El Ministerio de Asuntos Exteriores ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, y de otro diplomático acreditado en la Embajada. Según confirman a Infobae fuentes del ministerio que lidera José Manuel Albares, la expulsión, que fue ordenada este domingo, ha sido decretada “en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua”, Sergio Farré Salvá, ordenada por la dictadura de Daniel Ortega. “El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua”, se limitan a decir las mismas fuentes.
Exteriores no ha ofrecido más detalles sobre la decisión tomada por el régimen de Ortega, cuya reelección en noviembre de 2021 no fue reconocida por el Gobierno español. Farré, diplomático de carrera desde 2005, fue nombrado en Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre y su bienvenida fue el pasado 13 del mismo mes.
De hecho, el servicio de Exteriores español felicitó el nombramiento en sus redes sociales, destacando que este 2026 se cumplen 175 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua.
Pero este incidente, sin embargo, no es el único capítulo en la crisis de relaciones entre Madrid y Managua. En agosto de 2021, con Albares recién llegado a Exteriores, se llamó a consultas a la embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras un comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denunciaba injerencia por parte de España y se recurría a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.
El pasado 2022, Nicaragua retiró de sus funciones en Madrid al diplomático, Carlos Midence. En un comunicado recogido por la agencia EFE, el Ministerio de Asuntos Exteriores nicaragüense defendió su decisión en respuesta a “las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador, que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática”.
Cabe recordar que la expulsión sucede en medio de la crisis en Venezuela tras la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, quien es uno de los aliados más estrechos de Ortega.
La Unión Europea (UE) tampoco reconoce la legitimidad del mandatario sadinista, quien se mantiene en el poder desde 2007 tras unos últimos comicios “sin garantías democráticas”. Los últimos comicios se celebraron a fuerza de represión, persecución y censura, y con siete candidatos presidenciales opositores encarcelados. De hecho, el pasado septiembre, el bloque de los Veintisiete acordaron mantener las sanciones contra Nicaragua por el deterioro democrático y los abusos sistemáticos de derechos que se remontan a las protestas opositoras de 2018.
Las medidas restrictivas afectan a un total de 21 personas y tres entidades, entre ellas Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, y el círculo más próximo a la pareja incluyendo sus hijos, familiares y asesores. La lista negra también se extiende a mandos policiales acusados de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas.
