Venezuela atraviesa un momento inédito. No es euforia desbordada ni victoria consumada, pero sí una sensación nueva: la esperanza dejó de ser clandestina. Se percibe en la cautela de la gente, en las conversaciones contenidas, en una expectativa silenciosa. La historia, sin embargo, es clara y severa: las transiciones no se consolidan aguardando el desenlace, sino empujándolo con decisión.
Han pasado ya más de dos semanas desde el 3 de enero y, con todas las reservas del caso, puede afirmarse algo impensable hace poco tiempo: hoy el país está en una posición mejor que entonces. No porque los riesgos hayan desaparecido ni porque el camino esté despejado, sino porque el miedo dejó de ser el único ordenador de la vida pública. Se produjo una fractura. El equilibrio del poder se alteró.
La captura de Nicolás Maduro y la salida de Cilia Flores del centro del sistema significaron el quiebre del núcleo de la dominación autoritaria. Eso, por sí solo, no constituye una transición. Pero sí desarticula el ciclo de control sostenido durante años por la intimidación, la impunidad y la falsificación de la realidad. El aparato persiste, pero descabezado. Y la experiencia histórica demuestra que los regímenes sin liderazgo efectivo solo sobreviven si la sociedad baja la presión.
El dilema, entonces, ya no es si el cambio es posible. La pregunta real es si habrá voluntad colectiva, claridad política y constancia suficiente para llevar el proceso hasta el final.
Las transiciones no irrumpen de forma súbita ni se decretan desde un despacho. Avanzan por aperturas parciales, por fisuras. Enero abrió una de esas rendijas y permitió que el país colocara el pie para impedir que se cerrara. El desafío actual es mayor: transformar esa abertura en un umbral definitivo.
Eso exige disciplina y foco. Supone resistir la tentación del cansancio, de la improvisación o de la falsa sensación de normalidad. La salida del autoritarismo es apenas el inicio; sin institucionalización democrática, ese alivio puede convertirse en un interludio peligroso.
Conviene subrayarlo con precisión: el verdadero punto de no retorno no fue el 3 de enero, sino el 28 de julio de 2024. Ese día, millones de venezolanos defendieron pacíficamente su derecho al voto y expresaron, sin ambigüedades, una voluntad de cambio. Allí se construyó la legitimidad que hoy sostiene este proceso. Allí el país se reconoció nuevamente como una sociedad democrática, consciente y organizada. Nada de lo que venga puede edificarse al margen de ese mandato.
Si este proceso aspira a convertirse en una transición real, hay tareas inmediatas que no admiten postergación. La primera es la liberación total de los presos políticos, civiles y militares, y la creación de condiciones verificables para el retorno seguro de los exiliados. Sin eso, no hay transición: hay cosmética.
La segunda es el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares y de los aparatos represivos que siguen operando como instrumentos de intimidación. La paz no se proclama: se garantiza. Sin un monopolio legítimo de la fuerza, la democracia es inviable.
La tercera es un cronograma electoral creíble: nuevo árbitro, elecciones libres de Parlamento, gobernaciones y alcaldías, y una fecha clara para una futura elección presidencial. La democracia necesita reglas, tiempos y árbitros confiables.
La cuarta es la restitución plena de las libertades básicas: internet sin censura, partidos legalizados y reapertura del espacio cívico. Sin libertades, no hay política; solo simulacro.
Este momento requiere liderazgos reconocibles. Edmundo González y María Corina Machado deben ocupar un lugar central, no por imposición, sino porque encarnan la legitimidad política y moral expresada por la mayoría. Al mismo tiempo, la transición debe ser inclusiva: un proyecto nacional abierto a quienes estén dispuestos a romper, de manera real y verificable, con el autoritarismo. Unidad no es impunidad, pero sin unidad democrática no hay reconstrucción.
La comunidad internacional —especialmente Estados Unidos y los aliados democráticos— tiene un rol clave como garante del proceso, no como tutor permanente. El objetivo es uno solo: devolver a los venezolanos su derecho a decidir, su dignidad y su futuro.
Hoy hay esperanza, y se nota. Pero la historia no deja margen para la ingenuidad: las transiciones se ganan empujando, no esperando. Este es un proceso abierto, tenso, exigente. Duele, cansa y asusta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no es retórica.
El termómetro marca una oportunidad real. La puerta está abierta. El país ya dio el primer paso. Ahora toca cruzar el umbral con serenidad y firmeza, entendiendo que no se trata solo de dejar atrás una dictadura, sino de reconstruir una democracia capaz de gobernarse a sí misma.
