El Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días en respuesta a una escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales, en un contexto donde la administración sostiene que está recuperando el control de instituciones capturadas y restituyendo la justicia nacional.
Esta decisión, según el Ejecutivo, no alterará la vida cotidiana ni los procesos institucionales, aunque sí marca un endurecimiento legal significativo para frenar intentos de desestabilización.
Desde el inicio de este régimen excepcional, la administración ha insistido en que “no negociamos con criminales, en el marco de la ley y la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas”, tras recientes operativos en los que logró liberar a todos los rehenes de centros penitenciarios sin víctimas fatales. El Ejecutivo llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en la legalidad, remarcando: “Juntos somos más fuertes, juntos los estamos poniendo de rodillas”.
Como medida de duelo por los fallecimientos de agentes policiales, el Gobierno declaró tres días de luto nacional con el pabellón del Palacio Nacional ondeando a media asta. El Ejecutivo resaltó la dimensión humana de estos hechos con la frase: “Hoy habrá familias que quedarán marcadas”, y reafirmó la prioridad estatal de proteger la seguridad pública ante intentos de intimidación.
Según la legislación guatemalteca, el estado de sitio se activa ante actividades consideradas terroristas, sediciosas, de rebelión, asesinatos, secuestros o ataques armados calificables como guerra civil, situaciones en las que se amenaza el orden constitucional o la seguridad estatal. La norma establece que el presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución directa en el ministro de la Defensa Nacional.
Durante el estado de sitio, todas las entidades estatales deben colaborar con la autoridad militar.
Las fuerzas armadas reciben facultades extraordinarias para intervenir y disolver organizaciones, aun sin personería jurídica, y detener a personas sospechosas de conspiración o alteración del orden sin orden judicial previa. Además, se autoriza el uso de medios “preventivos, defensivos u ofensivos” para restaurar la normalidad cuando existan amenazas al orden legal.
El Gobierno subrayó que los recientes actos de violencia responden a la pérdida de privilegios de los grupos delictivos afectados por las últimas reformas en materia de seguridad y al avance estatal sobre estructuras criminales enquistadas.
Recalcó que la estrategia actual está mostrando resultados, reiterando que la aplicación del estado de sitio no suspende la vida institucional ni interrumpe las actividades diarias del país.
Las cárceles de Guatemala registraron disturbios y motines en distintas regiones este fin de semana, mientras que grupos delictivos a su vez perpetraron asesinatos contra agentes de la Policía Nacional Civil.
La situación ha generado alarma entre la ciudadanía y ha puesto bajo presión a las autoridades estatales, obligando a reforzar la presencia policial y militar en los centros penitenciarios más conflictivos.
Intervenciones en recintos penitenciarios permitieron rescatar a más de 40 rehenes, realizar aseguramientos de armas e iniciar traslados médicos, con participación de equipos de rescate que apoyan a personas liberadas durante los operativos.
Los hechos incluso hicieron que la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitiera una alerta de emergencia para sus ciudadanos residentes en Guatemala.
Además se suspendieron clases a nivel nacional, se redujo el sistema de transporte, se cancelaron actividades recreativas y la iglesia católica también canceló misas, entre otras medidas.
Al cierre de esta nota ya se reportaban ocho agentes de la Policía muertos y más de diez heridos, entre otros hechos de violencia que han puesto en vilo al país centroamericano.
