Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para impedir el decomiso de bienes heredados por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La defensa sostiene que se trata de activos de origen lícito y cuestiona que puedan ser alcanzados por una medida vinculada a una condena en la que ellos no fueron juzgados ni condenados.
En la política argentina hay temas que nunca terminan de abandonar la agenda. Cambian los gobiernos, cambian los ministros, cambian los algoritmos de las redes sociales, pero algunos expedientes parecen tener una membresía vitalicia en los titulares. La causa Vialidad es uno de esos casos capaces de atravesar calendarios completos sin perder protagonismo.
Esta vez el foco volvió a posarse sobre un capítulo tan sensible como complejo: el destino de una serie de propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner. La discusión jurídica gira alrededor de una pregunta que podría ocupar seminarios enteros de derecho: hasta dónde puede llegar el decomiso de bienes cuando estos fueron transferidos o heredados por terceros que no fueron condenados en la causa original.
Mientras los abogados redactan escritos de cientos de páginas y los tribunales analizan antecedentes, la batalla judicial sigue escalando peldaños. Como ocurre en las grandes sagas legales argentinas, cuando una instancia se pronuncia, inmediatamente aparece otra. Y cuando parece que el recorrido está agotado, surge un nuevo recurso dispuesto a extender la historia algunos capítulos más.
La defensa de la expresidenta sostiene que los inmuebles tienen origen legal y que no existe prueba que permita vincularlos directamente con los hechos investigados. Del otro lado, las decisiones judiciales previas respaldaron la posibilidad de avanzar sobre bienes transferidos a título gratuito cuando se considera que derivan de activos alcanzados por el decomiso.
Ahora la discusión aterriza en el máximo tribunal del país. Allí deberá definirse si corresponde revisar lo resuelto por las instancias inferiores o si el criterio aplicado hasta ahora continúa firme. En una Argentina donde las causas judiciales suelen convivir con la política, la economía y la discusión pública, la resolución promete volver a ocupar espacio en la conversación nacional. Porque algunos expedientes no solo recorren tribunales: también recorren años enteros de la vida política argentina.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar el decomiso de bienes heredados por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, dispuesto en el marco de la causa Vialidad.
La presentación judicial busca que el máximo tribunal revise las decisiones adoptadas por las instancias inferiores respecto de una serie de inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz que fueron transferidos por Néstor Kirchner y posteriormente por la propia exmandataria a sus hijos.
La defensa cuestiona el alcance del decomiso
En el escrito presentado ante la Corte, la defensa sostuvo que la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 2 amplió de manera indebida el alcance de la sanción patrimonial.
Según argumentó, la medida permite que el decomiso recaiga sobre activos de origen lícito sin que exista una acreditación concreta de que dichos bienes constituyan producto o provecho de los delitos investigados.
“Se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado”, señalaron los abogados.
La defensa rechazó específicamente el decomiso de 10 departamentos, dos viviendas y diversos terrenos ubicados en Río Gallegos y Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz.
Asimismo, sostuvo que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.
Los argumentos sobre el origen de las propiedades
Los representantes legales de la expresidenta remarcaron que los inmuebles fueron adquiridos por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner mediante operaciones legales y con recursos de origen lícito.
En ese sentido, afirmaron que las propiedades “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.
Además, insistieron en que tanto Máximo como Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa Vialidad, por lo que consideran improcedente incluir bienes actualmente bajo su titularidad dentro del proceso de decomiso.
Las decisiones de la Justicia
El Tribunal Oral Federal 2 había aceptado el planteo de la fiscalía e incorporó esos inmuebles al conjunto de activos sujetos a recupero por considerar que fueron adquiridos durante el período temporal analizado en la investigación.
Posteriormente, a fines de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión y ratificó que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso cuando fueron transferidos a terceros o recibidos mediante herencia.
Los jueces señalaron que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.
Esa resolución dejó firme un decomiso superior a 684.000 millones de pesos y habilitó el avance de medidas destinadas a concretar el resarcimiento económico al Estado.
La decisión queda en manos de la Corte
En su nueva presentación, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner también argumentó que la medida afecta el derecho de propiedad y vulnera principios como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Asimismo, destacó que el Ministerio Público Fiscal mantiene facultades para identificar otros bienes que eventualmente puedan ser incorporados al recupero patrimonial establecido en la causa.
Con el recurso de queja ya ingresado, será ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de definir si revisa el caso y analiza nuevamente el alcance del decomiso dispuesto por los tribunales inferiores.
