En el marco de una investigación que promete ser una de las más trascendentales en materia de delitos económicos en la provincia, la UFI de Estafas y Delitos Informáticos procedió al allanamiento y clausura del local comercial de la empresa Emmebe, ubicado sobre calle Laprida, entre Catamarca y Sarmiento. El operativo, bajo las órdenes del fiscal Guillermo Heredia, forma parte de una instrucción que ya había incluido un procedimiento previo en la firma Branka Motors, situada en la intersección de Avenida Rioja y 25 de Mayo.
Durante los procedimientos, los efectivos policiales y peritos de la unidad de investigación procedieron al secuestro de teléfonos celulares y documentación contable, elementos que resultan vitales para reconstruir la trama de una presunta estafa piramidal o sistemática en la venta de rodados. La causa se maneja bajo un estricto hermetismo judicial, dada la magnitud del perjuicio económico reportado hasta el momento.
Récord de denuncias y acción colectiva
Desde la Dirección de Defensa al Consumidor, a cargo de Fabiana Carrizo, confirmaron que la entidad ya acumula 163 reclamos formales, cifra que supera ampliamente cualquier antecedente de acción colectiva en la provincia. Las autoridades estiman que, al finalizar la instrucción judicial, el número de damnificados podría superar las 170 personas. Ante este escenario, se ha convocado a una audiencia de conciliación para este viernes a las 10:00 horas en el Centro Cívico, aunque existe una marcada incertidumbre sobre la comparecencia de los representantes legales de las firmas denunciadas.
Tipos de irregularidades detectadas
La repartición provincial ha logrado identificar dos patrones claros en las maniobras denunciadas por los usuarios:
- Falta de entrega de unidades: El grueso de los denunciantes abonó sumas que parten desde los $1.200.000, realizando en muchos casos pagos al contado por vehículos que nunca fueron puestos a su disposición.
- Irregularidades documentales: Aproximadamente un 10% de los casos involucra a clientes que sí recibieron el vehículo, pero carecen de la documentación necesaria para el patentamiento, lo que les impide circular legalmente.
Este caso configura la acción colectiva más grande registrada en la historia de la dependencia estatal sanjuanina, lo que exhibe la gravedad de una maniobra que ha dejado un tendal de víctimas en diversos sectores de la sociedad local. La Justicia busca ahora determinar las responsabilidades penales detrás de lo que parece ser una estructura organizada para la captación de fondos sin respaldo en mercadería.
