El presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de emergencia de 30 días en Guatemala tras una serie de incidentes graves en centros penitenciarios. El grupo conocido como Barrio 18, que fue recientemente clasificado como organización terrorista, se había apoderado de varias cárceles y tomó como rehenes a decenas de funcionarios.
Luego de la intervención estatal y la liberación de los rehenes, la banda organizó ataques en la vía pública que provocaron la muerte de 10 policías. Esta escalada llevó al gobierno a activar medidas extraordinarias que ampliaron las facultades de la Policía Nacional y el Ejército, permitiendo restricciones temporales sobre las libertades civiles.
El Congreso de Guatemala aprobó el decreto presidencial casi por unanimidad. Modificó de inmediato sus disposiciones para limitar el alcance de las restricciones, dejando claro que no habría un toque de queda general y que las actividades públicas esenciales estarían protegidas.
Además, estipuló que las nuevas medidas solo deben implementarse cuando sean estrictamente necesarias, lo que mantiene un margen para la actividad social y económica habitual.
A diferencia de lo ocurrido en El Salvador, las restricciones guatemaltecas son acotadas, temporales y sometidas a supervisión legislativa. “El Congreso ajusta su aplicación de modo permanente”, explicó en su columna en Americas Quarterly Orlando J. Pérez, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Norte de Texas en Dallas. Según el experto, incluso los críticos internos reconocen que la operación guatemalteca dista de replicar prácticas como la detención masiva o la delegación ilimitada de poderes al Ejecutivo.
Sin embargo, gestionar la crisis sigue siendo complicado. El sistema judicial guatemalteco es visto como una red de “jugadores de veto” capaces de bloquear reformas e investigaciones a través de mecanismos legales. “Cuando el sistema no puede castigar la violencia por vías regulares, las medidas excepcionales se convierten en un sustituto que suele persistir”, advierte el experto.
Pérez advierte que la corrupción en el sistema de justicia y la presencia de organizaciones criminales aumentan la presión para dar resultados inmediatos, colocando al presidente Arévalo entre la exigencia ciudadana de una respuesta firme y la resistencia de los actores judiciales.
Desde el exterior, la presión también se hace sentir. Estados Unidos apoya los esfuerzos del gobierno para restaurar el orden, pero condiciona su respaldo a avances concretos en seguridad y gobernabilidad democrática.
En los acuerdos recientes, Guatemala aceptó incrementar la cantidad de vuelos de deportación y ampliar el cupo para la repatriación de migrantes de otras nacionalidades, lo cual evidencia una cooperación pragmática entre ambos países. Además, el nuevo acuerdo comercial bilateral liga directamente la relación económica con estándares de seguridad nacional.
A pesar de estas acciones, persisten interrogantes sobre la duración y el futuro alcance de las medidas extraordinarias. Según el análisis publicado en Americas Quarterly, la sociedad guatemalteca teme que la “normalización de medidas de excepción” se convierta en un mecanismo recurrente, dada la desconfianza tanto en el sistema judicial como en las intenciones del Ejecutivo.
“La preocupación no es que Arévalo sea secretamente un autoritario, sino que esto lleve a Guatemala hacia una ‘temporalidad permanente’: una situación donde los poderes coercitivos de emergencia se expanden gradualmente en un sistema que ya carece de supervisión adecuada”, explica Pérez.
Diversos observadores sostienen que, en el actual clima de amenaza y fragilidad, la verdadera prueba para el país será restaurar los procedimientos legales normales sin erosionar las bases de la democracia.
El desenlace de esta coyuntura determinará si Guatemala logra mantener el orden respetando las garantías procesales o si la ampliación de las medidas excepcionales se arraiga como respuesta estándar a desafíos estructurales. Más que seguir ejemplos externos, la administración Arévalo afronta el reto crucial de preservar la institucionalidad democrática y dar señales claras de que la recuperación del estado de derecho sigue siendo posible, concluye Pérez.
