Cuba atraviesa una crisis multidimensional que ya no se limita a la economía: impacta en la vida cotidiana, en la infraestructura urbana, en la salud pública y en la estabilidad social. Bajo el control del régimen castrista, la isla combina salarios de hambre, inflación, desabastecimiento y un sistema de servicios básicos que opera con fallas permanentes.
En distintas zonas urbanas —incluida La Habana— el deterioro se volvió visible y estructural: edificios con riesgo de derrumbe, espacios abandonados convertidos en basureros improvisados y problemas recurrentes en el acceso al agua potable. A eso se suma el debilitamiento de las condiciones sanitarias, con brotes de enfermedades estacionales que encuentran terreno fértil en un sistema de prevención limitado.
El contexto se agrava con un elemento transversal: la energía. Sin combustible, el país no puede sostener su red eléctrica, su transporte, su cadena de abastecimiento ni la actividad productiva. Y sin conectividad, una parte importante de la sociedad —especialmente los jóvenes— queda desconectada del mundo, de herramientas de estudio y de canales de información.
En este contexto, la dictadura cubana quedó, después de más de seis décadas, al borde del colapso.
La crisis energética es el centro de gravedad del deterioro cubano. Los apagones prolongados se volvieron parte de la rutina y afectan desde hogares hasta hospitales, comercios y transporte público.
El impacto es en cadena: sin energía se reduce la refrigeración de alimentos, se interrumpe el bombeo de agua, se frenan actividades productivas y se limitan servicios esenciales. La falta de combustible golpea también al transporte, lo que a su vez dificulta la distribución de mercadería y agrava el desabastecimiento.
El propio dictador Miguel Díaz-Canel reconoció el deterioro económico y el impacto de la crisis energética: “La economía está parcialmente paralizada. La generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos”.
Cuba necesita alrededor de 110.000 barriles diarios de petróleo, según estimaciones citadas en reportes. Sin embargo, la isla produce cerca de 40.000 barriles diarios, destinados principalmente a alimentar centrales termoeléctricas. El resto debe importarse.
Esto convierte al país en dependiente de acuerdos externos, proveedores políticos y logística internacional, en un momento donde el financiamiento es escaso y la presión geopolítica crece.
Venezuela fue durante años el principal proveedor de Cuba. En 2025, el suministro habría rondado 27.000 barriles diarios, según sistemas de seguimiento citados en reportes, muy lejos de los volúmenes que llegó a aportar en el pasado.
México también aparece como abastecedor parcial, con envíos estimados entre 6.000 y 12.000 barriles diarios. Pero el flujo se volvió más frágil ante el aumento de presión de Estados Unidos.
En paralelo, el circuito incluye a Rusia y otros intermediarios, en un contexto donde sanciones, pagos y logística complejizan el abastecimiento.
Con la red eléctrica al límite y el país operando con fallas constantes, especialistas advirtieron que sin nuevos suministros el régimen podría enfrentar un colapso en pocas semanas, por la imposibilidad de sostener servicios básicos, transporte y generación energética.
La falta de combustible no afecta únicamente a las termoeléctricas: también compromete ambulancias, distribución de alimentos, recolección de residuos y funcionamiento mínimo del Estado.
En este contexto, Estados Unidos endureció su postura hacia Cuba. La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que habilita la imposición de aranceles a países que vendan o suministren petróleo a la isla, una decisión que marca un hito por su alcance y por el mensaje político que envía.
El documento sostiene que Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” y se apoya en una declaración de “emergencia nacional”, mencionando motivos como el alineamiento con Rusia y acusaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos.
El régimen cubano respondió con un comunicado institucional donde afirmó que enfrentará la medida con “firmeza” y aseguró que, ante la presión de Estados Unidos, “la decisión es una: patria o muerte”.
La Habana sostuvo que Washington “se confunde” si cree que la presión económica logrará que “Cuba caiga”, aunque también dejó abierta la puerta a un diálogo bajo condiciones estrictas: respeto mutuo, igualdad soberana y sin “injerencia en asuntos internos”.
Por su parte, Díaz-Canel afirmó que la decisión se tomó “bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos”.
Trump afirmó que “el régimen de Cuba no podrá sobrevivir” tras la orden que apunta al suministro de petróleo, reforzando la idea de una estrategia de máxima presión.
En paralelo al deterioro interno, embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo, según reportes.
La activación de protocolos diplomáticos es un indicador sensible: sugiere que gobiernos extranjeros evalúan escenarios de deterioro acelerado del orden interno, dificultades logísticas o riesgos crecientes para personal diplomático y ciudadanos residentes.
En el lenguaje de la diplomacia, estos movimientos suelen ser discretos, pero contundentes: son señales de que el contexto dejó de ser “crisis sostenida” para convertirse en un posible escenario de escalada.
El otro gran síntoma del colapso es demográfico. La migración masiva se consolidó como salida estructural: no se trata solo de un flujo coyuntural, sino de un proceso que debilita al país por pérdida de población joven, fuga de talentos y envejecimiento acelerado.
A la vez, el fenómeno migratorio incrementa la presión política regional y en Estados Unidos, donde la llegada de cubanos a la frontera se convirtió en un tema sensible.
Con un sistema energético dependiente del exterior, proveedores bajo presión, escasez de divisas, deterioro urbano y social, migración masiva y señales diplomáticas de alarma, Cuba enfrenta un escenario de máxima vulnerabilidad.
La protesta universitaria por el aumento del internet móvil, en ese marco, aparece como un síntoma más: la crisis ya no se expresa solo en indicadores económicos, sino en una sociedad que ve restringidos incluso los mínimos de conectividad y movilidad.
Y mientras el régimen insiste en consignas de resistencia, la isla queda atrapada entre dos realidades: una infraestructura que se apaga y una población que se va.
Pese a este clima de crisis y presión externa, la dictadura no disminuyó la represión contra la disidencia. El país cerró 2025 con 1.197 presos políticos y de conciencia, cifra que expone la persistencia y agudización de la represión estatal. El informe anual de Prisoners Defenders, presentado el 15 de enero de 2026, registra 134 nuevas detenciones políticas durante el año, en un escenario caracterizado por la ausencia de garantías judiciales y el empleo sistemático de castigos físicos y psicológicos como herramientas de control social.
“Nuestra lista contiene personas sometidas a sentencias o disposiciones fiscales de privación de libertad sin supervisión judicial, sin debido proceso y sin defensa efectiva”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, al presentar el informe.
El relevamiento indica que, durante 2025, 1.290 prisioneros políticos pasaron por cárceles cubanas, todos sometidos a alguna forma de tortura, según lo documentado en estudios previos de la organización. Solo en diciembre, diez personas —siete hombres y tres mujeres— fueron encarceladas, principalmente en el oriente de la isla, acusadas en su mayoría por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura penal recurrente utilizada para criminalizar la disidencia.
En la Cuba de hoy, el deterioro ya no se explica como una crisis: se parece más a una cuenta regresiva. Con un Estado que responde con consignas y represión, la isla entra en una fase donde el margen de maniobra se reduce a cero.
En ese contexto, lo que durante décadas se sostuvo por control, miedo y propaganda empieza a mostrar fisuras: un régimen que prometió “revolución” pero dejó ruina, y que tras más de 60 años de dictadura enfrenta su amenaza más concreta, no desde el discurso opositor, sino desde el colapso de la vida cotidiana.
Si la presión externa escala y el combustible deja de llegar, el castrismo podría quedar atrapado en su propio laberinto: sin recursos, sin legitimidad y con una sociedad que ya no aguanta. Y cuando eso ocurre, incluso las dictaduras más férreas descubren que la caída no siempre llega con una invasión: a veces llega con un país apagado.
