Durante mucho tiempo, la digitalización gubernamental fue una palabra bonita para describir lo mismo de siempre. Cambiaba el formato, pero no el fondo. El trámite seguía siendo lento, opaco y agotador; solo que ahora, además, había que imprimir el PDF.
Como alcalde de una ciudad industrial intermedia en una de las zonas metropolitanas más dinámicas de mi país, aprendí pronto que ese tipo de “modernización” no solo no resuelve problemas: profundiza el desencanto con el Estado. Porque cuando la tecnología se limita a maquillar procesos mal diseñados, lo único que hace es digitalizar la frustración.
Gobernar una urbe mediana integrada a la economía global tiene una ventaja que a veces se subestima: todo se siente de inmediato. El retraso de un permiso no es una estadística; es una obra que no arranca, un negocio que no abre, un empleo que no llega, un eslabón económico clave que se disloca. Por eso entendimos que digitalizar no podía ser un proyecto de sistemas, sino una decisión política: cambiar la relación entre el gobierno y la gente.
La primera transformación ocurrió hacia adentro. Cuando los procesos están bien ordenados y digitalizados, la institución deja de depender de la presencia física y del papel. Elisa R., funcionaria del área de desarrollo urbano, lo vivió en carne propia. Durante un periodo de ausencia por motivos de salud, el trabajo continuó: documentos firmados a distancia, expedientes que avanzaron, decisiones que no se detuvieron. No fue un gesto extraordinario; fue la prueba de que el sistema estaba diseñado para funcionar, no para vigilar.
Ese cambio es profundo. Un gobierno moderno no es el que exige estar, sino el que confía en reglas claras y permite que las personas, dentro o fuera de las instalaciones públicas hagan su trabajo sin fricción innecesaria.
Desde el lado económico, el impacto de la digitalización efectiva fue inmediato. En América Latina, invertir suele implicar navegar semanas de trámites, costos financieros y una incertidumbre que desalienta. Cristóbal R., directivo inmobiliario vinculado a un proyecto logístico de escala internacional, lo dijo con sorpresa honesta: procesos en línea, permisos ágiles, claridad que permiten tener certidumbre sobre los retornos de una inversión. Algo que, admitió, no es común en nuestros municipios ni en muchos países de la región.
La lógica es simple, pero contundente: cuando el permiso llega a tiempo, la inversión arranca en los parámetros previstos; cuando la inversión arranca, hay empleo; y cuando hay empleo, hay ingreso en los hogares. Por eso la digitalización bien hecha no es un lujo administrativo, es política económica aplicada al territorio.
Hay otro efecto que rara vez se pone sobre la mesa y que, como alcalde, veo todos los días. Cada trámite que se resuelve en línea es un traslado menos, un automóvil menos en la calle, un congestionamiento menos. Javier T. G., representante del sector vivienda, lo resumió con precisión empresarial: ahorro de tiempo, ahorro de tráfico, eficiencia. Digitalizar también es política urbana y de calidad de vida.
Para los pequeños empresarios, el contraste suele ser todavía más claro. Leopoldo F., franquiciatario con operaciones en distintas ciudades del país, me dijo algo que no se olvida fácil: por primera vez, un trámite fue rápido, claro y sin vueltas. Tan distinto a su experiencia previa, que hoy su decisión es abrir más sucursales donde el sistema sí le responde. La confianza institucional se volvió decisión de inversión.
Y hay un punto que conviene decir sin rodeos, porque en América Latina fingir neutralidad suele salir caro: la corrupción vive de la discrecionalidad. Donde el trámite depende del criterio, del favor o del gestor, el sistema se descompone. Por eso una digitalización integral funciona como vacuna anticorrupción. Deja rastro, fija tiempos y reduce el margen de arbitrariedad. Dicho sin eufemismos: las computadoras no piden favores.
Este aprendizaje local dialoga con una conversación mucho más amplia que hoy se da en América Latina: cómo construir Estados que acompañen el desarrollo sin asfixiarlo, que generen confianza sin perder autoridad, que entiendan que la productividad también es una política pública.
Después de varios años gobernando una ciudad intermedia, tengo una convicción clara: digitalizar no es modernizar trámites, es respetar el tiempo de la gente. Es dejar de sospechar por sistema. Es entender que el Estado no está para complicar la vida, sino para hacer que las cosas pasen. Cuando eso ocurre, la transformación no se anuncia en conferencias, se siente en la calle. Y en una región que necesita crecer, atraer inversión y convertir ese crecimiento en bienestar real, esa diferencia lo cambia todo.
* El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.
