La fiscalía de Milán identificó al primer investigado en el caso del presunto “turismo de francotiradores” durante el sitio de Sarajevo, un fenómeno hasta ahora oculto que habría permitido a extranjeros adinerados pagar por disparar contra civiles durante la guerra de Bosnia. Según dos fuentes con conocimiento directo del caso, se trata de un italiano de 80 años, ex camionero que vive cerca de la localidad de Pordenone, en el noreste de Italia. El hombre fue citado a declarar ante el fiscal Alessandro Gobbis el próximo 9 de febrero y permanece en libertad.
El cargo que enfrenta es homicidio premeditado agravado por motivos abyectos, delito que no prescribe en Italia por su extrema gravedad. Las fuentes consultadas por Reuters no precisaron si el investigado está siendo señalado por haber disparado directamente contra civiles o por haber participado en labores de transporte y logística para otros “turistas” que acudían a las posiciones serbio-bosnias. Esta distinción resulta crucial, pues la denuncia presentada por el periodista italiano Ezio Gavazzeni sostiene que el fenómeno involucraba tanto a francotiradores como a quienes organizaban y facilitaban estos viajes desde el norte de Italia hacia las colinas que rodean Sarajevo.
El sitio de Sarajevo duró 1.425 días, desde el 5 de abril de 1992 hasta el 29 de febrero de 1996, convirtiéndose en el asedio más prolongado a una ciudad en la historia moderna. Durante ese período, fuerzas del Ejército Popular Yugoslavo y del Ejército de la República Srpska (serbio-bosnia) rodearon la capital bosnia y la sometieron a bombardeos y fuego de francotiradores desde las colinas circundantes. Más de 11.000 civiles murieron en esos años, entre ellos 1.600 niños, y cerca de 50.000 personas resultaron heridas. Los habitantes de Sarajevo pasaron a ser conocidas como “avenida de los francotiradores” por la altísima peligrosidad que implicaba cruzarlas.
La investigación de la fiscalía de Milán se puso en marcha en noviembre de 2025 tras la denuncia presentada por Gavazzeni, periodista y novelista especializado en terrorismo y crimen organizado. Gavazzeni elaboró un dosier de 17 páginas en el que recoge testimonios, informes de inteligencia militar y evidencias que apuntan a la existencia de una red que organizaba viajes para que ciudadanos europeos, estadounidenses y de otras nacionalidades pagaran por disparar contra civiles bosnios. El periodista se inspiró para investigar el caso tras ver el documental “Sarajevo Safari”, del director esloveno Miran Zupanic.
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El documental sostiene que durante el sitio operó una organización sofisticada y clandestina que permitía a extranjeros adinerados viajar a Sarajevo, escoltados por fuerzas serbio-bosnias, para participar en cacerías humanas desde posiciones fortificadas en las montañas. Según el testimonio de un ex agente de inteligencia militar bosnia recogido en la película, esta actividad implicaba el pago de sumas exorbitantes. Gavazzeni declaró a medios italianos que un “safari” de fin de semana podía costar el equivalente a un apartamento de tres habitaciones en una zona exclusiva de Milán, es decir, entre 250.000 y 300.000 euros actuales.
La ruta que seguían estos turistas, según la denuncia de Gavazzeni, partía de la ciudad italiana de Trieste, fronteriza con Eslovenia y tradicional puerta hacia los Balcanes. Desde allí viajaban a Belgrado, capital serbia, donde eran recibidos por soldados serbio-bosnios que los escoltaban hasta las colinas alrededor de Sarajevo. Los organizadores, según las fuentes consultadas, habrían utilizado aviones de la compañía Aviogenex y, dependiendo de la situación en el terreno, helicópteros, autobuses o vehículos todoterreno para completar el trayecto. Una vez en las posiciones de francotiradores, utilizaban las mismas armas que el ejército serbio-bosnio para evitar ser identificados posteriormente.
El periodista señaló que los servicios secretos italianos, el SISMI, recibieron información sobre estos viajes en 1993 de parte de la inteligencia bosnia y lograron identificar a algunos participantes. Según Gavazzeni, el SISMI bloqueó los viajes tras dos o tres meses de operación, aunque el fenómeno podría haber continuado con participantes de otras nacionalidades. En declaraciones a medios españoles, Gavazzeni afirmó que había “muchísimos italianos”, representando alrededor del 50% de los participantes, además de alemanes, franceses, ingleses, estadounidenses, canadienses y rusos. Uno de los italianos identificados en las investigaciones de 1993 era propietario de una clínica privada de cirugía estética en Milán, según reveló el diario La Repubblica.
El caso reabrió viejas heridas en Sarajevo. Benjamina Karic, quien fue alcaldesa de la capital bosnia entre 2021 y 2024, presentó en septiembre de 2022 una denuncia ante la fiscalía de Bosnia-Herzegovina tras el estreno del documental “Sarajevo Safari”. Esa investigación, sin embargo, se estancó. Karic contactó posteriormente con Gavazzeni y le facilitó material que el periodista italiano incluyó en su denuncia ante la fiscalía de Milán. La ex alcaldesa declaró que tiene fe en que la investigación italiana contribuya a hacer justicia tres décadas después de los hechos.
El documental “Sarajevo Safari” recibió críticas por basarse principalmente en testimonios de testigos, algunos de ellos anónimos, sin aportar pruebas documentales concluyentes. Las autoridades de la República Srpska, la entidad serbio-bosnia dentro de Bosnia-Herzegovina, negaron rotundamente las acusaciones y calificaron la película de “propaganda”. El alcalde de Istocno Sarajevo, Ljubisa Cosic, presentó incluso una denuncia contra el director Miran Zupanic. Sin embargo, el documental también rescató un testimonio previo que había quedado enterrado: en 2007, el ex marine estadounidense John Jordan declaró ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el juicio contra el general Dragomir Milosevic que vio individuos en posiciones del ejército serbio-bosnio que “no actuaban como locales” y se ajustaban al perfil de “tiradores turistas”.
Italia puede investigar estos crímenes en virtud del principio de justicia universal, reconocido por el derecho internacional para perseguir genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Este principio permite a los tribunales de un país juzgar delitos cometidos en otro territorio cuando los hechos revisten especial gravedad y existe riesgo de impunidad. Los Convenios de Ginebra de 1949 establecen la obligación de perseguir crímenes de guerra independientemente de dónde se cometieron. La fiscalía de Milán calificó los hechos como homicidios múltiples con agravantes de crueldad y motivos abyectos, lo que impide su prescripción.
Gavazzeni adelantó que este caso es solo el comienzo. El periodista, que publicará un libro sobre sus investigaciones el próximo 15 de marzo, aseguró a medios italianos que el material presentado a la fiscalía representa apenas el 15% de la información que recopiló. Vaticinó que habrá más investigados en el futuro y declaró a la agencia suiza SWI que “mucha gente no está durmiendo bien por la noche”. En declaraciones a La Repubblica, el periodista subrayó que se trata de “gente adinerada, con reputación, empresarios que durante el asedio pagaron para matar civiles indefensos. Salían de Trieste y regresaban luego para proseguir con sus vidas normales y respetables a ojos de todos”.
