual, especialmente durante la toma en octubre del último bastión del Ejército en Darfur. “Nuestro trabajo ha puesto de manifiesto los asesinatos en masa y los intentos de ocultar los crímenes mediante fosas comunes”, afirmó la funcionaria, al detallar que el material incluye audios, videos e imágenes captadas por satélite.
La fiscal adjunta señaló que las imágenes analizadas por la CPI muestran a combatientes de las FAR deteniendo, maltratando y ejecutando civiles en El Fasher, una de las principales ciudades de la región, para luego celebrar los asesinatos y profanar los cuerpos. Estos episodios, añadió, siguen un patrón similar al documentado en 2023 durante la caída de El Geneina, la capital de Darfur Occidental.
En aquel episodio, expertos de la ONU estimaron que entre 10.000 y 15.000 personas murieron a manos de las FAR, en un contexto de ataques dirigidos contra comunidades civiles. Khan subrayó que los hechos recientes refuerzan la preocupación de la Fiscalía por la repetición de atrocidades a gran escala y por la aparente impunidad con la que operan los responsables.
La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 tras el colapso del proceso de transición política iniciado después del derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir. El conflicto enfrenta al Ejército regular y a las Fuerzas de Apoyo Rápido, antiguos aliados que chocaron por el control del poder y, en particular, por la integración de los paramilitares en las fuerzas armadas estatales. Desde entonces, el país ha quedado atrapado en una espiral de violencia que ha atraído la implicación indirecta de actores regionales.
Según estimaciones de la ONU, la guerra ha provocado decenas de miles de muertos y más de 11 millones de desplazados internos y refugiados, convirtiendo a Sudán en uno de los escenarios humanitarios más graves del mundo. Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han acusado a ambos bandos de cometer abusos contra la población civil, aunque las FAR concentran buena parte de las denuncias por ataques sistemáticos en Darfur.
La dimensión humanitaria del conflicto agrava el panorama descrito por la CPI. De acuerdo con estimaciones, alrededor de 4,2 millones de niños y mujeres sufrirán malnutrición aguda en 2026, un aumento del 12,4% respecto a 2025. En total, 8,4 millones de personas necesitarán asistencia nutricional, en un país donde los desplazamientos forzados y la destrucción de infraestructuras han colapsado los servicios básicos.
Un informe citado por agencias humanitarias advierte que casi la mitad de los niños menores de cinco años padecen anemia por deficiencia de hierro y que en amplias zonas del país la desnutrición aguda supera los umbrales de emergencia. La expansión del conflicto, el deterioro de la seguridad alimentaria y la fragilidad de los sistemas de salud y saneamiento amenazan con profundizar aún más la crisis.
La advertencia de la CPI vuelve a colocar a Sudán bajo el foco internacional, en un momento en que la combinación de violencia masiva y colapso humanitario plantea interrogantes sobre la capacidad de la comunidad internacional para frenar las atrocidades y garantizar que los responsables rindan cuentas. En Darfur, mientras se acumulan pruebas de crímenes graves, el horizonte inmediato sigue marcado por la guerra y el deterioro acelerado de las condiciones de vida de millones de civiles.
