Brasil corre el riesgo de perder una cita clave con el futuro: convertirse en un país de referencia tecnológica para la construcción de nuevos centros de datos. El país es rico en energías renovables y desde hace tiempo se ha postulado como un hub internacional del sector. Sin embargo, lo que hoy frena este impulso hacia el futuro es la burocracia.
Hasta ahora, ninguna empresa ha logrado acceder a los incentivos prometidos por el gobierno de Lula, que obligaban a las compañías a destinar el 2% de sus inversiones a investigación y al menos el 10% de los servicios al mercado interno. A cambio, el gobierno renunciaba a recaudar impuestos por 7.500 millones de reales (1.410 millones de dólares) en los próximos tres años. El estancamiento se debe a que la medida provisional creada sobre este tema el pasado septiembre, a través del plan Redata, vence en febrero sin que el Ejecutivo haya elaborado la reglamentación necesaria para su funcionamiento.
A pesar de que la Asociación Brasileña de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Brasscom) prevé para este año inversiones en el sector de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en el gigante latinoamericano, existe el riesgo de que las empresas brasileñas queden fuera de esta carrera tecnológica.
Según la intención del gobierno, esta medida provisional debía incorporarse al proyecto de ley sobre inteligencia artificial, cuyo relator es el diputado Aguinaldo Ribeiro, del partido Progressistas (PP). Sin embargo, este proyecto de ley también parece haberse estancado. “El problema es que nos enfrentamos además a una incertidumbre jurídica y fiscal, y no sabemos qué escenario será aprobado en relación con estos dos temas, tanto Redata como el proyecto de ley de inteligencia artificial», declaró al diario O Globo el presidente de la Asociación Brasileña de Centros de datos (ABDC), Renan Lima.
Según datos de ABDC de 2025, existen 162 centros de datos en Brasil, concentrados principalmente en el sudeste. No obstante, debido a los retrasos burocráticos, el número podría aumentar poco en los próximos meses, penalizando sobre todo a las empresas brasileñas de tamaño medio. Los gigantes del sector, en cambio, siguen viendo a Brasil como un destino estratégico.
Prueba de ello es la inversión de la empresa china ByteDance, controladora de TikTok, en un megadata center cerca del puerto de Pecém, en el estado de Ceará, en el noroeste del país. Será la mayor instalación de un solo cliente en Brasil y también la primera orientada a la exportación, ya que los datos procesados allí corresponderán a usuarios de otros países. Las obras comenzaron a inicios de este mes. El complejo, con una capacidad inicial de procesamiento de 200 MW, prevé la construcción de cinco centros de datos y una inversión superior a 580.000 millones de reales (cerca de 109.050 millones de dólares), según el Ministerio de Desarrollo e Industria. La primera fase debería estar lista para septiembre de 2027.
El problema de los retrasos en los beneficios fiscales no parece haber afectado a la empresa china, que decidió construir su instalación dentro del perímetro de la Zona de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) de Ceará, un área que concentra industrias exportadoras y que ya cuenta con beneficios fiscales y aduaneros. El proyecto incluye también la construcción de un parque eólico para el suministro energético y una red de transmisión de alta tensión.
La obra obtuvo una licencia preliminar de las autoridades ambientales de Ceará al ser considerada de bajo impacto, pero en noviembre de 2025 el Ministerio Público Federal solicitó una pericia para evaluar si era necesario un estudio de impacto ambiental más exhaustivo. La pericia ya fue concluida, aunque los resultados aún no han sido divulgados.
Persisten las preocupaciones de las comunidades locales, incluidas las indígenas, y de los ambientalistas, ya que, según el sitio G1, el proyecto recibió autorización con un “estudio ambiental simplificado, el mismo que se exige para obras de pequeña y mediana envergadura”. También existe inquietud por el consumo de agua de la instalación y, sobre todo, por su origen. Se teme un mayor deterioro de los niveles de la Lagoa do Cauípe, la principal reserva hídrica de la región, ya sometida a estrés debido a sequías que se han producido 16 veces en los últimos 21 años.
Con 13 centros de datos, Ceará ocupa el tercer lugar a nivel nacional, después de San Pablo y Río de Janeiro. Sus instalaciones cuentan con infraestructuras de vanguardia y certificación TIER III, que indica un alto nivel de fiabilidad y continuidad operativa. El estado es además el segundo hub de las Américas en número de cables submarinos, con 16 que pasan por el océano cercano, lo que también despierta temores de sabotaje o espionaje, dado que estos cables transportan datos y conexiones de internet entre las Américas y el resto del mundo.
Ceará también pretende posicionarse como un hub para la minería de bitcoin gracias a la presencia de la Digital Belt, una red de fibra óptica que se extiende por más de 6.000 kilómetros en todo el estado. Actualmente, cinco de los doce pares de fibras ópticas están sin uso y tres de ellos podrían activarse específicamente para atender a centros de datos ubicados en zonas rurales. Tether es una de las primeras empresas en haber manifestado su intención de minar bitcoin en Brasil utilizando energías renovables.
En cuanto a la inteligencia artificial, el plan anunciado por Lula en 2024 para contar con uno de los cinco supercomputadores más potentes del mundo e invertir unos 23.000 millones de reales (4.324 millones de dólares) en cuatro años avanza con dificultad en un sector que necesita rapidez para ser competitivo. También falta una ley sobre inteligencia artificial y soberanía digital.
En relación con la regulación de las Big Tech, la actuación de las autoridades brasileñas sigue siendo puntual, pero carece de una visión más amplia. Por ejemplo, el martes la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, junto con la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) y la Fiscalía General, pidieron a la empresa que controla X que impida el uso indebido de Grok para crear contenidos sexualizados ilegales. Exigieron, en un plazo de 30 días, procedimientos para identificarlos y eliminarlos, la suspensión inmediata de las cuentas implicadas y la adopción de mecanismos eficaces de denuncia y protección de datos personales.
También el Tribunal Superior Electoral (TSE), especialmente en este año decisivo de cara a las elecciones presidenciales de octubre, ha abierto una consulta pública sobre las normas electorales. La propuesta busca imponer a las plataformas digitales la obligación de retirar de forma proactiva e inmediata, incluso sin orden judicial, contenidos considerados ataques al sistema de votación electrónica o actos antidemocráticos.
La iniciativa adopta el enfoque del Supremo Tribunal Federal sobre el “deber de cuidado” de las plataformas y supera el modelo del Marco Civil de Internet, que vinculaba la responsabilidad de las empresas a decisiones judiciales específicas. En caso de omisión, las Big Tech podrían ser consideradas responsables civil y administrativamente. No obstante, expertos advierten que la medida corre el riesgo de delegar a las plataformas un poder de control típicamente judicial, favoreciendo bloqueos preventivos y un exceso de censura automatizada (overblocking).
