Se realizó la 108° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) para tratar como temática central los criterios socioeconómicos para la evaluación de pensiones no contributivas de discapacidad para la protección social, para la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Entre otros aspectos aprobados, se considerará para el cálculo de ingresos mensuales netos que la persona que requiera la pensión no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Se incluye como ingresos las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia registrados, las rentas de referencia para trabajadores autónomos y monotributistas, las sumas originadas en prestaciones contributivas o no contributivas nacionales, provinciales, los programas sociales (Monotributo Social), de capacitación y empleo _incluido el peculio por talleres protegidos- y subsidios por Desempleo, entre otras.
Se hará verificación de la situación patrimonial del o la solicitante de bienes inmuebles (puede ser propietaria de hasta un inmueble sobre el cuál deberá acreditar carácter de vivienda única familiar y que coincida con el domicilio de residencia) y bienes automotores (ser titular de hasta un bien automotor de antigüedad mayor a 10 años, si tiene más de un vehículo o con antigüedad menor a los 10 años deberá justificar cómo lo adquirió).
Se acordó que si el solicitante de la pensión es extranjero, deberá acreditar residencia legal mínima continuada en el país de 5 años, anteriores a la fecha de pedir el beneficio.
Otros de los planteos discutidos por los representantes de todas las provincias y de organizaciones de la sociedad civil que son parte de la convocatoria fue el impacto de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el sistema de certificación de CUD por parte de las juntas evaluadoras y el proyecto de ley de fraude en pensión por invalidez propuesto por el Ejecutivo Nacional.
A su vez, la directora de Personas con Discapacidad de San Juan, Paula Moreno, solicitó en este ámbito la inmediata intervención de SeNaDis (Secretaría Nacional de Discapacidad) para la regularización de los pagos atrasados -en algunos casos por un lapso de hasta 6 meses- del Programa Incluir Salud, lo que afecta el regular funcionamiento de al menos 14 instituciones socioeducativas y centros de rehabilitación además de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad.
