El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó que al menos 873 violaciones a la libertad religiosa ocurrieron en la isla en 2025, con un repunte de represalias entre marzo y junio, y especial intensidad en momentos de crisis social.
El informe señaló que la vigilancia estatal se enfocó en comunidades religiosas y movimientos espirituales independientes, así como en líderes, sacerdotes, laicos, presos políticos y sus familias.
Según el OCDH, el Estado cubano mantuvo una estricta supervisión sobre los grupos de fe, pese a que la Constitución reconoce el carácter laico del país y el derecho a la libertad de culto.
El documento señaló que “las comunidades especialmente vigiladas fueron aquellas que, desde una ética religiosa, asumieron posturas críticas frente a la crisis nacional o que se movilizaron para ayudar a la gente pero por vías independientes al régimen”.
El texto también subrayó que las acciones represivas “afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y familiares”, lo que ratifica que “el ejercicio de la libertad religiosa sigue subordinado a los intereses del poder político”.
En junio, los obispos católicos cubanos divulgaron el mensaje “Peregrinos de Esperanza” con motivo del Año Jubilar, en el cual expresaron su preocupación por la situación del país, la escasez de bienes primarios, los apagones prolongados y la fragmentación familiar a causa de la emigración.
En ese mensaje, los prelados solicitaron “crear un clima para llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita”.
La reacción del régimen fue inmediata, trasladando su malestar a las autoridades religiosas y negando la entrada a varios expertos internacionales invitados por una entidad católica a un evento académico.
En diciembre, el sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, fue expulsado de Cuba luego de que las autoridades se negaron a renovar su residencia temporal. Según el OCDH, la medida se ejecutó después de que Ramírez tocó las campanas de la Iglesia de La Milagrosa, en La Habana, en apoyo a los vecinos del barrio Santos Suárez que protestaban por los cortes de electricidad.
Fuentes internas de la Iglesia Católica atribuyeron la decisión a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego, bajo presión de la Seguridad del Estado. El sacerdote abandonó el país en cuestión de horas.
Durante el año, la Seguridad del Estado cubana llevó adelante acciones represivas contra Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), y Yoandy Izquierdo Toledo, miembro de la misma organización en Pinar del Río. Recibieron citaciones frecuentes, sufrieron episodios de hostigamiento y se les impidió viajar a La Habana en fechas consideradas “sensibles”.
El OCDH documentó que Valdés fue citado tras regresar de un viaje académico al exterior, donde había recibido un reconocimiento universitario, lo que evidenció el seguimiento y la represalia por su proyección internacional.
La ONG también reportó la denuncia del pastor exiliado Alain Toledano Valiente, quien afirmó que su esposa Marilin Alayo fue citada nuevamente por las autoridades cubanas en agosto, en el marco de una persecución prolongada contra su familia. La citación se sumó a años de vigilancia y represalias, incluyendo la imposibilidad del pastor de acompañar a su hija durante su enfermedad terminal.
El informe precisó que durante 2025 se registraron negativas arbitrarias de asistencia religiosa a diversos presos políticos. Entre los afectados se encuentran Oscar Sánchez Madan, coordinador del FANTU; y Roberto Pérez Fonseca y Angel Jesús Veliz Marcando, ambos encarcelados por los hechos del 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021). Las autoridades penitenciarias, siguiendo órdenes de la Seguridad del Estado, impidieron encuentros con líderes religiosos, confiscaron objetos de fe y castigaron las prácticas espirituales consideradas inconvenientes.
En los meses de julio y agosto, la represión se agravó contra altos representantes de la Gran Logia de Cuba, en un contexto de disputas internas y creciente intervención estatal en la masonería. El informe del OCDH señaló un aumento del hostigamiento contra los líderes masónicos críticos, como Juan Alberto Kessel Linares y José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba. Se documentó la apertura de procesos investigativos con medidas cautelares, citaciones y detenciones arbitrarias, así como presiones sobre la autonomía de las organizaciones fraternales y religiosas.
El OCDH concluyó que los hechos documentados configuran un patrón de presión sistemática contra la dirigencia religiosa y fraternal en Cuba, y evidencian la subordinación de la libertad de culto a los intereses políticos del régimen.
