El proceso judicial contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez por presunta estafa al Estado por más de 6,000 millones de pesos continúa paralizado debido a una sucesión de incidentes legales que, casi cinco años después del sometimiento del imputado, mantienen el caso estancado en la fase de juicio de fondo.
El proceso suma ya seis aplazamientos desde su agenda inicial el primero de mayo de 2025, impidiendo que el Ministerio Público pueda iniciar la lectura de la acusación contra Rodríguez y otros catorce implicados, según información recogida por Diario Libre y el Periódico Hoy.
La audiencia más reciente, celebrada ayer, volvió a suspenderse luego de más de tres horas de debate motivado por una solicitud del abogado Carlos Moreno, representante de Altagracia Guillén Calzado. Moreno pidió tiempo adicional para acceder a documentos y actas, argumentando la necesidad de “estar mejor preparado para asumir una buena defensa” a favor de su clienta, quien fungió como excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Rodríguez.
La petición de Moreno se originó a raíz de la reciente fusión del expediente de Guillén Calzado con el del exprocurador, decisión tomada por las magistradas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Guillén había sido separada previamente del proceso por el juez de instrucción Amauri Martínez debido a alegatos de salud, medida que buscaba evitar retrasos en la causa principal contra Rodríguez. La vuelta a integrar ambos expedientes elevó la complejidad y la necesidad de revisión por parte de la defensa.
El nuevo aplazamiento del juicio ha quedado fijado para el 11 de febrero a las 9:00 de la mañana, dilatando aún más la apertura del proceso de fondo. Según recoge el Periódico Hoy, esta es la sexta ocasión en la que la audiencia de fondo se difiere desde la fecha original.
Durante la sesión, también se discutió la presencia o no de la acusación contra la empresa Fire Control Systems dentro del expediente matriz que involucra al exprocurador, asunto que se mantiene sin resolución definitiva y contribuye a la prolongación del caso principal.
Voces de la defensa, como la abogada Ingrid Hidalgo, se opusieron al diferimiento de la audiencia, advirtiendo que si el tribunal accedía al aplazamiento, solicitaría la separación del expediente de su representado, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría. El argumento de Hidalgo y de otros abogados que rechazan el retardo es que la dilación para integrar a la defensa de Guillén sólo agrava la demora para el inicio formal del juicio.
La presidenta del tribunal, Claribel Nivar, interpeló a los presentes sobre la dinámica del caso con una declaración enfática: “Aquí no podemos ir en un hoy me fusiono, mañana me desgloso; aquí cada uno de los integrantes tiene que asumir su responsabilidad de este caso, porque el tribunal, cuando tenga que separar hasta la mitad del proceso y quedarse con uno, lo va a hacer, de eso no tengan duda… Mientras, vamos a permitir que los que se integraron de forma novedosa puedan reestructurar su mecanismo de defensa”, cita el Periódico Hoy.
Frente a la acumulación de incidentes y estrategias dilatorias por parte de las diferentes defensas, la jueza Yissell Soto instó a los representantes de todas las partes a contribuir con el avance del proceso, evitando trabas que perpetúen la inactividad judicial sobre un expediente que ya suma casi dos años de inercia desde la superación de la fase de instrucción.
Por su parte, la titular de la Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, expresó la fatiga institucional ante la reiteración de incidentes, señalando: “Trato de que me cambien la silla por una más cómoda para poder aguantar lo que viene en este proceso”, en alusión a que se trata “del mismo caso, de las mismas pruebas y de la misma acusación”.
El aplazamiento alarga una causa judicial que, según los magistrados, requiere asumir responsabilidades procesales y evitar más separaciones o integraciones que compliquen la ya extensa espera para el esclarecimiento del presunto fraude de más de 6,000 millones de pesos en la administración pública.
