El reconocido defensor de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado en Venezuela tras pasar cuatro años y siete meses privado de libertad bajo custodia de las autoridades del régimen chavista. Tarazona, educador, investigador y director de la organización no gubernamental FundaREDES, había sido detenido el 2 de julio de 2021 en el estado Falcón, después de presentarse ante la Fiscalía para denunciar acoso por parte de funcionarios de seguridad.
Durante su trayectoria, Tarazona se destacó por documentar y denunciar la presencia y los abusos cometidos por grupos armados irregulares, incluyendo guerrillas colombianas, en suelo venezolano. Su labor incluyó la exposición de la explotación ilegal de recursos naturales y la vulneración de derechos en zonas fronterizas, con especial atención al reclutamiento de niños y adolescentes por parte de estos grupos, así como la falta de respuesta del Estado frente a la violencia en regiones como Apure y Táchira.
Tras su detención, a Tarazona se le imputaron cargos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Diversos organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, exigieron su liberación inmediata por motivos humanitarios, debido al deterioro de su salud. El defensor presenta diabetes y fibrosis pulmonar, condiciones que se agravaron durante su reclusión.
La excarcelación de Tarazona ocurre tras reiteradas denuncias sobre el carácter arbitrario de su detención y las condiciones críticas de su salud. Su caso ha sido considerado emblemático de la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Durante el proceso judicial, se documentaron irregularidades procesales significativas. En octubre de 2022, el juicio oral fue interrumpido tras dos meses de audiencias debido a la baja médica del juez. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece que, si la interrupción supera los diez días hábiles, el juicio debe reiniciarse desde cero, anulando lo avanzado. Además, la audiencia preliminar fue diferida en 13 ocasiones antes de celebrarse en diciembre de 2021 y, más recientemente, en junio de 2025, el tribunal volvió a posponer audiencias, situación que la defensa de Tarazona describió como una “condena anticipada” por la vía de los hechos.
En las etapas iniciales de su detención, a Tarazona se le impuso un defensor público y se le negó la asistencia de sus abogados de confianza, lo que vulneró su derecho constitucional a la defensa. Asimismo, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que Tarazona fue sometido a tortura psicológica y aislamiento prolongado en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en El Helicoide. El propio Tarazona denunció ante el tribunal, en enero de 2024, que fue víctima de tortura física por parte de agentes estatales.
El deterioro de la salud de Tarazona constituyó uno de los aspectos más graves durante su reclusión. Padece de hipertensión arterial, arritmia cardíaca, asma y fibrosis pulmonar, enfermedades que se agravaron en prisión y que, según FundaREDES, no recibieron tratamiento médico especializado. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y exigió reiteradamente su liberación por razones humanitarias.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión 8/2025, en la que calificó su detención como arbitraria y solicitó su liberación inmediata. Al cierre de enero de 2026, Tarazona acumulaba más de 1.670 días detenido sin que existiera una sentencia firme en su contra.
