La entrada en vigor inmediata del estado de sitio en Guatemala marca un giro drástico en la vida cotidiana del país. Las autoridades han activado esta medida por un plazo de 30 días, con el objetivo de enfrentar lo que describen como “acciones coordinadas” de maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad, según consta en el documento oficial de declaratoria.
El fundamento principal de la decisión radica en la reciente serie de ataques armados dirigidos contra autoridades civiles. Según la justificación presentada, estos hechos surgieron a raíz de la negativa estatal a ceder ante las exigencias de personas privadas de libertad, que actuaron fuera del marco legal.
La declaración advierte sobre los riesgos que implican estos hechos: la vida, la libertad, la seguridad y el patrimonio de la población se ven amenazados, así como el orden público. Por ello, el Ejecutivo considera imprescindibles medidas excepcionales que alteran el ejercicio de ciertos derechos constitucionales.
Durante este periodo, la población experimentará restricciones en derechos fundamentales consignados en la Constitución. El documento menciona la suspensión parcial de los artículos 5°, 6°, 33 y el segundo párrafo del 38. De esta manera, se limitan libertades como la reunión, la manifestación y el desplazamiento, siempre en función de restablecer el orden.
Entre las acciones autorizadas, las autoridades podrán prohibir reuniones al aire libre y espectáculos públicos, disolver por la fuerza cualquier manifestación no autorizada o que implique violencia, y restringir la circulación vehicular en zonas definidas. Además, se habilita la posibilidad de detener o confinar personas sospechosas, sin necesidad de orden judicial, si se presume que alteran el orden o están vinculadas a los hechos que motivaron esta declaratoria.
El texto oficial recalca que “ninguna persona podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no constituyan infracción a la ley”. Sin embargo, aclara que las restricciones se aplicarán de forma precisa y solo en los casos necesarios para actuar contra las maras y pandillas, con la meta de restablecer la seguridad y garantizar los derechos del resto de la ciudadanía.
También se contempla la posibilidad de que los particulares sean requeridos para prestar servicios o auxilio en actividades consideradas de utilidad pública. Finalmente, el documento faculta a las autoridades a emplear medios preventivos, defensivos u ofensivos para reprimir cualquier resistencia a las disposiciones del estado de sitio.
Con esta declaratoria, el gobierno busca responder a una amenaza considerada grave y generalizada, asumiendo la responsabilidad de restaurar la paz y la estabilidad en todo el territorio nacional.
Es una de las medidas más severas contempladas en la legislación nacional para enfrentar amenazas graves al orden público.
La figura permite que las autoridades limiten garantías individuales en situaciones extraordinarias que superan la capacidad de los mecanismos ordinarios de seguridad.
Es un recurso legal que habilita al Gobierno para restringir temporalmente derechos y libertades ante circunstancias que pongan en peligro la seguridad y el orden en el país.
Solo puede aplicarse cuando las amenazas superan la capacidad de control de las fuerzas de seguridad en condiciones normales.
Bajo este régimen, el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad obtienen facultades excepcionales para intervenir en la zona afectada, con el objetivo de restablecer la paz y prevenir daños mayores.
El decreto que establece el estado de sitio especifica los derechos restringidos y la extensión territorial de la medida, además de requerir la ratificación del Congreso, dentro de los tres días siguientes de declarado.
El estado de sitio puede declararse únicamente cuando se presentan amenazas graves, como insurrección, rebelión, terrorismo, sedición, motines o conflictos violentos que comprometan la estabilidad del Estado.
También es una respuesta ante la presencia de grupos armados ilegales o situaciones que impidan el control mediante mecanismos ordinarios.
Las autoridades deben fundamentar públicamente los motivos para recurrir a esta medida, detallando la región afectada y las razones que justifican la suspensión de derechos, en cumplimiento de la normativa vigente.
La decisión corresponde al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, quien emite el decreto y lo remite de inmediato al Congreso.
El Legislativo tiene la obligación de conocer, ratificar, modificar o improbar la medida en un plazo establecido. El decreto debe especificar territorio, duración y derechos restringidos, además de publicarse oficialmente para conocimiento de la población.
El control parlamentario es clave para garantizar la justificación y evitar abusos en la aplicación de esta figura.
Durante el estado de sitio, se pueden suspender derechos como la libertad de locomoción, la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho de reunión y manifestación, y el porte de armas. Las fuerzas de seguridad pueden limitar el tránsito de personas, intervenir comunicaciones y disolver concentraciones públicas consideradas riesgosas.
El decreto debe indicar con claridad los derechos afectados y la población debe ser informada de las restricciones. Sin embargo, derechos fundamentales como el derecho a la vida y la protección contra la tortura no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia.
En septiembre de 2019, el gobierno de Jimmy Morales decretó el estado de sitio en 22 municipios tras el asesinato de tres soldados y la presencia de grupos armados en Izabal.
En agosto de 2021, el ejecutivo de Alejandro Giammattei aplicó la medida en el municipio de Sololá por enfrentamientos violentos entre comunidades, con el objetivo de restablecer el orden y proteger a la población.
En septiembre de 2019 y agosto de 2021, el estado de sitio se utilizó como respuesta a hechos de violencia armada y conflictos sociales, según las autoridades guatemaltecas.
