La madrugada del 3 de enero de 2026, una operación militar coordinada por Estados Unidos sacudió el centro de Caracas y desencadenó el mayor cambio político en Venezuela en más de dos décadas. La captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses, marcó el fin abrupto de su gobierno y el inicio de una transición bajo presión internacional. La misión, denominada Operación Determinación Absoluta, dejó un saldo de al menos 47 militares venezolanos y 32 agentes cubanos muertos, y trasladó a Maduro a Nueva York, donde permanece bajo custodia en un centro federal de máxima seguridad, enfrentando cargos de narcoterrorismo y conspiración.
El vacío de poder fue ocupado inmediatamente por Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina en un contexto de máxima tensión. Su administración conservó la mayor parte de la estructura chavista, incluyendo mandos civiles, militares y judiciales, pero debió operar bajo la supervisión constante de Washington. Desde el inicio, la gestión de Rodríguez quedó sujeta a una agenda de control internacional y exigencias públicas para garantizar la apertura democrática, la liberación de presos políticos y la reforma de sectores estratégicos.
La transición no supuso el colapso de las instituciones heredadas del chavismo, pero sí una transformación forzada y acelerada de las reglas del poder. La presión directa de la Casa Blanca, encabezada por Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio, obligó a Rodríguez a implementar una serie de concesiones progresivas. Muchas de estas decisiones contradicen no solo los discursos oficiales que dominaron la vida política venezolana durante los últimos veinticinco años, sino también principios fundamentales establecidos por Hugo Chávez, marcando una ruptura inédita en la narrativa y la praxis del régimen.
Desde su anuncio el pasado 8 de enero, el proceso de liberación de presos políticos ha sido lento, opaco y marcado por la incertidumbre. Organizaciones como Foro Penal han confirmado la excarcelación de 344 personas desde el 8 de enero, pero ninguna ha recibido libertad plena. A la mayoría se le imponen medidas sustitutivas y restricciones de movilidad, manteniendo un control estatal sobre sus vidas.
Las liberaciones, casi siempre nocturnas y sin previo aviso, han obligado a los familiares a organizar operativos improvisados para rescatarlos en calles desiertas o zonas alejadas. Casos como el del periodista Biagio Pilieri y el ex alcalde Enrique Márquez ilustran la metodología: son abandonados por funcionarios en lugares públicos, sin recursos ni información. La falta de listas oficiales por parte del Ministerio Público y del Ministerio de Servicio Penitenciario agrava la angustia, pues obliga a las familias a esperar durante horas en las afueras de centros de tortura y cárceles comunes como El Rodeo o Tocuyito sin certezas sobre el destino de sus allegados.
El gobierno provisional de Delcy Rodríguez ha presentado la Propuesta de Ley de Amnistía General, que abarca todos los casos de violencia política desde 1999, pero excluye delitos graves como homicidio, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Esta medida, exigida por Estados Unidos y celebrada con cautela por la oposición, ha sido puesta bajo la lupa por organizaciones como Foro Penal, que advierten el riesgo de impunidad para quienes ordenaron o ejecutaron la represión estatal. El cierre de centros emblemáticos como El Helicoide o La Tumba se ha anunciado como un gesto simbólico, pero persiste el control judicial del chavismo y la permanencia de jueces designados por el régimen.
El plano económico ha experimentado una apertura sin precedentes desde la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos el 30 de enero y que revirtió los cambios implementados en materia de hidrocarburos por Chávez durante sus primeros años de gestión. Por primera vez en décadas, empresas privadas, incluidas estadounidenses, tienen acceso directo a los pozos petroleros y pueden comercializar crudo sin pasar por el monopolio de PDVSA. El Departamento de Energía de Estados Unidos supervisa la gestión de los recursos, asegurando que los ingresos se destinen a programas sociales bajo protocolos de Washington. El presidente Trump anunció el traslado inmediato de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado hacia Estados Unidos, con los fondos bloqueados administrados en cuentas vinculadas a asistencia humanitaria.
A pesar del optimismo generado por la expectativa de una reactivación económica, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación podría escalar hasta un 682% en 2026, debido a la inestabilidad política y la fragmentación estatal. Grupos armados como el Tren de Aragua y colectivos mantienen el control de zonas periféricas, desafiando la autoridad del nuevo gobierno y complicando la restitución de la seguridad ciudadana. La persistencia de la crisis social se refleja en el salario mínimo, aún incapaz de cubrir la canasta básica, y en la falta de mejoras tangibles en servicios públicos como la salud y la educación.
En el ámbito internacional, Venezuela ha pasado de un aislamiento casi total a una normalización diplomática bajo tutela estadounidense. Washington lidera el proceso, con delegaciones diplomáticas que supervisan la seguridad de instalaciones petroleras, gestionan fondos y auditan cada paso de la transición. Países de la Unión Europea, encabezados por España y Francia, condicionan la ayuda económica al cumplimiento estricto de la ley de amnistía y la liberación total de presos políticos.
En América Latina, Argentina ha reconocido la “fase de transición” y ha supeditado la reactivación de tratados diplomáticos a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado por las fuerzas de la dictadura chavista en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país a visitar a su esposa venezolana. Brasil y Colombia han iniciado diálogos pragmáticos para gestionar la seguridad fronteriza y el eventual retorno de migrantes, aceptando el nuevo escenario de influencia estadounidense.
El conflicto por el Esequibo con Guyana ha quedado en suspenso, favorecido por la presencia de petroleras estadounidenses en ambos territorios. China, por su parte, ha optado por el pragmatismo económico, reconociendo al gobierno provisional a cambio de garantías sobre el pago de la deuda energética, mientras Rusia mantiene un silencio tenso ante la pérdida de su aliado estratégico en la región.
En la cotidianidad venezolana, la población oscila entre una esperanza cautelosa y un persistente escepticismo ante la transición. Muchos ciudadanos perciben la caída de Maduro como un hito relevante, aunque insuficiente para resolver los problemas estructurales que afectan al país desde hace años. Predomina la exigencia de una renovación profunda del liderazgo político y la inquietud ante la posibilidad de que prácticas de corrupción y desatención a los servicios públicos se mantengan pese al cambio de figuras en el poder. La expectativa de transformaciones reales en áreas críticas como la salud, la economía y la seguridad convive con la preocupación de que los nuevos anuncios oficiales tarden en traducirse en mejoras tangibles para la vida diaria.
Un mes después de la intervención militar, Venezuela está inmersa en una transición tutelada, caracterizada por la reconfiguración forzada de sus instituciones, la persistencia de prácticas opacas en derechos humanos y la administración de la salida chavista bajo el control de potencias extranjeras. Las mejoras prometidas aún no llegan a la vida diaria, mientras la sociedad observa con cautela los primeros pasos de un proceso que podría redefinir el futuro del país.
