La jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este domingo lo que describió como “órdenes” provenientes de Washington sobre la política interna del país y defendió la apertura de un diálogo entre actores venezolanos como vía para resolver conflictos tras la captura del narco dictador Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el pasado 3 de enero.
En declaraciones transmitidas por el canal de propaganda Venezolana de Televisión, la funcionaria chavista sostuvo que las diferencias deben abordarse sin imposiciones externas y en un contexto de negociación con resultados inmediatos.
“Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, afirmó Rodríguez.
En ese marco, planteó la necesidad de abrir espacios para la “divergencia democrática”, aunque estableció límites al señalar que quienes, a su juicio, “busquen el daño y el mal” deben ser “rechazados y separados de la vida nacional”.
Rodríguez llamó a un diálogo político que incluya tanto a sectores afines como críticos del chavismo.
“Es bienvenida la discusión con respeto con quienes piensen distinto”, afirmó, y agregó que el proceso debe ser conducido por instancias nacionales. La tarea fue encomendada al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, con la exigencia de que el diálogo tenga “resultados concretos, inmediatos”.
La jefa chavista subrayó que la búsqueda de acuerdos debe priorizar la estabilidad interna.
“No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela”, dijo, y añadió: “Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos”.
La funcionaria también volvió a cuestionar el rol de Estados Unidos en la crisis venezolana, en particular tras la operación que derivó en la captura de Maduro. Sin mencionar nombres, criticó a dirigentes de oposición que habrían celebrado esa acción.
“Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio”, sostuvo.
Tras la captura del dictador narco, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que, si la jefa interina “no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto”. Sin embargo, tras una conversación telefónica posterior, el propio Trump la describió como “una persona fantástica” con la que, según dijo, han “trabajado muy bien”.
En paralelo al llamado al diálogo, el régimen interino anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos. Según cifras oficiales, se habrían producido más de 600 excarcelaciones desde diciembre, aunque organizaciones de derechos humanos manejan números distintos y advierten que más de 700 personas continúan detenidas por motivos políticos.
Según la ONG Foro Penal, solo 269 personas han sido excarceladas. El presidente de la organización, Alfredo Romero, informó que las liberaciones se producen lentamente y que aún se están verificando casos, como el del abogado Kennedy Tejeda, liberado tras meses de detención.
Los familiares de los detenidos reclaman información clara y acusan al régimen chavista interino de opacidad en la gestión de las excarcelaciones, señalando que no existen listas públicas ni datos verificables. Organizaciones humanitarias han insistido en la necesidad de transparencia y en la participación de organismos internacionales para supervisar el proceso.
El contexto venezolano permanece marcado por el estado de conmoción declarado tras el operativo militar de Estados Unidos, que impone restricciones a libertades públicas y sanciona a quienes respalden acciones de fuerzas extranjeras. Tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024, la represión de protestas dejó miles de detenidos y un ambiente hostil para la disidencia.
La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reclamó este viernes la derogación de este decreto advirtió que su vigencia consolida un esquema que permite ampliar la represión y restringir derechos civiles y políticos.
Según la organización, la medida otorga a cuerpos de seguridad y a funcionarios estatales y paraestatales “un marco inconstitucional para profundizar la represión y la persecución por razones políticas”.
(Con información de EFE y AFP)
