Once policías guatemaltecos murieron en las últimas jornadas tras ataques relacionados con el repunte de violencia de pandillas en calles y cárceles de Guatemala.
El último agente fallecido, Iván García Hernández, murió el sábado en el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tras haber permanecido en terapia intensiva por heridas de bala sufridas el 18 de enero.
El ataque en el que resultó herido de muerte el agente García Hernández ocurrió en Villa Nueva, municipio colindante con la capital, cuando él y su compañero Luis Alexander Zetino Pérez fueron emboscados por hombres armados mientras prestaban servicio.
Zetino Pérez murió en el lugar del atentado. Las autoridades han confirmado que estos episodios son parte de una escalada de represalias por la recuperación estatal de las cárceles.
Según el registro oficial, el 18 de enero marcó un episodio marcado por la violencia: 10 agentes murieron y ocho resultaron heridos de gravedad en un solo ataque, considerado el más sangriento de los últimos años contra la Policía Nacional Civil (PNC).
El gobierno, encabezado por Bernardo Arévalo, decretó el estado de sitio a nivel nacional por 30 días y anunció el cierre temporal de las escuelas. Medidas que buscan contener la capacidad de maniobra de las estructuras criminales en un clima político ya tensionado por las fricciones entre el Ejecutivo y los órganos judiciales.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación Interior, lideradas por Marco Antonio Villeda, y la dirección general de la PNC, bajo David Custodio Boteo, lamentaron públicamente la «pérdida irreparable» del agente fallecido y reiteraron que la institución «no cederá» ante la violencia de las pandillas.
El informe oficial precisó que las estructuras criminales prepararon una ofensiva simultánea en tres presidios, tomada como un mensaje directo de desafío ante las acciones del gobierno.
El incremento de la violencia en Guatemala encuentra sus causas inmediatas en la ofensiva lanzada por el Estado guatemalteco para retomar el control de tres cárceles. Según reportaron fuentes oficiales, estos operativos estatales desencadenaron motines el 17 de enero, cuando reos presuntamente afiliados a pandillas conocidas localmente como maras tomaron como rehenes a 46 empleados penitenciarios en una acción coordinada y simultánea. Las represalias de las bandas delictivas han tenido su reflejo tanto en centros de reclusión como en las principales ciudades, abriendo una nueva fase de inseguridad con consecuencias directas sobre la fuerza pública.
Los motines carcelarios y la toma de rehenes por parte de organizaciones criminales evidencian la capacidad de las maras para desafiar a las fuerzas de seguridad y al Estado guatemalteco. El comando policial trabaja bajo máxima alerta mientras se planifican los funerales en la sede central de la PNC, con el propósito de honrar a los agentes caídos.
