El presidente del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni Ejei, advirtió este domingo que quienes están detrás de la reciente ola de protestas contra el régimen podrían recibir castigos “sin la menor clemencia”.
Las declaraciones, publicadas por el portal oficial Mizan, representan el endurecimiento más reciente del discurso represivo del régimen teocrático frente a lo que constituye el mayor desafío a su autoridad desde la Revolución Islámica de 1979.
“La justicia implica juzgar y castigar sin la menor clemencia a los criminales que tomaron las armas y asesinaron personas, o cometieron incendios, destrucción y masacres”, declaró Mohseni Ejei, quien se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones de derechos humanos contra la población iraní.
El jefe del poder judicial había visitado días antes una prisión de Teherán durante cinco horas para revisar los expedientes de los detenidos y anunció que los juicios a los “principales elementos” entre los manifestantes se realizarían públicamente.
La advertencia llega mientras las organizaciones de derechos humanos documentan una represión de proporciones históricas. La Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó haber confirmado la muerte de más de 5.000 personas, de las cuales 4.714 eran manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes. La organización indicó que investiga otros 9.787 posibles fallecimientos, por lo que la cifra final podría ser significativamente mayor.
El régimen iraní, por su parte, cifró oficialmente los muertos en 3.117, incluyendo a 2.427 personas calificadas como “mártires”, término que las autoridades emplean para distinguir a miembros de las fuerzas de seguridad y a quienes consideran civiles inocentes de los manifestantes, a quienes describen como “alborotadores” incitados por Estados Unidos e Israel.
Las protestas estallaron a finales de diciembre de 2025 cuando comerciantes del Gran Bazar de Teherán se movilizaron contra el colapso del rial, la inflación desbordada y el aumento de los precios de los alimentos. Lo que comenzó como una reacción a la crisis económica mutó rápidamente en un levantamiento generalizado que exige el fin de la República Islámica.
Las manifestaciones se extendieron por las 31 provincias del país y alcanzaron su punto álgido el 8 y 9 de enero, coincidiendo con un llamado del príncipe heredero exiliado Reza Pahlaví a salir a las calles.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron que la represión se ha cebado especialmente con las provincias de Lorestán e Ilam, donde habitan las minorías étnicas kurda y luri. Testigos describieron a agentes de la Guardia Revolucionaria disparando contra manifestantes pacíficos.
Informes independientes describen el despliegue de ametralladoras montadas en vehículos en la ciudad de Fardis, cerca de Karaj, donde se habrían producido decenas de muertes en un solo día.
El régimen impuso un apagón total de comunicaciones el 8 de enero que aisló al país del mundo exterior durante más de dos semanas, una medida sin precedentes que ha dificultado gravemente la documentación de la violencia.
HRANA reportó que al menos 26.852 personas han sido detenidas en el marco de la represión, una cifra que supera ampliamente los balances oficiales. Las organizaciones de derechos humanos temen que Irán utilice las ejecuciones masivas para sofocar la disidencia.
El presidente Masud Pezeshkian, junto a Mohseni Ejei y el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, emitieron un comunicado conjunto instando a aplicar “compasión e indulgencia islámicas” hacia quienes no hayan tenido un papel relevante en los disturbios.
Sin embargo, la retórica conciliadora no ha modificado las órdenes judiciales contra manifestantes acusados de acciones graves. El fiscal de Teherán anunció que los actos de vandalismo podrían considerarse “moharebeh” —guerra contra Dios—, delito castigado con la pena capital.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de “horribles” las cifras reportadas. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que actuaría “de manera muy firme” si Teherán ejecuta a los detenidos, mientras Arabia Saudita, Qatar y Omán le habrían disuadido de ordenar ataques militares directos contra Irán.
El horizonte para los miles de iraníes en prisión permanece sombrío: entre la promesa de clemencia selectiva y la amenaza de una justicia expedita que podría traducirse en ejecuciones masivas.
