El Grupo Patio, considerado uno de los holdings inmobiliarios más destacados de Chile, atraviesa una grave crisis interna derivada de acusaciones de manipulación en la valoración de la compañía y la presentación de querellas por parte de accionistas y afectados.
La empresa, fundada a comienzos de los años 2000 por la familia Jalaff, cuenta con más de USD 4.000 millones en activos y opera en Chile, Perú, México y Estados Unidos. En los últimos años, el grupo se consolidó como un referente en el mercado inmobiliario latinoamericano.
La crisis actual se originó tras la aparición de actas de directorio que reflejan presuntas malas prácticas y decisiones cuestionables. Este conflicto, reportan medios locales, ha generado una crisis de confianza, que podría limitar el acceso a financiamiento y afectar la relación con acreedores y la percepción general del mercado.
El foco del conflicto se sitúa en la determinación del precio de la participación de Antonio Jalaff, uno de los fundadores, basada en un informe elaborado por la consultora Econsult.
Un grupo de 23 aportantes y herederos de la familia Jalaff presentaron acciones judiciales, argumentando que el informe fue solicitado y financiado por quienes buscaban adquirir esas acciones, dando lugar, según su denuncia, a una valoración artificialmente baja.
Para la querella no hay dudas de que dicho informe fue solicitado y financiado por los compradores, lo que habría resultado en una apreciación artificialmente deprimida del real valor de Grupo Patio.
Según la querella, el informe de Econsult “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada del Grupo Patio, generando una apariencia falsa sobre el estado financiero del conglomerado”.
A esto se añade, según la denuncia, la falta de transparencia en la metodología, generando cuestionamientos sobre la objetividad del valor fijado y un fuerte impacto en el fondo administrado por el holding.
En declaraciones recogidas por Diario Financiero, Antonio Jalaff manifestó su inquietud sobre el daño sufrido por la empresa y su propia reputación. “Aquí hay gente que ha hecho malas prácticas para inflar su trayectoria empresarial y su ego, a costa del daño económico a acreedores que confiaron en mí y en una compañía que fundé junto a mi padre”, afirmó.
Ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Antonio Jalaff presentó una querella por estafa. En ella sostiene que la venta de su participación se realizó bajo una “maquinación fraudulenta”. El perjuicio económico estimado alcanza las 700.000 UF (unos USD 28,5 millones), al haberse concretado la operación a un precio que describe como artificialmente disminuido.
Jalaff denunció: “No nos quedó otra opción. Fueron los compradores y sus asesores quienes impusieron el valor final de la venta, y nos vimos obligados a aceptarlo… nunca aprobé la venta a ese precio, sino que fui arrastrado por las circunstancias y los quórums de las respectivas sociedades”, afirmó entonces.
Álvaro Jalaff sostuvo una posición similar y acusó en El Mostrador, que otros accionistas buscaron aislar a su familia, facilitando el control hostil del grupo.
La operación fue estructurada por Larraín Vial, la mayor corredora de bolsa y firma de finanzas corporativas de Chile. Su historial reciente, que incluye otros escándalo de corrucpción conocido como el caso Factop, agrega presión reputacional al proceso.
Las repercusiones de este caso se extienden más allá del ámbito judicial, impactan la confianza en la gobernanza corporativa y la transparencia financiera dentro de los grandes conglomerados regionales. Los efectos, advierten medios locales, podrían convertirse en un precedente para la gestión empresarial y la dinámica de poder en el sector inmobiliario de Chile y Latinoamérica.
