Esta iniciativa busca responder a la inestabilidad generada en 2024, cuando la suspensión temporal del tratado produjo una oleada de críticas y temores por parte de sectores internos y de la comunidad internacional, especialmente ante el riesgo de que decisiones políticas coyunturales pongan en tela de juicio la cooperación entre ambos países.
Funcionarios, organizaciones y analistas han advertido que la breve interrupción del convenio generó incertidumbre jurídica en Honduras, al evidenciar su fragilidad y demostrar cómo la vigencia del mismo depende de contextos políticos pasajeros.
Dicha preocupación ha motivado al nuevo Parlamento a incluir como prioridad el blindaje, acción que pretende reforzar su permanencia más allá de los cambios de gobierno e incrementar la confianza en la colaboración judicial bilateral.
Para muchos, esto representa un factor crucial en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, áreas donde la cooperación con Estados Unidos es considerada esencial.
Durante la instalación del nuevo Congreso, Tomás Zambrano, presidente del Legislativo, destacó ante el pleno que el país continuará colaborando con su “principal aliado, Estados Unidos”, y subrayó: “El gobierno nuevo que va a entrar va a continuar con la extradición en el país, y desde este Congreso vamos a blindar ese convenio con nuestro principal aliado, Estados Unidos”. Esta declaración, recogida en el acto inaugural, refuerza el mensaje de certidumbre dirigido tanto a la ciudadanía como a los socios estratégicos de Honduras, en momentos de transición política y renovación institucional.
La propuesta de blindaje legal al tratado consiste en desarrollar mecanismos que limiten la capacidad del Poder Ejecutivo para suspender o denunciar el acuerdo sin la aprobación del Congreso Nacional.
Aunque los detalles de la reforma aún no han sido especificados, especialistas en derecho constitucional citados por autoridades legislativas señalan que podría requerirse el establecimiento de mayorías calificadas para cualquier modificación o incluso la incorporación del tratado en normas de mayor jerarquía jurídica.
Así, se pretende dar respuesta a quienes pujan por reglas claras y duraderas, sin que esto implique, según el Legislativo, una cesión de soberanía.
El tratado de extradición, desde su firma hace más de una década, ha estado en el centro del debate nacional. Debates en torno a su eficacia y sus implicaciones han dividido a la sociedad hondureña.
Defensores del blindaje consideran que esta medida fortalecería la reputación internacional del país, incrementaría la seguridad jurídica y consolidaría los avances en materia de cooperación internacional. Para la opinión pública y sectores especializados, la extradición es vista como una de las herramientas más visibles del Estado hondureño contra redes criminales transnacionales.
Compromisos públicos como el anunciado por Zambrano buscan disipar dudas surgidas tras la suspensión del convenio el año anterior y brindar garantías tanto a la ciudadanía como a Washington, que ha sido según palabras del Legislativo un socio clave en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La narrativa oficial insiste en que la prioridad es asegurar la continuidad de políticas que el Congreso considera efectivas para combatir delitos de alto impacto.
Persiste, no obstante, la voz de sectores críticos que alertan sobre los riesgos de “blindar” la extradición sin un debate democrático y sin prever eventuales abusos. Cuestionan la posibilidad de convertir el tratado en un instrumento intocable que termine restringiendo la soberanía del Estado ante nuevas circunstancias o cambios en el orden legal nacional e internacional.
Sostienen que cualquier reforma debe respetar el debido proceso y descartar el uso del mecanismo con fines políticos.
La agenda política del nuevo Congreso queda definida desde sus primeros días por este compromiso, adelantando discusiones parlamentarias que apuntan a dotar de mayor estabilidad y previsibilidad a las relaciones bilaterales.
Aunque todavía no se han dado a conocer las iniciativas legales concretas para establecer el blindaje, el protagonismo del tema refleja tanto la presión ciudadana como la exigencia internacional de fortalecer las estructuras jurídicas hondureñas.
Organizaciones de la sociedad civil y académicos han instado a que todo debate legislativo sobre la extradición se realice bajo principios de transparencia y apertura, dada la relevancia del tema en la consolidación democrática y la lucha contra la corrupción. La expectativa sobre las futuras reformas es elevada, y el proceso será seguido de cerca en ámbitos nacionales e internacionales, dado que la cooperación en materia de justicia y seguridad constituye uno de los desafíos permanentes para Honduras.
