Mientras estaba embarazada, la mamá de Itzaé no se hizo ningún control perinatal. Mientras crecía su panza, siguió con sus problemas de adicción, con problemas de salud mental y sin tratamiento. De su padre no había datos. Además, en la casa vivía el abuelo que era alcohólico, un factor más que hacía que ese hogar no fuera el adecuado para el crecimiento de una niña.
La historia de Itzaé fue contada por el diario uruguayo El Observador y tuvo varias repercusiones. El Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), el organismo a cargo de los asuntos de menores del país, inició una investigación, al igual que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
La vida de Itzaé fue compleja desde antes de nacer. Su nacimiento fue en el hospital pediátrico Pereira Rossell, en donde los asistentes sociales evaluaron que todos los derechos de la pequeña estaban vulnerados. Luego pasó a la Fundación Canguro, que se encarga de la atención a bebés que quedan desamparados mientras el Estado busca un destino para ellos.
En este período, nadie preguntó por ella.
Estuvo allí casi un mes hasta que fue dada en adopción a una mujer que hacía tiempo luchaba por ser mamá. Se instalaron en la casa, llegaron los regalos de los amigos y la abuela materna adoptiva se instaló en el lugar.
Cuando se habían convertido en familia, la historia dio un giro: un tío biológico apareció y dijo que quería hacerse cargo de la bebé. Según expresó, desde que se enteró de su existencia no paró de hacer gestiones para dar con ella.
El Código del Niño del país establece que si una bebé nace y queda sin familia, los familiares biológicos son los que tienen prioridad para la tenencia. Entonces, la Justicia definió que él era quien debía estar a cargo de la bebé. Y, así, se inició un proceso de desprendimiento de la madre adoptiva.
La investigación periodística sobre este caso motivó varias investigaciones paralelas.
La Inddhh le envió dos oficios al INAU para que explicara cómo fue el proceso que derivó en quitarle la tenencia a la madre adoptiva, que no fueron respondidos, informó El Observador. Esta institución concluyó que el organismo estatal vulneró los derechos de la bebé. Luego emitió una resolución pidiendo que eleve informes que permitan revisar la decisión de la Justicia de quitarle una bebé a su mamá adoptiva, después de ocho meses de convivencia.
Ese informe debe contener “el avance del proceso de integración de la niña en su familia adoptante y las implicancias en términos de apego”. En la resolución también exige que se defina “en un plazo no mayor a 30 días” el modo de reparación y que lo comunique a la mamá adoptante.
Esta resolución surgió tras una denuncia de la madre de Itzaé.
Pero, más allá de este proceso, también se abrió una investigación interna en el INAU, según informó El País. En este organismo de menores ponen el énfasis en que no son ellos los que toman la decisión de transferir a un niño de una familia a otra sino la Justicia. A nivel judicial, el caso no está cerrado. Los resultados de esta investigación interna van a ser comunicados a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Pero este caso no es el único frente abierto que tiene el INAU.
El instituto de menores de Uruguay también debe dar explicaciones por la muerte de dos jóvenes que estaban bajo su amparo. El 31 de diciembre, un adolescente se fugó de un centro y fue encontrado muerto en el Río de la Plata, informó Radio Sarandí. Se presume que la causa de muerte fue ahogamiento.
El domingo pasado, en tanto, un niño de 10 años fue encontrado muerto en la Clínica Boulevar. El País consignó que el niño no había presentado malestar la noche anterior y que las cámaras de seguridad muestran que el niño se acostó el sábado por la noche, sin que se visualizaran eventos anómalos en la habitación”. Al otro día no se despertó y la causa de fallecimiento fue “muerte súbita”.
Hay dos investigaciones administrativas en curso por este caso.
