La megacausa por estafas vinculada a Branka Motors sumó un giro decisivo en San Juan luego de que la Justicia revocara el acuerdo de reparación integral firmado por los imputados y ordenara su traslado inmediato al Servicio Penitenciario. La medida se adoptó tras el incumplimiento del primer pago comprometido con las víctimas.

El acuerdo que no se cumplió

El conflicto se profundizó después de que Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire no hicieran efectiva la primera cuota del convenio pactado con 352 damnificados. Según la investigación, el monto total de la presunta estafa asciende a 524 millones de pesos.

Durante la audiencia realizada el pasado viernes 8 de mayo, el fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, sostuvo que la conducta de los imputados constituía una maniobra dilatoria. El representante del Ministerio Público remarcó que, al momento de firmar el convenio, los acusados habían asegurado contar con los fondos de manera inmediata.

«El acuerdo se basó en fondos que los imputados aseguraron tener disponibles y no en ingresos hipotéticos. El dinero comprometido debía estar en su poder; no se trataba de montos sujetos a especulación», sentenció el Dr. Heredia ante la jueza de Garantías, Ana Carolina Parra.

Tensión en la audiencia y pedido de prisión preventiva

La audiencia estuvo atravesada por momentos de tensión cuando la defensa intentó justificar la falta de pago mediante supuestas demoras en un préstamo gestionado en la provincia de Mendoza. Incluso, se afirmó que la transferencia ya había sido realizada, pero esa versión fue descartada en el acto al comprobarse que no existía acreditación en las cuentas judiciales.

Frente a ese escenario, Heredia solicitó inicialmente 10 meses de prisión preventiva para los tres imputados. El fiscal fundamentó el pedido en el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de preservar el patrimonio de las víctimas.

Además, el representante del Ministerio Público pidió avanzar con el remate de bienes inmuebles y vehículos pertenecientes a los acusados, con el objetivo de resguardar los fondos que podrían destinarse al resarcimiento de los damnificados.

La decisión de la jueza Parra

Finalmente, la jueza Ana Carolina Parra resolvió revocar el acuerdo de reparación integral, dictar 5 meses de prisión preventiva para Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, y ordenar su alojamiento en el Penal de Chimbas.

La magistrada también dispuso reactivar la Investigación Penal Preparatoria para que la causa avance hacia un eventual juicio oral. Con esta resolución, los beneficios procesales que habían obtenido los imputados quedaron sin efecto.

Mientras tanto, el fiscal Heredia continuará con el rastreo patrimonial para determinar el destino final del dinero de los damnificados. Las víctimas, por su parte, manifestaron su malestar por la falta de cumplimiento del acuerdo y por la pérdida de valor de sus ahorros en el actual contexto inflacionario.