Las Américas vivieron durante todo el siglo 21 la expansión de la dictadura de Cuba luego de que Hugo Chávez salvó y se unió a Fidel Castro. Así nació el castrochavismo con alias de socialismo del siglo 21 que resultó la organización de delincuencia organizada trasnacional más exitosa, que aplicando terrorismo de Estado judicializó la represión con acusaciones falsas, leyes infames, fiscales y jueces verdugos y sicarios. Víctimas de estos crímenes son los presos, perseguidos y exiliados políticos en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia a quienes se debe devolver la libertad sin condiciones y sin impunidad para los verdugos.
Las dictaduras del socialismo del siglo 21 suplantaron el sistema jurídico de la democracia con constituyentes y reformas que institucionalizaron la violación de derechos humanos, hicieron desaparecer los derechos y garantías fundamentales, cambiaron los sistemas de justicia, reemplazaron fiscales y jueces por sus títeres, concentraron el poder, institucionalizaron el terrorismo de Estado y su impunidad. El modelo estaba instalado en Cuba y se implantó Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua con dictaduras, e incluso en países que mantuvieron su democracia como Argentina.
He definido la “ley infame” como “la norma que elaborada y establecida siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Este concepto corresponde a la acción sistemática del castrochavismo para implantar su sistema en toda Latinoamérica. El propósito de la leyes infames es el establecimiento del marco institucional para “judicializar la represión”, se trata de leyes para sistematizar el “terrorismo de Estado” que consiste en “la comisión de delitos desde el gobierno para generar miedo en la población y así lograr conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles”.
Con leyes infames, el castrochavismo ejecutó la suplantación de fiscales y jueces de la democracia por operadores bajo su control. Instaló los “fiscales y jueces verdugos o sicarios”. Son verdugos porque “castigan injustamente y sin piedad obedeciendo ordenes que mistifican en decisiones judiciales”; sicarios porque “son asesinos físicos y de la reputación, son matones asalariados para violar los derechos humanos”. Estos fiscales, jueces verdugos y sicarios son delincuentes que falsifican, prevarican, suplantan y más, y están ahora mismo en funciones en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Los presos, exiliados y perseguidos son acusados de haber cometido los gravísimos delitos por ser líderes y/o denunciar crímenes perpetrados por los detentadores del poder en las dictaduras/narcoestados. Son víctimas de acusaciones falsas, persecuciones, encarcelamientos, condenas, apropiación de bienes y sometimiento de sus familias a condiciones de extorsión e indefensión. Los represores le llaman “vacuna para que nadie más se anime contra el régimen”.
Es la judicialización de la persecución política y la criminalización de la oposición o disidencia. En lugar operativos de fuerza de las dictaduras del siglo pasado, el castrochavismo utiliza leyes, fiscales y jueces, medios de comunicación que controla y todo el aparato del Estado para falsificar narrativas que convierten en delincuentes a las víctimas de la dictadura. Les asesinan la reputación y si no los fuerzan al exilio o la clandestinidad, los apresan para hacerlos víctimas de torturas, vejaciones e incluso matarlos en reclusión.
Dirigentes políticos, cívicos, periodistas, militares, religiosos, mujeres, hombres, niños, nacionales y extranjeros, nadie está excluido de la represión. Si la víctima evita la prisión, la persecución es transnacional porque usan la personería del país que controlan para pedir extradiciones, calumniar repitiendo la narrativa que han creado para perjudicar la posibilidad de protección. Perpetran asesinatos transnacionales como del venezolano Teniente Ronald Ojeda secuestrado y muerto en Chile, los asesinatos de los nicaragüenses Gerardo de Jesús Gutiérrez, Rodolfo Rojas y Santiago Rivera Müller en Honduras y Jaime Luis Ortega y Roberto Samcam en Costa Rica, de Fernando Villavicencio en Ecuador y más.
Hoy hay 1204 presos políticos en Cuba certificados por Prisoners Defenders, en Venezuela quedan 711 de acuerdo al Foro Penal, en Nicaragua 62 verificados por Mecanismo, en Bolivia quedan más de 200 según Global Human Rights League. Además, la llamada “liberación” no es libertad, es solo condicional, quedan sujetos a los juicios infames que los llevaron a prisión, les conceden como “beneficio” la libertad provisional o casa por cárcel, les prohíben hacer declaraciones o relatar las atrocidades de que fueron víctimas, los extorsionan con sus familias y más. No están en la cárcel pero tienen muerte civil.
Después del 3 de enero 2026 en que se produjo la captura del dictador Nicolás Maduro se ha iniciado el desmontaje de la dictadura/narcoestado de Venezuela con la liberación de presos políticos como primera medida y aunque Delcy Rodríguez ha anunciado una amnistía y el cierre del Helicoide, la libertad no es eso. Deben extinguirse los juicios, se debe incluir a los exiliados y perseguidos con procesos judiciales fraguados, civiles y militares, hay que abrogar las leyes infames, y no puede haber impunidad para los violadores de derechos humanos, instaladores y operadores del terrorismo de Estado.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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