Este domingo 1º de febrero, a las 6:00 de la mañana, Costa Rica abre oficialmente una de las jornadas electorales más intensas de su historia. Un total de 3,731,788 costarricenses están habilitados para votar y acudir a las urnas y decidir así quién será el próximo presidente de la República, quiénes ocuparán los puestos de primer y segundo vicepresidente, así como los 57 diputados y diputadas que integrarán la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030.
7.154 juntas receptoras de votos (JRV) fueron habilitadas en todo el país para este proceso. Esta cifra incluye juntas provinciales, cantonales y distritales que garantizarán que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio con orden y transparencia en cada rincón del territorio.
Además, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitó 91 juntas receptoras en el exterior, instaladas en 49 consulados de 42 países, para que los residentes fuera de Costa Rica también puedan participar en la elección más concurrida de su historia moderna.
De los cerca de 3,8 millones de personas habilitadas, casi el 44% corresponde a jóvenes entre 18 y 39 años, un grupo demográfico que tendrá un papel decisivo para los resultados. Entre ellos, hay 120.577 jóvenes que votan por primera vez, estrenando su derecho al sufragio en un contexto electoral marcado por la fragmentación política y la variedad de propuestas.
Los cinco cantones con mayor población de votantes son el Central de San José (238.939), Central de Alajuela (229.313), Desamparados (169.200), Central de Cartago (134.090) y San Carlos (128.298). Estos territorios representan una porción clave del electorado, donde decenas de miles de votos podrían determinar tendencias importantes para la contienda.
Entre los cantones con menor electorado se encuentran Monteverde, Turrubares, San Mateo, Dota y Hojancha, zonas de menor densidad poblacional pero con presencia activa de votantes que marcan la diferencia local.
Los costarricenses residentes fuera del país están protagonizando un récord histórico de participación. 67.270 personas en el extranjero se inscribieron para votar, consolidando un crecimiento constante en el número de votantes internacionales, que superan ampliamente los registros de procesos pasados.
Los consulados con mayor cantidad de ciudadanos habilitados para votar están, en su mayoría, ubicados en Estados Unidos: Nueva York (19.100), Miami (7.547), Los Ángeles (6.138) y Atlanta (4.906) encabezan la lista. Seguida por estas, figuran sedes europeas como Madrid y Barcelona (España) y Toronto (Canadá), lo que refleja la dispersión de la población costarricense en América del Norte y Europa, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En este proceso, se inscribieron 20 candidaturas presidenciales, una cifra poco habitual y que expresa el grado de fragmentación política que vive Costa Rica. Aunque hay múltiples opciones en la papeleta, diversas encuestas señalan que solo unas pocas han logrado concentrar el apoyo significativo del electorado.
Entre los favoritos se encuentran:
- Laura Fernández Delgado (Partido Pueblo Soberano – PPSO): Lidera las encuestas con una intención de voto que, en algunas mediciones, supera el 40%, permitiéndole obtener una posible victoria en primera ronda si conserva ese nivel de respaldo al cierre de la jornada.
- Álvaro Ramos Chaves (Partido Liberación Nacional – PLN): Economista y expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, con un mensaje centrado en la estabilidad fiscal y la recuperación económica.
- Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana): Ex primera dama y arquitecta destacada, con propuestas en movilidad urbana, vivienda y planificación territorial.
- Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio): Diputado y referente de la izquierda plural, con foco en justicia social, derechos laborales y políticas progresistas.
- José Miguel Aguilar Berrocal (Avanza): Emprendedor social con experiencia en políticas públicas y enfoque en innovación y desarrollo local.
El resto de candidaturas representa una amplia gama de posiciones ideológicas, desde sectores liberales y conservadores hasta expresiones emergentes que buscan resonar con votantes desencantados de las fuerzas tradicionales.
Que Costa Rica tenga 20 aspirantes presidenciales es una expresión de un sistema político cada vez más plural, donde nuevos movimientos, alianzas y figuras independientes han logrado inscribirse para competir. Este fenómeno refleja, por un lado, la diversidad de pensamientos e intereses sociales; por otro, el desgaste de tradiciones partidarias que antes dominaban el escenario político.
Este domingo 1.º de febrero, Costa Rica reafirma una vez más su compromiso con la democracia. Ir a votar no es solo un derecho, sino un deber cívico que fortalece la representatividad y legitimidad del país. En una jornada que puede definir el rumbo político, social y económico de la nación para los próximos cuatro años, cada voto cuenta y cada voz importa.
Más allá de las preferencias partidarias, la participación masiva se convierte en un acto de responsabilidad colectiva: una oportunidad para que la sociedad costarricense decida de manera libre y consciente el futuro que quiere construir.
El resultado de las elecciones de hoy en Costa Rica se configura en torno a la seguridad ciudadana, el empleo y la corrupción, que emergen como las principales preocupaciones del electorado y modelan los compromisos de los candidatos y partidos en carrera. Datos recogidos por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, citados por teletica.com, reflejan que el 42,4% de los votantes identifica la seguridad como su mayor inquietud, mientras que aspectos como el empleo y el impulso económico se sitúan lejos, con un 13,3%. La transparencia y la lucha contra la corrupción quedan en el 7,5%. Estas prioridades, sostenidas de manera persistente por la población, han marcado el desarrollo de los programas de gobierno de los aspirantes principales, quienes buscan ofrecer respuestas diferenciadas en cada eje.
El énfasis reciente en la transparencia y el combate a la corrupción ha llevado a que agendas como la de Agenda Ciudadana, encabezada por Claudia Dobles, destaquen propuestas para robustecer los instrumentos de control y la rendición de cuentas.
La organización plantea el refuerzo de la supervisión del poder público y el fomento de la participación ciudadana en este ámbito, una visión compartida por el Frente Amplio, que propone además reestructuraciones para garantizar la independencia de los órganos fiscalizadores. La candidata Dobles describe el programa de Agenda Ciudadana como un proyecto elaborado con más de 160 especialistas, y articulado en 635 iniciativas distribuidas en seis ejes temáticos, cuyo objetivo central es impulsar la “modernización de Costa Rica” y una gestión pública “decente”.
Del mismo modo, en materia de seguridad, Dobles propone la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, bajo supervisión del Consejo de Seguridad Presidencial, cuya meta es establecer directrices claras para enfrentar al crimen organizado a largo plazo.
En contraste, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), bajo la dirección de Laura Fernández, propone replicar las políticas de mano dura implementadas por Nayib Bukele en El Salvador. Entre las medidas sugeridas figuran la construcción de una megacárcel de máxima seguridad y la declaración de estados de excepción como herramienta jurídica para combatir el crimen organizado.
La dimensión económica ocupa un rol relevante, con el desempleo y el crecimiento como retos pendientes. El Partido Liberación Nacional (PLN), que lleva a Álvaro Ramos como candidato, defiende un modelo de crecimiento fundamentado en la modernización tecnológica y la soberanía digital. Entre las prioridades del PLN están la fundación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la transformación del ICE en una referencia regional de digitalización. Además, el programa de Ramos contempla un conjunto de seis medidas, que incluyen un alivio crediticio para las familias mediante la renegociación de deudas en condiciones “más favorables”, la reforma al sistema de pensiones, el fortalecimiento de la integración laboral juvenil mediante alianzas público-privadas y una red nacional de cuidados destinada a facilitar la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral.
El diagnóstico de Agenda Ciudadana otorga prioridad a la educación pública y a la formación técnica, vistas como instrumentos para disminuir el desempleo estructural. Mientras tanto, partidos como Liberal Progresista y Avanza proponen la desregulación de trámites y el impulso al sector privado, bajo la premisa de que la reducción de barreras administrativas y el estímulo al emprendimiento favorecerán la creación de empleo y el crecimiento de la riqueza nacional.
Cada agrupación ha diseñado su hoja de ruta bajo la presión de un clima social donde la demanda por seguridad, control institucional y oportunidades laborales se ha tornado ineludible para la ciudadanía.
