El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a los bienes importados desde países que vendan o suministren petróleo al régimen de Cuba.
La decisión apunta a cortar una de las principales fuentes de sostén energético de la dictadura cubana y, según la Casa Blanca, busca proteger los intereses estratégicos de Washington frente a lo que considera “acciones malignas” de La Habana en el plano internacional.
La medida establece que cualquier país que, de manera directa o indirecta, provea petróleo o productos derivados a Cuba podrá enfrentar tarifas adicionales sobre sus exportaciones al mercado estadounidense. El nuevo sistema no fija automáticamente los aranceles, sino que habilita un proceso de evaluación caso por caso, coordinado entre los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro, junto con otras agencias federales.
En el texto de la orden, Trump sostuvo que “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
El mandatario afirmó que el régimen cubano mantiene vínculos con actores hostiles a Washington y que su comportamiento requiere una respuesta inmediata.
“Estados Unidos actuará para proteger su seguridad nacional y sus intereses, responsabilizando al régimen cubano por sus acciones”, señaló.
Cuba depende en gran medida de suministros externos de crudo y combustibles refinados para sostener su sistema eléctrico, el transporte y sectores clave de su economía. Washington considera que ese flujo energético permite a la dictadura de La Habana mantenerse en el poder y financiar actividades que, según la administración estadounidense, afectan la estabilidad regional.
El mecanismo diseñado por la Casa Blanca prevé que el secretario de Comercio determine si un país vende o entrega petróleo a Cuba, incluso a través de intermediarios o terceros. Una vez realizada esa determinación, el secretario de Estado evaluará, en consulta con otros organismos, si corresponde imponer un arancel adicional y en qué magnitud. La decisión final quedará en manos del presidente Trump.
La orden también otorga al Ejecutivo amplias facultades para modificar o suspender la medida. Trump se reservó la posibilidad de ajustar el esquema tarifario si el régimen de Cuba o los países involucrados “adoptan medidas significativas” que reduzcan la amenaza percibida o se alineen con los objetivos de seguridad y política exterior de Estados Unidos. Asimismo, advirtió que cualquier represalia comercial podrá ser respondida con nuevas modificaciones.
El documento sostiene que la isla alberga capacidades militares y de inteligencia de países considerados adversarios de Estados Unidos. Entre los ejemplos citados figura la presencia de la mayor instalación de inteligencia de Rusia fuera de su territorio, dedicada, según Washington, a recolectar información sensible estadounidense.
Además, el texto acusa al régimen cubano de brindar refugio y apoyo a organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos, como Hezbollah y Hamas.
“Cuba crea un entorno seguro para que estos grupos establezcan vínculos económicos, culturales y de seguridad en la región”, afirma la orden ejecutiva, que también menciona la cooperación de La Habana con China e Irán.
En el plano interno, la administración Trump denunció violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla. La orden menciona la persecución de opositores políticos, la censura a la prensa, las restricciones a la libertad de expresión, incluida internet, y represalias contra familiares de presos políticos.
“El régimen tortura a sus opositores y se beneficia corruptamente del sufrimiento del pueblo cubano”, señala el documento.
Según recordó la Casa Blanca, el presidente revirtió el acercamiento promovido por la administración de Barack Obama, al considerar que no había generado reformas políticas significativas en la isla. En junio de 2025, Trump había impuesto restricciones parciales de viaje a ciudadanos cubanos, citando el rol de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y su falta de cooperación en materia migratoria y de seguridad.
La declaración de emergencia nacional se apoya en leyes federales como la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales y la Ley de Emergencias Nacionales, que permiten al presidente adoptar medidas económicas extraordinarias ante amenazas externas.
El Departamento de Estado deberá presentar informes periódicos al Congreso sobre la implementación y los efectos de la orden.
El impacto potencial de la medida dependerá de qué países resulten alcanzados por las determinaciones del gobierno estadounidense y de la magnitud de los aranceles que se apliquen. Para muchos exportadores, el acceso al mercado de Estados Unidos es clave, lo que podría generar presiones para revisar sus vínculos energéticos con Cuba.
La orden entrará en vigor a las 12:01 de la madrugada, hora del este, del 30 de enero de 2026. A partir de ese momento, Washington contará con un nuevo instrumento para condicionar el comercio internacional vinculado al suministro de petróleo a la isla, en una apuesta por aislar aún más al régimen cubano en el escenario global.
