El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), en colaboración con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers, divulgó el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) para el año 2025, junto con los principales retos que enfrenta la seguridad ciudadana en Guatemala en 2026.
El informe, presentado como parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, advierte sobre el aumento sostenido de delitos contra la propiedad y destaca el crecimiento de las denuncias de homicidio y lesiones en el último año.
En el cierre de 2025, la estadística más reciente muestra que la tasa anual de homicidios ascendió a 17.3 por cada 100 mil habitantes, cifra marcada por un incremento de 270 homicidios respecto a 2024.
Además, la cantidad de personas lesionadas subió 23% en comparación con el año anterior, según precisó David Casasola del CIEN, quien expuso que la tendencia descendente observada entre septiembre y noviembre se revirtió bruscamente en diciembre, con 49 homicidios más que en igual periodo de 2024.
Al analizar el patrón demográfico de las víctimas, Casasola enfatizó que los hombres representan el 87.6% de los homicidios, concentrándose los casos en el grupo etario de 18 a35 años, que aglutina el58.8% de las muertes violentas.
Esta realidad territorial también refleja disparidades: diez departamentos acaparan el86% de los homicidios, con el departamento de Guatemala al frente al registrar el47% del total nacional. El municipio homónimo concentra, por sí solo, uno de cada cinco homicidios ocurridos el año pasado.
Respecto al comportamiento a corto plazo, el análisis señala algunas señales moderadas de mejora. Durante el segundo semestre del año pasado, los homicidios en el municipio de Guatemala experimentaron una leve desaceleración, alcanzando en diciembre 38 casos, la cuarta cifra más baja del año según el registro del CIEN.
La dimensión geográfica adquiere un papel fundamental en la prevención y el diseño de políticas, expuso Casasola, quien destacó que cinco zonas de la capital —las zonas 18,7, 6, 12 y 1— concentraron el 54% de los homicidios en el municipio de Guatemala en 2025, lo que subraya la urgencia de estrategias localizadas.
En materia de delitos patrimoniales, el documento expone que las denuncias por delitos contra la propiedad registraron un incremento de 15.57% respecto a 2024, mientras que los delitos contra las personas aumentaron 3.06% en el mismo periodo.
El IDD, evaluó el informe, evidenció una trayectoria mixta: siete meses presentaron reducciones y cinco meses mostraron aumentos en los reportes de delitos a lo largo de2025.
En cuanto a las denuncias por extorsión, la tasa interanual creció entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 de 139.1 a 142.7 por cada 100 mil habitantes. No obstante, el registro de denuncias descendió en diciembre pasado a 1.608 casos, una baja sostenida frente al pico de 2.092denuncias contabilizadas en octubre de 2025, según el análisis presentado por Casasola al CIEN.
El tema penitenciario muestra gravedad extrema, según Corinne Dedik, especialista de CIEN. El análisis indica que hay solo un guardia por cada cuatro reclusos y, en algunos centros, la proporción asciende hasta un guardia por cada 35.
La superpoblación carcelaria persiste pese al bajo índice de personas privadas de libertad: Guatemala registra 130 internos por cada 100 mil habitantes, pero los recintos sobrepasan niveles críticos de ocupación. Las requisas frecuentes siguen encontrando armas de fuego y teléfonos móviles.
Dedik sostiene que la corrupción está fuertemente incrustada en el sistema, lo que permite que continúen numerosas prácticas ilegales en los centros penitenciarios. En este contexto, el modelo piloto de gestión implementado en Fraijanes I ha tenido resultados positivos y urge replicar la metodología en toda la red penitenciaria.
