Un tribunal de La Haya dictaminó este miércoles que el Gobierno holandés discrimina a los residentes de Bonaire al no protegerlos adecuadamente del cambio climático, en una sentencia histórica que obliga al Estado a diseñar un plan de adaptación específico para la pequeña isla caribeña. El Tribunal de Distrito consideró que los habitantes de Bonaire son tratados de forma diferente a los de la parte europea de Países Bajos sin justificación válida, lo que constituye una violación de sus derechos humanos.
La decisión, celebrada por Greenpeace como un avance de importancia global, responde a una demanda presentada por ocho residentes de la isla con el respaldo de la organización ambientalista. El tribunal ordenó al Estado establecer en un plazo de 18 meses objetivos intermedios vinculantes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía hasta alcanzar emisiones netas cero en 2050, según lo acordado en tratados internacionales.
El juez presidente Jerzy Luiten advirtió en una sala repleta que la isla ya sufre inundaciones por tormentas tropicales y lluvias extremas, y que incluso las proyecciones conservadoras predicen que partes de Bonaire estarán bajo el agua para 2050. Estudios de la Universidad Libre de Ámsterdam señalan que el mar podría tragarse hasta una quinta parte de esta isla de 288 kilómetros cuadrados antes del fin de siglo.
REUTERS/Piroschka van de Wouw
Jackie Bernabela, una de las demandantes que viajó desde Bonaire para asistir a la audiencia, se secó las lágrimas mientras declaraba que los isleños ya no son “ciudadanos de segunda clase”. Durante las vistas del año pasado, residentes como la agricultora Onnie Emerenciana describieron cómo el calor se ha vuelto insoportable en lugares donde antes trabajaban o pescaban. Tras el fallo, Emerenciana afirmó que el Estado ya no puede “mirar hacia otro lado”.
El tribunal rechazó el argumento del Gobierno de que la planificación contra el cambio climático constituye una “tarea autónoma” de las autoridades locales. Los jueces señalaron que no existe justificación válida para que las medidas destinadas a proteger a los habitantes de Bonaire, que serán afectados por el cambio climático más pronto y severamente, se tomen más tarde y de forma menos sistemática que para la parte europea de Países Bajos, reconocida mundialmente por su sofisticado sistema de diques y barreras contra las aguas.
El fallo consideró insuficiente el objetivo gubernamental de reducir las emisiones en 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990, señalando que no es vinculante y no incluye completamente las emisiones del transporte aéreo y marítimo. El tribunal agregó que es altamente improbable que Países Bajos alcance su meta para 2030. Bonaire, ex colonia holandesa ubicada a unos 80 kilómetros de la costa venezolana, se convirtió en 2010 en uno de tres municipios especiales de Países Bajos junto con San Eustaquio y Saba. Sus aproximadamente 20.000 residentes son ciudadanos holandeses.
La sentencia llega en un momento político delicado, mientras se negocia un nuevo gobierno de coalición que podría estar encabezado por Rob Jetten, líder centrista del D66 conocido como “impulsor del clima” por su labor legislativa para reducir la dependencia holandesa de los combustibles fósiles. Un portavoz del Ministerio de Infraestructura señaló que el Estado toma el fallo muy en serio y lo estudiará antes de anunciar las medidas correspondientes.
Este no es el primer fallo climático innovador del Tribunal de Distrito de La Haya. El mismo juzgado escuchó el histórico caso Urgenda hace más de una década, que concluyó en 2019 cuando el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, una batalla legal que sentó precedente para desafíos similares en todo el mundo. Las decisiones de Urgenda fueron citadas prominentemente en fallos recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que determinaron que no combatir el cambio climático viola el derecho internacional.
Marieke Vellekoop, directora de Greenpeace Países Bajos, calificó el fallo como una victoria histórica y señaló que representa un activo poderoso para que comunidades en todo el mundo exijan rendición de cuentas a sus gobiernos. El caso de Bonaire fue considerado por Greenpeace como la primera prueba importante tras la opinión consultiva de la CIJ que declaró que los países que violan sus obligaciones climáticas cometen un acto ilícito.
