La organización de derechos humanos Human Rights Activists (HRANA) con sede en Estados unidos informó que, entre el 5 y el 14 de enero de 2026, se ejecutaron al menos 52 personas en 42 prisiones de Irán. Las ejecuciones, que se llevaron a cabo de forma simultánea a las protestas nacionales y bajo un bloqueo generalizado de internet, fueron llevadas adelante contra personas previamente condenadas a muerte principalmente por cargos de asesinato y delitos relacionados con drogas.
Las sentencias se implementaron en un contexto en el que el acceso a la información pública está severamente restringido y la supervisión independiente de los procedimientos judiciales era prácticamente imposible.
Según HRANA, las penas capitales abarcaron una amplia variedad de centros penitenciarios repartidos por distintas provincias. Entre el 5 y el 12 de enero se verificaron al menos 37 ejecuciones en diversas cárceles, con nombres y fechas concretas, principalmente por cargos de asesinato. Además, se reportaron varios actos por delitos relacionados con drogas en la misma semana.
En los días siguientes, se reportó una nueva ola de ejecuciones: solo el 10 de enero, dos presos fueron ejecutados en la prisión de Karaj por delitos de drogas y tres en Aligudarz por asesinato. El 11 de enero, dos personas más se sumaron a la lista del régimen en Bandar Abbas y, el 12, otras cuatro en Isfahan.
Al 13 de enero, HRANA documentó al menos 10 presos en varias cárceles que recibieron el mismo final: seis por asesinato y el resto por delitos de drogas u otras acusaciones no políticas ni de seguridad. El 14 de enero, al menos cinco personas más fueron ejecutadas por cargos de homicidio.
La ONG señaló que continúa revisando información y pendientes de identificar a siete de los prisioneros ejecutados en este periodo.
Al cierre del vigésimo día de protestas en Irán, el viernes, el número total de muertes confirmadas asciende a 3.090, mientras que aún se encuentran en revisión 3.882 casos adicionales.
En ese sentido, reportaron que al menos 2.055 personas se encuentran con lesiones graves y el número de arrestos alcanzó los 22.123. El país sigue bajo un bloqueo nacional de internet y se observa una intensificación de las respuestas diplomáticas y de seguridad a nivel internacional, además de la persistencia de la represión judicial y de seguridad en el territorio iraní.
En el plano internacional, continuaron las reacciones centradas en la preocupación por la situación de los derechos humanos, la retirada de diplomáticos y el aumento de la presión política sobre Teherán. A nivel nacional, las autoridades mantuvieron una narrativa basada en la seguridad y atribuyeron las protestas a la injerencia de actores extranjeros.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Irán se abstuvo de ejecutar a más de 800 personas debido a presiones políticas, declaraciones que fueron acompañadas de renovados llamados a detener la violencia contra los manifestantes.
En respuesta a la presión externa, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la declaración del G7 sobre la represión de las protestas y la calificó de “intervencionista”. Al mismo tiempo, las autoridades del régimen iraní justificaron su accionar enfatizando imperativos de seguridad y afirmando su fundamento legal, al tiempo que rechazan o minimizan las críticas internacionales.
