La próxima administración encabezada por Nasry “Tito” Asfura en Honduras se prepara para implementar una ambiciosa reducción del aparato estatal. La eliminación de 38 instituciones públicas y una estricta política de austeridad definen un giro estructural cuyo propósito es optimizar el gasto y generar ahorros sustanciales.
Parte del ahorro proyectado, calculado en 15 mil millones de lempiras, se destinará al pago de los compromisos laborales pendientes del Estado, según informó la designada presidencial electa María Antonieta Mejía durante una entrevista televisiva citada por medios locales.
En el tramo inmediato previo a su investidura, Asfura ha apostado por la contención del gasto incluso en el acto de su asunción, que se celebrará en el Congreso Nacional y no en el Estadio Nacional, como era tradición en gobiernos anteriores.
Según Mejía, la ceremonia tendrá carácter de “evento simbólico”, sin la presencia de mandatarios extranjeros y con una representación internacional compuesta principalmente por embajadores y delegados de organismos.
Este enfoque busca enviar una señal de institucionalidad y sobriedad, enfatizando la coherencia entre el discurso de austeridad y sus primeras decisiones administrativas.
De acuerdo con los detalles proporcionados por Mejía, el recorte reducirá el número total de instituciones estatales de 113 a 74. La justificación central de la reforma radica en la existencia de duplicidad de funciones, estructuras sobredimensionadas y gasto corriente excesivo en buena parte de las entidades afectadas.
La futura funcionaria aclaró que la eliminación de organismos no conllevará la supresión de funciones esenciales, sino su integración a otras dependencias ya operativas. Para Mejía, “el Estado no es un ente empleador, es un generador de condiciones para atraer inversión. La inversión, tanto nacional como extranjera, es la que debe producir los empleos”.
La visión del nuevo gobierno apunta a reorientar el papel estatal: busca propiciar un entorno favorable a la inversión privada mediante reglas claras, estabilidad institucional y una administración más ágil. Mejía considera que el recorte y la simplificación de la estructura pública son condiciones necesarias para atraer capitales y avanzar hacia un crecimiento económico sostenible.
El anuncio generó preocupación entre empleados estatales y sindicatos, quienes temen el impacto laboral de la medida. Frente a estas inquietudes, el equipo de transición remarcó que el proceso será ordenado y que se cumplirá estrictamente con los derechos adquiridos.
Mejía señaló que el ahorro derivado de la reforma contribuirá a mejorar la sostenibilidad fiscal del Estado, afectado por restricciones presupuestarias y elevados niveles de endeudamiento.
En el ámbito internacional, Asfura realizó recientemente su primera gira como presidente electo, visitando Estados Unidos e Israel para buscar alianzas en materia de inversión, tecnología y comercio, sectores como infraestructura, energía, agroindustria y manufactura fueron presentados como prioritarios para la inserción de Honduras en nuevas cadenas productivas. Promocionar al país como destino de inversión se plantea como eje del nuevo ciclo de gobierno.
Analistas citados por la prensa hondureña señalan que la reducción del aparato estatal podría facilitar la modernización de la gestión pública, aunque advierten que el éxito dependerá de la transparencia, una planificación adecuada y mecanismos rigurosos de control para evitar la concentración de funciones y la pérdida de capacidades institucionales.
Queda pendiente la publicación del listado completo de las 38 instituciones que desaparecerán, dato que se prevé será confirmado tras la instalación oficial del nuevo gobierno, junto con los decretos ejecutivos iniciales.
El desafío, según voces expertas, reside en conciliar la austeridad fiscal con la atención a sectores sociales que dependen de los servicios públicos en áreas como salud, educación y desarrollo social.
