Cuando se anunciaron las liberaciones de presos políticos en Venezuela, tras el derrocamiento del ex dictador Nicolás Maduro, las madres de Jorge Yéspica, Kevin Orozco y Ramón Centeno no imaginaron el escaso tiempo —o ninguno— que podrían compartir con sus hijos en libertad. Durante años sostuvieron vigilias, protestas y reclamos públicos sin respuesta. En menos de una semana, las tres murieron, atravesadas por una espera prolongada que no terminó en alivio y que las agotó al punto de erosionar su salud.
El proceso de excarcelaciones tras la captura de Maduro fue presentado por el chavismo como una señal de apertura y reconciliación. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron desde el inicio que se trató de un mecanismo opaco, sin cronogramas públicos ni decisiones judiciales definitivas. Las liberaciones se concretaron bajo esquemas de revisión de medidas, con restricciones legales vigentes y sin garantías de reparación. Para muchas familias, la noticia llegó tarde.
Carmen Dávila murió sin saber que su hijo había salido de prisión. Tenía cerca de 90 años y llevaba días hospitalizada cuando, el 20 de enero, Jorge Yéspica Dávila fue excarcelado tras más de un año detenido en el estado Aragua. El médico, acusado de incitación al odio por participar en una manifestación y difundir un video crítico contra el entonces gobierno, logró llegar al hospital donde su madre permanecía internada. Ella ya estaba inconsciente. Falleció dos días después, el 22 de enero, sin poder reencontrarse con él.
Durante la detención de su hijo, Carmen Dávila participó activamente en protestas públicas pese a su edad. En registros difundidos en redes sociales se la vio sosteniendo carteles en los que pedía su liberación y advertía sobre su estado de salud. Poco antes de la excarcelación de Yéspica, sufrió una crisis relacionada con la presión arterial que la dejó internada. La noticia de la libertad no llegó a tiempo.
Jorge Yéspica, ginecólogo de 66 años, fue detenido el 1 de noviembre de 2024 al salir de una cirugía. Permaneció recluido en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón, donde, según denuncias de familiares y organizaciones, sufrió aislamiento y deterioro físico. Su liberación formó parte del grupo de excarcelaciones anunciadas en enero, en medio de presiones internacionales por la situación de derechos humanos en el país.
Un día antes de la muerte de Carmen Dávila, el 21 de enero, falleció Yarelis Salas, de 39 años, madre de Kevin Orozco. Murió tras sufrir un infarto luego de participar en una vigilia frente a Tocorón, donde su hijo permanecía detenido desde julio de 2024 por protestas postelectorales. La denuncia fue difundida por el ex preso político y dirigente sindical Emilio Negrín, quien exigió públicamente su liberación para que pudiera despedirse de su madre.
La excarcelación llegó días después. Orozco, de 25 años, no alcanzó a verla con vida. Fue recibido por su abuela en San Pedro de los Altos, estado Miranda, cuatro días después del fallecimiento. La organización Justicia, Encuentro y Perdón señaló que Salas murió “tras una vigilia marcada por la angustia, el cansancio y la esperanza de una buena noticia que nunca llegó”.
El 27 de enero se conoció la muerte de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, excarcelado el 14 de enero tras permanecer cuatro años detenido. Navas falleció luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Durante la detención de su hijo, se convirtió en una figura visible en la denuncia de su caso y en la exigencia de medidas humanitarias.
Centeno había sido acusado de integrar una presunta red de narcotráfico, cargos que organizaciones gremiales y de derechos humanos calificaron como infundados. Durante su reclusión sufrió caídas, fracturas y un deterioro físico que lo dejó en silla de ruedas. Su madre reclamó en reiteradas ocasiones atención médica y celeridad procesal, sin obtener respuestas.
“Mi mamá luchó hasta verme libre. No descansó ni un solo día”, escribió el periodista tras conocer la noticia. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas destacaron el rol de Navas en la defensa de los presos políticos y señalaron que no pudo compartir plenamente los días de libertad de su hijo.
Las muertes de estas tres mujeres se produjeron mientras el régimen venezolano continuaba utilizando a los presos políticos como herramienta de presión. Sin cifras oficiales, sin listados públicos y sin información verificable, las excarcelaciones se ejecutaron de manera arbitraria, denunció el Foro Penal. Algunos detenidos fueron liberados sin actas, sin identificación formal y sin notificación previa a sus familias. No hubo criterios claros ni garantías de no repetición.
Para estas madres no existió justicia, ni verdad, ni reparación. Murieron sin ver a sus hijos recuperados, sin cerrar años de incertidumbre y sin que el Estado reconociera el daño causado. La libertad llegó fragmentada, administrada a discreción, cuando el tiempo —y la vida— ya no alcanzaban.
