Durante más de dos décadas, el nombre del Tesorero del Estado de Pensilvania Robert “Budd” Dwyer quedó escrito en la historia política estadounidense como el de un funcionario corrupto que, ante la inminencia de una condena por sus delitos, se suicidó frente a las cámaras de televisión. Recién en octubre de 2010, el estreno del documental Honest Man: The Life of R. Budd Dwyer, del director James Dirschberger, cambió de manera dramática esa visión de los hechos. Entrevistado para la película, el abogado William T. Smith, uno de los testigos “arrepentidos” que había declarado contra él en el juicio, confesó que se sentía culpable de su suicidio: “Di falso testimonio bajo juramento durante el juicio de 1986, por lo tanto, me atribuyo el suicidio y la muerte de Budd Dwyer”, dijo. Esa confesión sirvió para limpiar la memoria de un hombre acusado injustamente, pero no para borrar la escena de su muerte que centenares de miles de personas vieron en vivo y en directo y millones más en las repeticiones de los noticieros.
El jueves 22 de enero de 1987, una feroz tormenta de nieve se descargó sobre gran parte del Estado de Pensilvania. Las escuelas y las universidades suspendieron sus clases y, salvo los trabajadores de servicios esenciales, la gente se quedó en sus casas. Por esa razón, familias enteras estaban frente a los televisores.
Además de las informaciones sobre el fenómeno climático y sus consecuencias, la otra noticia del día era la conferencia de prensa que Dwyer había convocado en Harrisburg para hablar sobre el juicio por corrupción que enfrentaba y cuya sentencia se conocería al día siguiente. Se lo acusaba de recibir sobornos de una empresa a la que había adjudicado la tarea de devolver a la población impuestos mal cobrados. El funcionario, de 47 años, casado y con dos hijos pequeños, venía proclamando a los cuatro vientos su inocencia. Su buen nombre y honor eran para él y su familia lo más importante, insistía cada vez que hablaba del tema. Por eso, explicaba una y otra vez, no había aceptado una propuesta de la fiscalía de recibir una pena leve si se declaraba culpable.
La conferencia de prensa transcurría con normalidad y los periodistas que llenaban la sala esperaban que Dwyer anunciara su renuncia. Más aún cuando empezó a leer un texto que había llevado escrito. Pero de pronto dejó de leer y mirando al frente dijo: “He dicho repetidamente que no voy a renunciar como Tesorero del Estado. Tras muchas horas de reflexión y meditación, he tomado una decisión que no debería servir de ejemplo a nadie, ya que se trata de mi situación particular… Voy a morir en el cargo… Por favor, compartan mi historia en todas las estaciones de radio y televisión, y en todos los periódicos y revistas de Estados Unidos… Adiós a todos a la cuenta de tres. Por favor, asegúrese de que el sacrificio de mi vida no sea en vano”.
Después entregó tres sobres blancos a otros tantos colaboradores y de otro –de papel madera, muy abultado– sacó un revólver Magnum .357 y lo empuñó apuntando hacia el techo. Mientras las cámaras seguían enfocando a Dwyer, un murmullo creció en el salón.
–Por favor, abandonen la sala si esto los agravia – dijo Dwyer, con el revólver apuntando al techo.
-¡Budd, Budd! – se escuchó gritar.
-Retrocedan, o esta cosa lastimará a alguien – dijo Dwyer.
Fueron sus últimas palabras antes de introducir el caño del revólver en su boca y apretar el gatillo. Murió en el acto.
Hasta que lo acusaron, Robet “Budd” Dwyer tenía una imagen de funcionario honesto con una trayectoria intachable. Nacido en Saint Charles, Misuri, hizo toda su carrera política en el Estado de Pensilvania. Había pasado por la Cámara de Representantes y cumplido tres períodos como senador estatal antes de ser nombrado Tesorero del Estado, la máxima autoridad en el área de recaudación de impuestos. Estaba en ese cargo desde 1980 y bajo su administración se habían cometido serios errores al calcular el pago de impuestos de los empleados estatales. Como consecuencia, durante años habían pagado de más y el Estado había recaudado indebidamente más de cien millones de dólares.
Con la intención de resolver el problema, se llamó a una licitación de empresas de contabilidad para seleccionar a la que se encargaría de calcular y reembolsar a los trabajadores las sobretasas que se les habían cobrado. Resultó ganadora una empresa radicada en California, Computer Technology Associates (CTA), propiedad de John Torquato, Jr. Por el trabajo, la firma cobraría 4,6 millones de dólares.
El procedimiento se desarrollaba con normalidad hasta que el entonces gobernador de Pensilvania, Dick Thornburgh, recibió una carta anónima en la que se denunciaba el pago de sobornos por parte de CTA para que le fuera adjudicado el contrato. La fiscalía acusó al propietario de CTA, a su abogado, William T. Smith, y a la esposa de éste por delitos de soborno de funcionarios públicos. Pero la mayor preocupación de los fiscales era determinar quiénes habían sido sobornados, por lo que ofrecieron a Torquato y sus cómplices un acuerdo: si revelaban la identidad de esos funcionarios, recibirían penas mucho más leves. Los tres dijeron que le habían pagado a Budd Dwyer 300.000 dólares para que influyera a favor de CTA en la adjudicación del contrato.
Con la declaración de esos tres “arrepentidos”, en 1986 Dwyer fue acusado formalmente de recibir sobornos, fraude fiscal, asociación ilícita y de formar parte del crimen organizado. La fiscalía, convencida de su culpabilidad, le hizo una oferta para evitar el juicio. Si se declaraba culpable, debería pagar una multa de 300.000 dólares y recibiría una condena de cinco años de prisión, de los cuales pasaría entre rejas menos de la mitad. En cambio, si negaba los cargos, los fiscales pedirían una pena de 55 años de prisión.
A pesar del riesgo de pasar el resto de su vida en la cárcel, Budd Dwyer rechazó la propuesta y decidió ir a juicio. Se mantuvo siempre firme en su postura: negó haber recibido un solo dólar y, además, la licitación no la había adjudicado él sino un grupo de trabajo formado por funcionarios del Estado.
El juicio se inició en diciembre de 1986 y, convocados como testigos por la fiscalía, Torquato, el abogado Smith y su mujer señalaron a Dwyer –que durante el proceso, dada la presunción de inocencia, continuaba en su cargo- como el único funcionario al que habían sobornado para obtener el contrato. Terminados el proceso y los alegatos, el juez Malcom Muir anunció que daría a conocer la sentencia el 23 de enero de 1987. Sin embargo, la noche del 21 de enero alguien le avisó a Budd Dwyer que la decisión ya estaba tomada: sería declarado culpable de todos los cargos y condenado a 55 años de cárcel.
Enterado de la decisión del juez Muir, la mañana del 22 de enero, Dwyer convocó a una conferencia de prensa para esa misma tarde. En el anuncio decía que el tesorero del Estado haría “una actualización sobre la situación” judicial. Pese a la tormenta de nieve que azotaba a la ciudad de Harrisburg, la concurrencia de periodistas fue masiva. Muchos pensaban que renunciaría públicamente a su cargo.
Dwyer entró agitado a la sala. Llevaba en sus manos cuatro sobres –tres blancos y delgados, uno abultado de color madera– y una hoja de papel escrita a máquina. De pie, frente a las cámaras de televisión, leyó el texto:
“Agradezco a Dios por haberme dado 47 años de apasionantes retos, vivencias estimulantes, muchas ocasiones felices, y sobre todo, la excelente esposa e hijos que cualquier hombre pudiese desear. Ahora mi vida ha cambiado, sin razón aparente. Las personas que me han llamado y escrito están molestas y se sienten impotentes. Ellos saben que soy inocente y desean ayudar. Pero en esta nación, la más grande democracia del mundo, no hay nada que puedan hacer para prevenir que me castiguen por un crimen que no he cometido”, comenzó.
Hizo una pausa y continuó en voz más alta: “El juez Muir es conocido por sus sentencias medievales. Me enfrentó a una sentencia máxima de 55 años en prisión y una multa de 300 000 dólares por ser inocente. El juez Muir dijo a la prensa ‘me sentí revigorizado’, cuando me consideraron culpable y que planea encarcelarme como un desestímulo hacia otros funcionarios públicos. Pero no seré un factor disuasivo porque cada funcionario público que me conoce sabe que soy inocente; no será un castigo legítimo porque no he hecho nada malo. Ya que soy víctima de una persecución política, mi prisión simplemente será un gulag americano. Pido a aquellos que creen en mí, que continúen manteniendo la amistad y recen por mi familia, para trabajar incansablemente por la creación de un genuino sistema de justicia en los Estados Unidos, y proseguir con los esfuerzos de exonerarme, para que mi familia y su futura parentela no sean manchados por esta injusticia que ha sido perpetrada contra mi persona. Confiamos que la razón y la verdad se impondrán y seré absuelto dedicando el resto de nuestras vidas en crear un sistema de justicia aquí en los Estados Unidos. El veredicto de culpable ha fortalecido esa decisión”.
Le quedaban dos párrafos más por leer, pero se interrumpió para decir que no renunciaría, sino que moriría en el cargo. Después entregó los tres sobres blancos a sus colaboradores, extrajo el revólver Magnum .357 del sobre de papel madera y introdujo el cañón en su boca y apretó el gatillo.
Uno de los sobres blancos contenía una carta de despedida para Joanne, su esposa; el segundo, una cédula de donación de órganos; la tercera tenía como destinatario al nuevo gobernador de Pensilvania, Bob Casey, que había asumido el cargo dos días antes. La dirigida a Casey decía: “Para cuando reciba esta carta, el cargo de Tesorero Estatal de Pensilvania estará vacante. Le recalco que no renuncié, sino que fui Tesorero Estatal de Pensilvania hasta el final”.
