La jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verifique el listado de personas excarceladas por motivos políticos, en medio de las denuncias de opacidad, cifras contradictorias y protestas de familiares a las puertas de centros de detención.
El anuncio busca dar respaldo internacional a un proceso que el chavismo afirma haber ampliado, pero que organizaciones independientes describen como incompleto y poco transparente.
Durante una reunión con miembros de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el Palacio de Miraflores, Rodríguez aseguró que “al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad”. En ese marco, adelantó que mantendrá una comunicación con el alto comisionado Volker Türk para que su oficina “verifique las listas de excarcelados en Venezuela”. La llamada, precisó, está prevista para el lunes.
La jefa del chavismo rechazó las críticas de organizaciones no gubernamentales y de familiares de detenidos, que cuestionan la falta de información pública sobre las identidades de las personas liberadas y el alcance real del proceso.
“Hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”, afirmó Rodríguez, al tiempo que pidió “responsabilidad” en el ejercicio de la política.
El proceso de excarcelaciones fue anunciado el 8 de enero por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien habló entonces de la liberación de “un número importante” de personas, sin precisar nombres ni totales. Días después, indicó que las listas estaban disponibles, pero hasta ahora no se han difundido de manera oficial, lo que ha alimentado la incertidumbre entre familiares y defensores de derechos humanos.
Desde ese anuncio, decenas de personas se han concentrado frente a cárceles y sedes policiales en distintas regiones del país para pedir información sobre sus allegados. ONG dedicadas al seguimiento de la situación carcelaria y de los presos políticos han advertido sobre retrasos, liberaciones parciales y la inclusión de casos que no habían sido considerados previamente como detenciones por razones políticas.
La ONG Foro Penal informó que, desde el 8 de enero, se registraron entre 154 y 170 excarcelaciones, una cifra significativamente menor a la reportada por el Ejecutivo.
En la misma línea, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) estimó que el número de personas aún detenidas supera las 900. El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló, además, que algunas excarcelaciones corresponden a casos “no públicos”, lo que dificulta la verificación independiente.
La divergencia de cifras se da en un contexto político excepcional. Rodríguez asumió la jefatura del régimen chavista tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante un operativo estadounidense el 3 de enero.
El llamado a la ONU busca introducir un mecanismo externo de verificación en un proceso que, hasta ahora, se ha desarrollado bajo control exclusivo del Ejecutivo. La Oficina del Alto Comisionado mantiene presencia técnica en el país y ha documentado en informes previos la situación de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y restricciones a las garantías judiciales.
En paralelo, Rodríguez propuso abrir un “verdadero diálogo político” que incluya a sectores coincidentes y divergentes, y encargó a su hermano, el titular del Parlamento, convocar a ese encuentro. “Que sea venezolano”, subrayó, al rechazar injerencias externas. La iniciativa fue presentada como parte de un programa de convivencia y paz, con un plan inicial de 100 días.
Mientras tanto, la verificación internacional anunciada se perfila como un punto clave para aclarar el alcance real de las excarcelaciones y responder a las demandas de información de familiares y organizaciones, en un país donde la situación de los presos políticos sigue siendo uno de los ejes centrales del debate público.
(Con información de EFE y AFP)
