El futuro del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos ha quedado definido tras la instalación del nuevo período legislativo en el país centroamericano. Las palabras del presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, confirmaron que la continuidad del acuerdo es una prioridad para la nueva administración.
Durante la ceremonia de inicio de sesiones, Zambrano, del Partido Nacional, aseguró que el nuevo gobierno dará soporte al convenio con Estados Unidos. Según sus propias palabras, “el gobierno nuevo que va a entrar va a continuar con la extradición en el país y aquí lo decimos, desde este Congreso, ese convenio de extradición con nuestro principal aliado y hermano Estados Unidos”. El respaldo de Donald Trump, presidente estadounidense, a la campaña de Zambrano y del presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura marcó el tono de las relaciones bilaterales para el nuevo ciclo político.
El Parlamento se prepara para establecer mecanismos que garanticen la permanencia del tratado. Zambrano adelantó que buscarán “blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición”. La intención es que el acuerdo tenga un carácter duradero y no se limite a un solo mandato.
El contexto de esta decisión está marcado por la reciente marcha atrás del gobierno saliente, encabezado por Xiomara Castro. La presidenta, que terminará su mandato el próximo martes, había ordenado la suspensión del acuerdo el 28 de agosto de 2024, en medio de tensiones diplomáticas con Washington.
En ese momento, Castro denunció el tratado firmado en 1912, aludiendo a “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes”.
Sin embargo, el pasado 10 de enero, Castro anunció que retiraba la suspensión, subrayando el “compromiso” de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Este giro fue interpretado como una respuesta a las críticas recibidas y a la presión internacional. No obstante, la mandataria señaló la “grave contradicción” que representaba el indulto otorgado en Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas. Hernández, extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, fue indultado por Trump el 1 de diciembre, lo que generó cuestionamientos sobre la coherencia de la cooperación bilateral.
Las relaciones entre ambos países se tensaron aún más tras una reunión entre autoridades de Defensa de Honduras y el ministro venezolano Vladimir Padrino López, sancionado internacionalmente. La entonces embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país, lo que llevó a Castro a tomar la decisión unilateral de denunciar el tratado.
El 18 de febrero de 2025, Castro comunicó que había alcanzado un acuerdo con la nueva administración estadounidense para que el tratado continuara en vigor, añadiendo salvaguardas para asegurar una aplicación objetiva y la protección de los intereses hondureños.
El tema de la extradición formó parte del debate electoral de las elecciones generales del 30 de noviembre. La candidata oficialista, Rixi Moncada, no logró pasar al balotaje, quedando en tercer lugar. El triunfo correspondió a Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien también contó con el apoyo público de Trump y cuya victoria fue validada por el Consejo Nacional Electoral.
En el nuevo escenario político hondureño, la extradición vuelve a ser un punto de consenso, aunque no exento de polémica, en la agenda bilateral con Estados Unidos.
