El Congreso de Guatemala reunido en el pleno del Legislativo ratificó con 149 votos a favor el decreto 1-2026 que establece el estado de sitio por un plazo de 30 días, una medida decretada previamente por el presidente Bernardo Arévalo como reacción a los recientes ataques violentos atribuidos al grupo “Barrio 18”.
Durante la sesión ordinaria adicional convocada este lunes, la agenda fue modificada para conocer la ratificación del estado de sitio con algunas enmiendas incorporadas que dan mayor claridad a la implementación de las acciones de seguridad, determinadas en el decreto enviado por el Organismo Ejecutivo, con la firme decisión de buscar responder a acciones que afectaron tanto a las fuerzas de seguridad como a autoridades civiles, supuestamente coordinadas por miembros de “Barrio 18”.
La diputada oficialista Brenda Mejía, al referirse a la crisis de seguridad, durante el desarrollo de la sesión, aseguró que se ratificar el estado de sitio es importante ante los recientes ataques violentos, ya que “la misma población nos está demandando” esta medida.
La situación actual, según expuso la legisladora, es resultado de una “falla estructural del Estado”, caracterizada por hechos delictivos que no son aislados y que muestran una realidad histórica y caótica. Indicó que las cárceles han sido utilizadas para organizar estos crímenes y que los ataques, lejos de seres espontáneos, han estado “bien planificados”.
Por su parte, Orlando Blanco advirtió sobre la urgencia de “alzar la voz” y analizar lo que ocurre, destacando que “no había pasado en la historia reciente del país” un escenario similar. Expresó que la respuesta estatal ha sido lenta y lamentó las muertes ocasionadas por esta ola de violencia, al señalar: “Esto no lo podemos seguir tolerando, que nos amenacen y seguir teniendo miedo que se infunde desde las cárceles”.
La imposición de un Estado de Sitio restringe derechos constitucionales con efecto inmediato tras la entrada en vigor del decreto. Sin embargo, el gobierno indicó que las limitaciones a estos derechos se implementarán únicamente cuando sean necesarias para combatir a grupos pandilleros y asegurar el respeto a las garantías de la población, así como la recuperación del orden público.
Entre algunas restricciones que podrían imponerse figura la limitación o prohibición de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos, incluso si son de carácter privado. Cuando una concentración carezca de autorización o, pese a tenerla, los participantes porten armas o elementos de violencia, las fuerzas del orden estarán facultadas para dispersarla tras una advertencia a los involucrados. En este caso, se especifica que las actividades culturales y religiosas podrán desarrollarse con normalidad
Otras medidas comprenden la prohibición de circulación o estacionamiento de vehículos en áreas y horarios específicos, la inspección de automóviles conforme a las instrucciones de la autoridad, así como el impedimento para que estos salgan de determinadas poblaciones.
El decreto también contempla que se pueda requerira particulares su colaboración para el mantenimiento deservicios públicos o aquellos considerados necesarios. Además, se faculta a lasfuerzas de seguridad para detenero confinar sin orden judicial a cualquier persona sospechosade alterar el orden público por hechos vinculados a la declaración del Estadode Sitio, o de fomentar acciones semejantes.
Finalmente, se prevé el uso de medios preventivos, defensivos u ofensivos considerados adecuados para reprimir acciones, individuales o colectivas, contrarias a las disposiciones emitidas con el objetivo de restablecer la normalidad.
Uno de los temas aprobados en el articulado del decreto legislativo que cobrará vigencia al momento de su publicación en el Diario Oficial, esta la suspensión de visitas en los centros carcelarios del país, por 30 días.
