El Tratado de Alta Mar, oficialmente denominado Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional, entrará en vigor mañana.
El acuerdo establece por primera vez un marco legal vinculante para proteger y gestionar de forma sostenible la biodiversidad en las aguas internacionales, que cubren casi el 50 % de la superficie del planeta.
Este instrumento, impulsado por Naciones Unidas y ratificado por más de ochenta países, define reglas claras para la creación de áreas marinas protegidas, la evaluación de impactos ambientales y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
El alcance del acuerdo abarca los dos tercios del océano situados fuera de las jurisdicciones nacionales, zonas hasta ahora sin regulación internacional eficiente.
Al entrar en vigor, el tratado otorga a la comunidad internacional nuevas herramientas para salvaguardar la vida marina, frenar amenazas como la sobrepesca y la minería de fondos marinos, y avanzar hacia la meta global de proteger al menos un 30 % de los océanos para 2030.
Tras más de dos décadas de negociaciones impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el acuerdo establece un marco legal para proteger y usar de manera sostenible la biodiversidad en los dos tercios del océano situados fuera del control nacional, según la revista Science.
El tratado abarca un área que representa casi la mitad del planeta y busca frenar amenazas como la sobrepesca y la minería submarina.
El acuerdo fue efectivo cuando se alcanzó el umbral de 60 ratificaciones, establecido el 19 de septiembre de 2025 con la adhesión de Marruecos. Hasta la fecha, 81 países ratificaron, con un total de 145 firmantes.
La alta mar, comprendida por las columnas de agua internacionales y los fondos marinos profundos, carecía de instrumentos jurídicos vinculantes que regularan actividades industriales intensivas y protegieran sus ecosistemas, de acuerdo con Science.
La etapa de negociación estuvo marcada por la diversidad de intereses económicos, ambientales y políticos de los países miembros. Tras su adopción formal por la ONU en junio de 2023, 81 países firmaron el tratado en solo tres días, lo que reflejó la prioridad global asignada a la conservación de la alta mar.
La ratificación otorga voz y voto a los países en la toma de decisiones sobre la regulación de la pesca industrial, el desarrollo de actividades marítimas y la protección de los recursos biológicos.
La ciencia cumplió un rol esencial en la redacción y la futura aplicación del tratado. Uno de los principales referentes técnicos es la “Guía de Áreas Marinas Protegidas (AMP)”, desarrollada por expertos de 13 países y respaldada por más de tres docenas de científicos, según Science.
Esta guía establece criterios científicos y prácticos para la evaluación, planificación y monitoreo de áreas marinas protegidas, integrando aportes de las ciencias naturales y sociales, y se ha utilizado en al menos 19 países. La World Database on Protected Areas y la plataforma MPAtlas emplean la guía como base técnica para analizar la efectividad de los espacios protegidos.
Según Science, las áreas marinas protegidas resultan eficaces para resguardar la biodiversidad si cuentan con altos niveles de protección, planes de gestión adecuados y mecanismos para impedir actividades perjudiciales como la sobrepesca o la minería submarina.
El diseño y la gestión activa de estas medidas, sustentadas científicamente, resultan fundamentales para la recuperación de poblaciones y hábitats marinos. La colaboración entre la ciencia y los responsables políticos es clave para su éxito.
La aplicación del tratado implica desafíos logísticos y financieros de gran alcance. Science resaltó que la participación de las ciencias sociales será crucial para que las áreas marinas protegidas respondan a las necesidades de las comunidades locales y generen beneficios duraderos para la naturaleza y las personas.
Además, la implementación exitosa exigirá esfuerzos coordinados en monitoreo, financiación, capacitación y rendición de cuentas, así como cooperación internacional eficiente para garantizar la resiliencia de los ecosistemas oceánicos a largo plazo.
Un paso decisivo será la primera Conferencia de las Partes (COP1), prevista para finales de 2026, donde se definirán los procedimientos para aprobar y gestionar propuestas de áreas marinas protegidas en alta mar, según Science.
Los expertos enfatizan que el tratado otorga a los Estados la capacidad de regular actividades innovadoras, como la geoingeniería o la acuicultura en aguas profundas, que pueden tener efectos fuera de las fronteras nacionales. La continuidad del aporte científico y el compromiso político serán determinantes para su impacto real.
El inicio de la vigencia del Tratado de Alta Mar representa una oportunidad inédita para que la comunidad internacional y el conocimiento científico impulsen la protección y el uso sostenible de océanos que representan casi la mitad del planeta.
