El movimiento Revolución Ciudadana evalúa por primera vez, dos años después de los hechos, la separación de la alcaldesa María Fernanda Vargas, tras la difusión de nuevos elementos que reactivaron la controversia por su relación con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga.
La decisión, aún en proceso, marca un giro en la postura del correísmo frente a un caso que permaneció sin sanción interna durante la campaña electoral y el primer tramo de la gestión municipal.
La discusión se abrió luego de que Ecuavisa publicara videos y registros de videollamadas de carácter íntimo entre Vargas y Norero, material que forma parte de los dispositivos incautados por la Fiscalía General del Estado en el marco del caso Metástasis. Aunque los contactos entre ambos ya habían sido referidos en 2023 a partir de chats extraídos del teléfono del narcotraficante, la circulación de imágenes explícitas y la confirmación de intercambios económicos vinculados al periodo preelectoral reactivaron el debate político y ético dentro del movimiento.
Vargas llegó a la Alcaldía de Simón Bolívar auspiciada por Revolución Ciudadana y con respaldo de su dirigencia nacional, pese a que las primeras revelaciones sobre su vínculo con Norero se conocieron antes de los comicios seccionales de 2023. En ese momento, el movimiento optó por no abrir procesos disciplinarios ni retirar el apoyo a la candidatura. Dos años después, y con nueva dirigencia, el correísmo sostiene que el contexto es distinto y que la gravedad del material conocido obliga a una revisión interna.
La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, confirmó que el caso fue remitido a la Comisión de Ética y Disciplina para su análisis. Según sus declaraciones en Radio Armónica, la organización no puede “mirar a otro lado” frente a hechos que comprometen la imagen del partido en un país atravesado por la infiltración del crimen organizado en la política. La eventual sanción, que puede ir desde una amonestación hasta la expulsión, dependerá de la evaluación de la comisión y de la resolución del buró político.
Los documentos fiscales señalan que la relación entre Vargas y Norero se inició en agosto de 2022, cuando ella ya había hecho pública su intención de competir por la alcaldía. Los registros incluyen conversaciones de tono personal, pedidos de favores y un requerimiento de dinero para actividades proselitistas, que Norero habría cubierto a través de intermediarios. La Fiscalía también incorporó mensajes en los que el narcotraficante alude a “misiones” encomendadas a Vargas, referencias que ella ha negado de manera categórica.
La alcaldesa ha sostenido que su vida privada no constituye un delito y que la difusión de los videos busca desacreditarla políticamente. Ha negado conocer a Norero en el marco de actividades ilícitas y rechaza haber recibido financiamiento ilegal para su campaña. En comunicados y entrevistas, ha afirmado que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación oficial, pero cuestiona que se utilicen contenidos íntimos como herramienta de presión política.
El caso Metástasis expuso redes de influencia que alcanzaron a operadores judiciales, policías y actores políticos, y elevó el costo reputacional de cualquier señal de tolerancia frente a estas conexiones.
Hasta ahora, no existe una imputación penal formal contra Vargas. Las revelaciones provienen de material incorporado a procesos judiciales contra terceros y de informes fiscales que aún no derivan en cargos directos. No obstante, para el movimiento político el estándar de evaluación no es penal sino ético y político, especialmente cuando se trata de autoridades electas bajo su bandera.
La definición sobre la continuidad de Vargas en Revolución Ciudadana se espera en los próximos días. De concretarse la separación, sería la primera vez que el correísmo adopta una medida disciplinaria de alto impacto contra una autoridad seccional por presuntos vínculos con el crimen organizado.
