Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles por la noche que la Casa Blanca actuó ilegalmente al poner fin a las protecciones legales que otorgaban a cientos de miles de personas procedentes de Venezuela permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó un fallo de un tribunal inferior que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos.
Pero la decisión no tendrá ningún efecto práctico inmediato luego de que, en octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la decisión de Noem entrara en vigor mientras se espera su decisión final al respecto.
Un correo electrónico enviado el miércoles por la noche al Departamento de Seguridad Nacional no obtuvo respuesta.
Los jueces del Noveno Circuito confirmaron también la conclusión del tribunal inferior de que Noem excedió su autoridad cuando decidió terminar de forma anticipada con las protecciones para cientos de miles de migrantes haitianos.
Se espera que un juez federal en Washington se pronuncie en cualquier momento sobre una solicitud para pausar la supresión del TPS para Haití mientras avanza una demanda separada que la impugna. Estaba previsto que las protecciones para los ciudadanos haitianos en Estados Unidos finalizasen el 3 de febrero.
Los jueces del Noveno Circuito Kim Wardlaw, Salvador Mendoza, Jr. y Anthony Johnstone dijeron en su fallo del miércoles que la legislación de TPS aprobada por el Congreso no otorga al secretario la potestad de anular una designación de TPS existente. Los tres magistrados fueron nominados por presidentes demócratas.
“La ley contiene numerosas salvaguardas procesales que aseguran que las personas con TPS disfruten de previsibilidad y estabilidad durante períodos de condiciones extraordinarias y temporales en su país de origen”, escribió Wardlaw, que fue nombrada por el expresidente Bill Clinton.
Según Wardlaw, las “acciones ilegales de Noem han tenido consecuencias reales y significativas” para los venezolanos y haitianos que dependen del TPS en Estados Unidos.
“El expediente está lleno de ejemplos de miembros de la sociedad trabajadores y contribuyentes —que son madres, padres, esposas, esposos y parejas de ciudadanos estadounidenses, pagan impuestos y no tienen antecedentes penales— que han sido deportados o detenidos después de perder su TPS”, agregó.
El TPS, aprobado por el Congreso dentro de la Ley de Inmigración de 1990, permite al secretario de Seguridad Nacional otorgar estatus migratorio legal a personas que huyen de países debido a conflictos civiles, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales” que impiden un regreso seguro a su nación de origen.
Las protecciones se conceden por períodos de seis, 12 o 18 meses, y se pueden prorrogar mientras las condiciones sigan siendo críticas. Este estatus blinda a sus titulares de la deportación y les permite trabajar, pero no les abre las puertas a la ciudadanía.
Al poner fin a las protecciones, Noem manifestó que las condiciones en Haití y Venezuela habían mejorado y que no redundaba en el interés nacional permitir que migrantes de esos dos países se quedaran gracias a lo que es un programa temporal.
Millones de venezolanos han huido de la inestabilidad política, el desempleo masivo y el hambre en un país que está sumido en una larga crisis provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.
Haití fue incluido por primera vez para el TPS en 2010 tras un catastrófico terremoto de magnitud 7,0 que causó miles de muertos y heridos y dejó a más de un millón de personas sin hogar. Los haitianos enfrentan ahora un hambre generalizada y la violencia de pandillas.
Por su parte, Mendoza escribió que había “amplia evidencia de animosidad racial y de origen nacional” que reforzaba la conclusión del tribunal inferior de que las decisiones de Noem estaban “predeterminadas y su razonamiento era un pretexto”.
“Está claro que las medidas de la secretaria no estaban realmente fundamentadas en consideraciones de política significativas o diferencias genuinas con respecto a los procedimientos de TPS del gobierno anterior, sino que estaban enraizadas en un diagnóstico estereotipado de los migrantes de Venezuela y Haití como criminales peligrosos o mentalmente inestables”, afirmó Mendoza.
Los abogados del gobierno alegaron que la secretaria tiene una autoridad clara y amplia para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS y que esas medidas no están sujetas a revisión judicial. También han negado que sus acciones tuvieran motivaciones raciales.
(AP)
