Cientos de estudiantes universitarios lideraron este martes en Caracas una masiva manifestación para exigir la liberación de todos los presos políticos y una ley de amnistía de alcance amplio, en la primera gran movilización estudiantil tras meses marcados por el miedo, la desmovilización y la represión, en un contexto de excarcelaciones parciales y de un proyecto legal que aún no ha sido presentado formalmente ante el Parlamento.
La protesta se realizó en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal casa de estudios del país, donde se concentraron estudiantes, activistas, familiares de personas detenidas por razones políticas y algunos dirigentes recientemente excarcelados.
La convocatoria tuvo como eje central la exigencia de que la futura ley de amnistía incluya a todas las personas procesadas, investigadas o condenadas por motivos políticos, sin excepciones.
Desde la Plaza del Rectorado, el Movimiento Estudiantil de la UCV leyó un manifiesto en el que fijó su posición frente a la propuesta anunciada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez.
Octavio González, integrante del Consejo Universitario de la UCV, afirmó que “consideramos que la ley de amnistía debe establecerse para todos los casos de procesos abiertos, investigados y juzgados por razones políticas, incluidas las medidas cautelares otorgadas a personas excarceladas”.
El documento respaldó la necesidad de una norma de amnistía, pero advirtió que esta debe cumplir condiciones mínimas para ser considerada legítima. Entre los elementos centrales, los estudiantes reclamaron que sea de “amplio alcance” y que esté acompañada del “restablecimiento de los derechos civiles y políticos” de las personas beneficiadas.
Uno de los puntos más destacados fue la exigencia de un proceso transparente y con supervisión independiente. En ese sentido, la dirigencia universitaria propuso que decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas del país y estudiantes destacados de Derecho participen en la revisión de expedientes como observadores externos. La exigencia apunta a evitar discrecionalidad en la selección de los casos y a garantizar criterios verificables.
El manifiesto también incluyó un pedido explícito de garantías de no repetición. Para los estudiantes, estas deben traducirse en la derogación de normas que, a su juicio, han sido utilizadas para justificar detenciones arbitrarias y extralimitaciones del Estado. Entre las leyes señaladas figuran la ley contra el odio y la normativa de fiscalización de organizaciones no gubernamentales.
Además, reclamaron que la amnistía incorpore mecanismos de reparación para las víctimas. El texto plantea la necesidad de un “resarcimiento de daños”, con una reparación “proporcional, oportuna y transparente” por el impacto sufrido tanto por las personas detenidas como por sus familias.
Durante la concentración, los estudiantes convocaron a una gran marcha para el próximo 12 de febrero, en coincidencia con el Día de la Juventud, con el objetivo de exigir una verdadera transición a la democracia.
En la movilización participaron dirigentes políticos que recuperaron la libertad en los últimos días.
Yandir Loggiodice, secretario general del Partido Centro Democrático, excarcelado hace dos días de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, expresó: “No puede haber paz o reconciliación sin justicia, porque no puede ocurrir nuevamente en Venezuela que una persona esté presa por pensar diferente”.
Loggiodice, detenido desde el 14 de julio de 2025, sostuvo que “es el momento preciso” para un proceso de encuentro nacional y pidió que el Parlamento “acelere” la discusión y aprobación de la ley.
En la misma línea, Víctor Jurado, coordinador regional del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Falcón y liberado hace tres días, afirmó que espera “con optimismo” que la amnistía “traiga solución para que cese la persecución de los presos políticos”.
Jurado había pasado ocho meses detenido en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Para el dirigente opositor, “realmente la ley de amnistía es una oportunidad que tienen los factores políticos que conviven en la Asamblea Nacional para, de una u otra forma, resarcir los daños que ha venido ocasionando esta diatriba de confrontación”.
La protesta estudiantil se produjo pocos días después de que Delcy Rodríguez anunciara una propuesta de ley de amnistía orientada a “reparar las heridas” dejadas por la confrontación política, con alcance para casos ocurridos desde 1999, periodo que abarca todo el chavismo.
El anuncio se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado a comienzos de enero. Las autoridades aseguran que se han producido 895 excarcelaciones desde noviembre, mientras que organizaciones de defensa legal de presos políticos contabilizan 344 liberaciones desde el 8 de enero y mantienen un registro de 687 personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
En paralelo a la manifestación estudiantil, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió que el proyecto de ley sea publicado “de inmediato”, al advertir que hasta ahora no existe un texto oficial ni ha sido incorporado a la agenda legislativa.
En un comunicado, la organización sostuvo que “la libertad de los presos políticos debe ser un proceso público, transparente y bajo el escrutinio de la sociedad”, y subrayó que “la libertad y la vida de quienes están injustamente tras las rejas requieren una respuesta inmediata, humana y verificable”.
El comité también reclamó que, mientras se concreta la ley, continúe y se amplíe el proceso de excarcelaciones, con un incremento diario de las medidas de liberación.
Asimismo, advirtió que “una verdadera amnistía no puede convertirse en un cheque en blanco para el olvido ni para la impunidad” y recordó que el derecho internacional prohíbe amnistiar crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
(Con información de EFE)
