En un nuevo capítulo de la escalada de tensión entre las provincias cuyanas, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, brindó este miércoles una contundente respuesta a las pretensiones territoriales y ambientales manifestadas por el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela. El conflicto, que tiene como eje central el megaproyecto minero Vicuña, alcanzó niveles críticos tras la decisión de la justicia riojana de bloquear el acceso logístico al yacimiento.

Orrego fue tajante al defender la soberanía sanjuanina sobre los recursos de cobre, oro y plata que se encuentran en la zona. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida”, sentenció el mandatario a través de un comunicado oficial, desestimando el argumento riojano que cuestiona la validez de dicha norma por haber sido dictada durante un gobierno de facto.

Bloqueo judicial y riesgo de inversiones

La disputa legal se intensificó esta semana cuando la jueza riojana María Greta Decker hizo lugar a un reclamo de su provincia y suspendió por 30 días las actividades vinculadas al proyecto. La medida se fundamenta en que la empresa Vicuña Corp no presentó un informe de impacto ambiental ante las autoridades de La Rioja, a pesar de que el proyecto se encuentra físicamente en suelo sanjuanino, a cinco kilómetros de la frontera.

Este bloqueo resulta estratégico, ya que el acceso principal al yacimiento se realiza a través del camino de Guandacol, ubicado en territorio riojano. «La soberanía de su provincia sobre el yacimiento es clara, legal y reconocida», afirmó Orrego, quien además agregó que “no existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos”.

El cuestionamiento a Ischigualasto y los límites de 1968

Por su parte, Quintela redobló la apuesta al sugerir que el Senado de la Nación debería intervenir para redefinir los límites, alegando que el acuerdo de 1968 carece de validez democrática. Bajo esta premisa, el mandatario riojano puso en duda incluso la pertenencia del Parque Provincial Ischigualasto a San Juan, solicitando un gesto de «generosidad» por parte de las autoridades sanjuaninas.

La situación genera una honda preocupación en el sector privado, dado que para este 2026 se esperaban inversiones cercanas a los US$1.000 millones. El proyecto Vicuña es considerado el más importante de la provincia y uno de los pilares de la minería a nivel nacional. Orrego concluyó advirtiendo que no permitirá que se abran debates sin sustento jurídico: “La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones”.