La represión ordenada por el régimen iraní para sofocar las protestas iniciadas el 28 de diciembre dejó miles de muertos y expuso el uso sistemático de fuerza letal contra la población civil, según organizaciones de derechos humanos y testimonios verificados por la BBC, en medio de un apagón casi total de internet y la prohibición a la prensa internacional de informar desde el país.
Las manifestaciones comenzaron en Teherán por el deterioro de las condiciones económicas y se expandieron rápidamente a otras ciudades, convirtiéndose en uno de los episodios más sangrientos de protesta antigubernamental desde la instauración de la República Islámica. A medida que crecía la movilización, las fuerzas de seguridad respondieron con munición real, escopetas de perdigones y detenciones masivas, de acuerdo con múltiples relatos de testigos presenciales.
Parisa, una mujer de 29 años residente en Teherán, afirmó que la magnitud de la violencia no tuvo precedentes para su generación.
“En protestas anteriores no conocía personalmente a nadie que hubiera muerto”, explicó en entrevista con la BBC. Según su testimonio, al menos 13 personas de su entorno fueron asesinadas desde el inicio de las manifestaciones. Una mujer de 26 años conocida suya murió, dijo, tras ser alcanzada por “una lluvia de balas en plena calle” cuando la represión se intensificó los días 8 y 9 de enero.
La joven relató que participó en una protesta pacífica en el norte de la capital, donde no se registraron enfrentamientos directos.
“No hubo violencia ni choques, pero aun así abrieron fuego contra la multitud”, sostuvo. Describió barrios enteros impregnados por el olor a pólvora tras los disparos.
Mehdi, de 24 años, también de Teherán, coincidió en que nunca había visto una respuesta similar por parte del régimen teocrático.
“Jamás presencié un despliegue así ni tantas muertes causadas por las fuerzas de seguridad”, señaló. Aseguró haber visto cómo manifestantes eran abatidos a corta distancia.
“Un joven cayó frente a mí tras recibir dos disparos. A otro lo atacaron desde una motocicleta y le dispararon al rostro”, relató.
La agencia estadounidense Human Rights Activists News Agency (Hrana) informó haber confirmado al menos 6.159 muertes desde el inicio de las protestas, entre ellas 5.804 manifestantes y 92 menores. Además, investiga miles de fallecimientos adicionales.
Otra organización, Iran Human Rights, con sede en Noruega, advirtió que el número final podría superar ampliamente esa cifra. El régimen iraní, en cambio, reconoció algo más de 3.100 muertes y atribuyeron la mayoría a enfrentamientos provocados por “alborotadores”.
La imposibilidad de verificar los hechos sobre el terreno complicó el acceso a información independiente. La mayoría de los medios internacionales, incluida la BBC, tiene prohibido operar dentro de Irán. Sin embargo, ese medio logró autenticar videos que muestran a agentes disparando munición real contra concentraciones de civiles.
Sahar, de 27 años, relató que siete personas de su entorno murieron durante la represión. Recordó que, al refugiarse en una vivienda tras el lanzamiento de gases lacrimógenos, uno de sus amigos fue alcanzado por un disparo en el cuello cuando se asomó por una ventana. Otro falleció desangrado luego de evitar acudir a un hospital por temor a ser detenido. Un tercero murió bajo custodia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
“Llamaron a su familia días después para decirles que fueran a retirar el cuerpo”, contó.
El uso extendido de armas de perdigones también dejó cientos de heridos con lesiones graves en ojos y rostro. Parham, de 27 años, afirmó que su amigo Sina recibió impactos en la frente y el ojo. En hospitales oftalmológicos, dijo, los heridos llegaban de manera constante.
La BBC tuvo acceso a documentos médicos que confirman la presencia de fragmentos metálicos en el cuerpo de varios manifestantes.
A estos episodios se sumaron denuncias sobre presiones a las familias para recuperar los cuerpos.
Testigos señalaron que las autoridades exigieron pagos elevados o la aceptación de que las víctimas fueran registradas como miembros de fuerzas progubernamentales.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que esta práctica busca castigar a los allegados y ocultar la verdadera dimensión de la masacre.
